El hacinamiento en prisiones estatales de California agravó la pandemia de covid-19

Carmen Pérez casi está segura de que su hijo Edgar de 35 años contrajo covid cuando estuvo en la Prisión Estatal Mule Creek del condado de Amador.

“Yo digo que sí. Le dio tos, fiebre, dolor de cabeza. Esto fue en 2020 cuando estaba lo más fuerte de la pandemia y mi hijo compartía la celda con tres personas más”, dice.

Fueron días muy difíciles y frustrantes, recuerda.

Ahora se siente un poco más tranquila porque su hijo ha recibido dos dosis de la vacuna contra covid.

“Pero como lo cambiaron a la Prisión Estatal Avenal en el condado de Kings, estoy otra vez preocupada porque los casos están subiendo de nuevo, y a mi hijo lo tienen en un dormitorio grande donde están juntos más de 200 presos. Así va a ser más fácil que se contagien. Es imposible que puedan poner distancia entre ellos, y más si no les dan suficiente gel y mascarillas”.

Justamente el hacinamiento, a veces en edificios anticuados, agravado por condiciones que cambian rápidamente y la necesidad de una coordinación compleja, han ayudado a impulsar un aumento dramático de covid-19 en las prisiones de California, según un nuevo informe de la Universidad de California de San Francisco, y la Universidad de California de Berkeley.

Si bien, indica el reporte “Prisiones estatales de California durante la pandemia de covid-19“, los directivos y el personal de las prisiones estatales realizaron esfuerzos a veces innovadores para controlar la enfermedad, este trabajo no fue suficiente para prevenir decenas de miles de infecciones entre los reclusos y el personal penitenciario.

Como resultado, los presos gravemente enfermos impusieron nuevas cargas a los hospitales comunitarios que ya estaban saturados, y los empleados contagiados provocaron una grave escasez de personal. 

El reporte indica que sin darse cuenta, el personal penitenciario puede haber llevado el virus dentro y fuera de las prisiones, a sus hogares y comunidades.

“Descubrimos que muchos funcionarios y personal de las prisiones de California hicieron un trabajo heroico en circunstancias increíblemente difíciles”, dijo la doctora Brie Williams, profesora de medicina y directora del programa Amend de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), quien ayudó a dirigir el equipo de investigación. 

“Pero en muchos casos, todavía no fue suficiente”.

Por lo tanto, consideró que los encargados de formular políticas estatales y los administradores de prisiones deben analizar detenidamente las lecciones aprendidas en esta crisis para ayudar a garantizar que estemos mejor preparados en el futuro.

“Esto incluye prestar atención a la reducción masiva de la población carcelaria en nuestro estado en interés de la salud pública, ya que el hacinamiento es probablemente la mayor amenaza para la salud en una pandemia respiratoria”.

Al comienzo de la pandemia en marzo de 2020, el Departamento de Prisiones de California (CDCR) tenía alrededor de 120,000 reclusos y empleaba a unos 50,000 empleados. 

En total, los investigadores documentaron más de 50,000 casos de covid entre los presos y 240 muertes, hasta diciembre de 2021. 

Otros informes han documentado más de 16,000 infecciones de covid entre el personal penitenciario, con 26 muertes.

El informe producido por investigadores de UC Berkeley y UCSF que se unieron bajo los auspicios de CalPROTECT. 

El proyecto comenzó antes de la pandemia para asesorar a los legisladores estatales y funcionarios judiciales federales sobre el sistema de atención médica de las prisiones de California.

“El esfuerzo de CalPROTECT subraya el importante papel que pueden desempeñar los equipos multidisciplinarios de investigadores de varios campus para brindar retroalimentación a las agencias estatales a través de asociaciones académico-estatales”, dijo el codirector del estudio, doctor Stefano Bertozzi, profesor de política y gestión de la salud en Escuela de Salud Pública de Berkeley.

De 400 páginas, el reporte describe una variedad de problemas que contribuyen al surgimiento de covid en 34 prisiones estatales para adultos, analiza las causas y ofrece docenas de recomendaciones específicas para mejor la práctica y las políticas en el cuidado de salud.

“La pandemia de covid-19 ha expuesto repetidamente los profundos peligros para la salud pública que plantean los entornos carcelarios, que encarcelan a algunas de las personas más vulnerables desde el punto de vista médico de la sociedad”, dice el informe. 

