Encarcelamiento masivo, un negocio de pocos en California

El estado de California tiene la segunda población carcelaria más grande de Estados Unidos después de Texas, y la mayoría de los reclusos son latinos y afroamericanos, algunos de ellos inocentes que recibieron severas condenas y luego fueron liberados tras demostrar su inocencia.

Uno de ellos fue Alexander Torres, quien ahora es un hombre libre, después de pasar 21 años en prisión y tras ser exonerado de un asesinato en segundo grado que no cometió. En 2001, Torres había sido sentenciado a 50 años en prisión  por la muerte del pandillero Martin Guitrón, en la ciudad de Compton.

El abogado de Torres tuvo que presentar nuevas evidencias y el testimonio del conductor del vehículo que aseguró que Torres no era la persona que disparó el arma que le quitó la vida a Buitrón; además de otras inconsistencias que surgieron al revisar el caso y que al parecer no fueron tomadas en cuenta al momento de dictar sentencia.

“Si bien el trabajo de esta oficina es responsabilizar a las personas por el daño que causan, es igualmente importante que reexaminemos críticamente las condenas anteriores”, dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón. “Debemos estar dispuestos a reconocer los errores del pasado, determinar qué salió mal y asegurarnos de no repetir esos errores”.

Desde la prisión, Torres escribió a la Unidad de Integridad de Convicciones de la fiscalía angelina para que examinara la evidencia e investigación de su caso, y junto con el Proyecto de Inocencia de California, lograron comprobar que Torres había sido arrestado, sentenciado y encarcelado erróneamente.  Es por eso que finalmente el 13 de abril y luego de más de dos décadas preso, el juez William C. Ryan declaró inocente al joven latino.

Estadísticas oficiales del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) reportan que el estado Dorado, uno de los más liberales en la nación, tiene una población carcelaria total de 150,406 presos, solo atrás de Texas que cuenta con 163,000 individuos en prisiones estatales.

Los Ángeles, uno de los sistemas carcelarios más grandes

Si bien hay 3,096 jurisdicciones de cárceles condales en Estados Unidos, Los Ángeles tiene el sistema más grande, con un promedio diario de 14,212 presos. Ello significa que el condado angelino tiene más reclusos bajo custodia que todas las cárceles que en cualquiera de 37 estados del país, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Justicia.

Para 2020-2021, el Departamento del Sheriff, que opera las cárceles del condado, ya tenía asignado un presupuesto total de $3,300 millones, con $862 millones (o alrededor del 26%) gastados en su sistema penitenciario.

El fiscal Gascón, quien se encuentra en el ojo de la tormenta por querer cambiar el sistema de justicia que ha generado una encarcelación masiva en el estado, además de enfrentar un proceso de destitución, afirma que en California se sigue castigando con mayor severidad a afroamericanos y latinos, “porque en su sistema prevalece una base de racismo”.

De hecho, la composición racial de las prisiones de California es de 36,183 afroamericanos  (28.3%), 56,275 de latinos (44.1%) y 26,819 estadounidenses blancos (21%); siendo que los latinos y los blancos son los grupos más grandes en el estado, con 39% y 36% respectivamente.

“Ese racismo se refleja en muchos aspectos en el trabajo que nosotros hacemos”, subraya Gascón. “Es la manera en que la comunidad es afectada por la policía y en los casos donde aplica la ley; es el racismo que existe [también] en el sistema de educación y de salud pública”.

Gascón afirma que “hay una corriente muy clara en la política” que tiene que ver con el racismo.

“Además de eso, es importante reconocer que en el sistema carcelario de California y de Estados Unidos hay grandes y poderosos intereses políticos y monetarios”, explica.

Factores que impactan

“Cuando tú combinas racismo, poder económico y poder político y al último le infundes miedo a la gente porque el crimen y la inseguridad están aumentando, acabamos con este tipo de resultados tan problemáticos [encerrar en prisión a más gente]”, asegura Gascón. “Verdaderamente, la gente quiere reconocer un sistema de justicia no solo para los americanos y uno distinto para los pobres”.

El fiscal de origen cubano acude a la historia para decir que, cuando la Proposición 47 fue aprobada (2014) por los votantes de California, la sobrepoblación carcelaria superaba entre el 160 y 190 por ciento de su capacidad, y un juez federal estaba listo para liberar a personas.