“En Estados Unidos con una cuarta parte de la población encarcelada del mundo, casi la mitad de las prisiones estatales informaron que los casos confirmados entre las personas encarceladas eran cuatro o más veces (y hasta 15 veces) más altas que la tasa encontrada en la población general del estado”,  indica.

En California, el informe encontró que el CDCR logró algunos éxitos importantes. 

“El principal es la campaña de vacunación masiva efectiva de los residentes de CDCR, el uso de datos de salud de todo el sistema para guiar las políticas y los esfuerzos incansables de muchos miembros del personal, a pesar de las condiciones de trabajo extraordinariamente difíciles”.

Pero descubrieron que las prisiones de California estaban en una desventaja particular.

Los edificios viejos y anticuados, que albergaban a miles de reclusos más de los que estaban diseñados para albergar, crearon entornos en los que el distanciamiento social y el aislamiento de los reclusos enfermos eran casi imposibles. 

Los sistemas de calefacción y aire acondicionado a menudo eran incapaces de intercambiar suficiente aire o no filtraban adecuadamente el aire recirculado, lo que significaba que era más probable que tanto los reclusos como el personal respiraran aire cargado de virus.

En esas condiciones, los legisladores deberían haber priorizado la liberación anticipada de los presos, especialmente de aquellos que eran ancianos o tenían un mayor riesgo de infección.

Pero esos esfuerzos fueron insuficientes, según el informe. Por ellos, recomiendan examinar formas de mejorar la comunicación con familiares y amigos de personas encarceladas durante futuras emergencias.

 Los riesgos, indican, pueden haber sido elevados porque las vacunas no son obligatorias para el personal penitenciario y muchos se han negado a vacunarse.

 Entre los resultados más sobresalientes del reporte destacan:

• La tasa de covid-19 ha sido tres veces más alta entre los residentes de las prisiones estatales que entre los residentes de los condados en los que están ubicadas. Cada prisión estatal excedió el promedio de casos en el condado que lo rodea.

• Aunque las prisiones tienen una proporción menor de reclusos adultos mayores que la población local, las muertes por covid entre los prisioneros superó en general la tasa de mortalidad en California y Estados Unidos.

• Más de 1,000 reclusos que estaban demasiado enfermos para recibir tratamiento en los centros de salud penitenciarios tuvieron que ser admitidos en hospitales comunitarios locales, con más de 150 admisiones en unidades de cuidados intensivos. Las personas de color encarceladas tenían mayores riesgos de hospitalización que sus contrapartes blancas.

• La pandemia ha tenido un impacto “profundo” en la salud mental del personal penitenciario, y es probable que se observe una rotación a gran escala en los próximos meses o años debido al trauma” de trabajar en las prisiones durante la pandemia.

Los autores del reporte coinciden en que para prevenir daños similares en el futuro se requerirá de una variedad de intervenciones, lo que incluye una rápida detección de brotes, un uso mayor de liberaciones para reducir la población en las prisiones, campañas de vacunación entre presos y personal, y mejorar los sistemas de ventilación y filtración.

“Avanzar en cada una de estas áreas requiere la movilización de recursos significativos y, en el caso de la descarcelación, una voluntad política profunda”.

La Opinión solicitó un comentario al Departamento de Prisiones sobre este reporte.

Danas Dimas, portavoz del Departamento de Prisiones (CDCR) dijo que ellos y el California Correctional Health Care Services  mantuvieron su firme compromiso de responder a la emergencia de salud pública de covid para proteger tanto al personal como a la población encarcelada. 

“Trabajamos incansablemente para implementar medidas frente a un nuevo virus, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y proteger a cientos de miles de personas y sus seres queridos”.

Eso incluyó proporcionar y exigir el uso de mascarillas en los terrenos de la institución, y desinfectante para manos y equipo de protección personal, de acuerdo con las normas de salud pública, 

“Creamos un sólido programa obligatorio de pruebas para el personal que está aún en vigencia y pruebas de vigilancia de la población encarcelada para identificar de inmediato posibles brotes”.

Como se indica en el informe, dijo que implementaron una extensa campaña de educación sobre la vacunación para abordar la indecisión y la desinformación sobre las vacunas.

“Esto ha llevado a que el 81% de la población reclusa y el 73% del personal estén completamente vacunados“.