“Creo que la Proposición 47 creó el camino para reducir muchos de los abusos que se estaban cometiendo durante la guerra contra las drogas y que afectaba más a la población afroamericana y latina”.

Gracias a la Proposición 47, algunos delitos de bajo nivel, no graves y no violentos dejaron de castigarse como delitos mayores: fraudes comprobados, posesión de drogas, falsificación, hurto, robo en tiendas y recibir bienes robados, todos estos empezaron a recibir penas más leves, siempre y cuando no hubiesen tenido delitos graves o violentos en su expediente.

“Las cárceles estaban llenas más allá de su capacidad y la realidad es que todavía estamos sufriendo los estragos de ese racismo sistémico”, dice Gascón a La Opinión.

Posteriormente, en 2016, la Proposición 57 permitió a la junta de libertad condicional liberar a las personas condenadas por delitos “no violentos”, una vez que cumplieron la sentencia completa por su delito principal.

Dicha proposición también requería que el Departamento Corrección y Rehabilitación (CDCR, por sus siglas en inglés) desarrollara créditos de libertad condicional uniformes, por buen comportamiento y logros de rehabilitación, para incentivar la rehabilitación.

El negocio del encarcelamiento masivo

¿Quién gana más con aplicar mayores sentencias contra los individuos que cometen delitos?, se le preguntó al fiscal.

“Primero que nada tenemos las prisiones privadas, que existen porque prevalece el encarcelamiento y hay dos que dominan las prisiones [GEO Group y Core Civic]”, dijo.

 “Si tú ves en las prisiones federales, la mayoría de encarcelados van a cárceles privadas y ahí están los intereses políticos de los sindicatos de guardias de prisiones, mismos que tienen toda una estructura y una maquinaria que mantiene ese sistema carcelario y a quienes les proveen servicios”, añadió.

“Y si alguien se sale de esa estructura comienzan a atacarlo los sindicatos de policías, políticos y fiscales… En los últimos 30 años ha crecido el crimen y eso atrae poderosos intereses económicos y políticos que básicamente se sostienen con el dinero de contribuciones de sus miembros”.

El GEO Group, a través de su subsidiaria GEO Reentry Services (GRS), posee 15 contratos con CDCR, valorados en $184.4 millones o $45.9 millones solamente para 2021, según Capitol Weekly.

Por su parte, Core Civic tiene un contrato de $ 226 millones con CDCR para ejecutar un programa llamado Programa de reingreso a la comunidad masculina, o MCRP.

“Es un círculo de beneficios políticos y monetarios que creó el sistema privado y el sistema público”, subrayó Gascón. “Ahí están muchos de los representantes políticos que se benefician y reciben grandes contribuciones monetarias… Es un negocio de pocos cuando ves la punta de la pirámide”.

Por lo anterior, el fiscal Gascón entiende de donde provienen los ataques a sus políticas progresistas, que son calificadas como “débiles” ante la criminalidad.

“Hay muchas intersecciones en este negocio, aunque siempre los más afectados somos nosotros en nuestras comunidades y los ganadores son ese pequeño grupo de prisiones privadas, los departamentos de policía, fiscales y quienes quieren destituirme ya han colectado $8 millones para decirle a la gente mentiras”.

“¿Por qué invierten tanto dinero en este proceso?”, se preguntó a sí mismo.

Y Gascón mismo se respondió: “Lo hacen porque yo represento un peligro para sus intereses, porque quieren seguir controlando la conversación a través de presentar historias a los medios para que las conviertan en algo sensacionalista”, subraya.

“Esos poderosos se benefician cuando utilizan la maquinaria de desinformación y eso es un peligro real porque el público comienza a creer sus mentiras como lo hicieron con el caso de los dos policías [de El Monte] que fueron asesinados”.

Luego del asesinato de los dos policías, familiares de una de las víctimas empezaron a culpar a Gascón por la violencia y por la muerte de los dos agentes.

En redes sociales hubo quien acusó a la campaña de destitución contra Gascón por utilizar una tragedia para contribuir a su causa.

Esta es la segunda ocasión que se intenta destituir a Gascón en menos de 18 meses desde que llegó al poder, y por lo menos uno de sus máximos donadores, fue un individuo conservador de Beverly Hills que en el pasado fue un gran  donador del expresidente Donald Trump.