Abogados de Pensilvania involucrados en la lucha legal de Trump para anular las elecciones de 2020
Un grupo de defensa legal de Pensilvania busca inhabilitar y disciplinar a los abogados que colaboraron con Donald Trump para invalidar las elecciones presidenciales de 2020 donde salió victorioso el presidente Joe Biden
La demanda incluye siete abogados de Trump involucrados en las falsas afirmaciones de fraude. Crédito: Seth Herald | Getty Images
Un equipo de defensa legal constituido con la finalidad de inhabilitar y disciplinar a los abogados que ayudaron al expresidente Donald Trump, quien quería anular las elecciones de 2020, presentó quejas ante la Corte Suprema de Pensilvania contra siete abogados por su participación en los esfuerzos del magnate.
La lista de involucrados a las que se dirige el Proyecto 65 incluye jugadores secundarios como el abogado y presentador conservador Marc A. Scaringi, quien patrocinó a exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani para que alegara en nombre de la campaña de Trump en los tribunales federales de Pensilvania, así como varios de los juristas electorales republicanos más demandados como Ronald Hicks y Carolyn McGee.
Asimismo, el grupo presentó denuncias contra tres abogados de otras entidades que participaron en el proceso electoral de Pensilvania, incluida la abogada del exmandatario, Jenna Ellis, quien en este momento funge como asesora legal principal del senador estatal Doug Mastriano, aspirante republicano para gobernador.
Todos ellos prestaron su “licencia de abogado y la integridad y el poder de la profesión legal en un esfuerzo orquestado para socavar las elecciones de nuestra nación”, expresó la organización en sus presentaciones.
“Ahora se ha convertido en parte de la caja de herramientas políticas para que un candidato alegue fraude y busque… socavar la fe de las personas en el resultado de las elecciones cada vez que pierdan. Necesitamos eliminar eso”, manifestó Michael Teter, director gerente del Proyecto 65, llamado así por las 65 demandas presentadas en el año 2020 que buscaban anular las elecciones. “La mejor manera de hacer eso con los abogados es asegurarse de que las acciones que tomen tengan consecuencias personales o profesionales”.
Las presentaciones siguen a 11 quejas parecidas que el Proyecto 65 ha expuesto ante colegios de abogados y juntas disciplinarias en otras entidades del país contra objetivos de alto perfil relacionados en la lucha de Trump en 2020, como Ellis y el senador republicano por Texas, Ted Cruz.
Por su parte, Bruce S. Marks, exsenador estatal republicano de Filadelfia y abogado electoral, tildó la denuncia presentada en su contra como “frívola” y “vengativa”.
Marks no estuvo vinculado directamente en ninguno de los litigios posteriores a las elecciones que allanaron los tribunales de Pensilvania a finales de 2020. No obstante, asesoró la campaña del expresidente y en un caso de 1993 que presentó y ganó relacionado con una de sus propias elecciones, que en principio pareció perder. Luego, un juez federal revirtió ese resultado tras determinar que el oponente del exsenador había cometido fraude de voto en ausencia.
En la comparecencia de noviembre de 2020, Marks se dirigió brevemente al juez federal que supervisa la demanda principal de la campaña de Trump que buscaba invalidar las elecciones presidenciales en Pensilvania. El Proyecto 65 argumentó en su denuncia que en esos procedimientos tergiversó los hallazgos de su caso anterior ante la corte.
“Es despreciable que las organizaciones apoyadas por los demócratas estén recaudando millones de dólares para atacar falsamente a los abogados republicanos con la esperanza de que esto nos disuada de representar a candidatos republicanos en el futuro”, zanjó Marks en un comunicado.
“Nuestro sistema judicial se basa en el derecho de los estadounidenses a tener abogados que los representen celosamente. Esta queja sin fundamento, la ‘cultura de la cancelación’ en su peor momento, es un ataque directo a ese preciado derecho”, agregó.
En este sentido, varios académicos legales han cuestionado también las tácticas del Proyecto 65, preocupados de que su campaña, apoyada por compras de anuncios en televisión y lanzamientos de nuevas quejas con mucha publicidad, empañe el proceso que es tradicionalmente confidencia para procesos disciplinarios de los abogados.
“No está claro si el objetivo es usar la publicidad y el sitio web y su naturaleza pública para presionar a las autoridades disciplinarias a hacer algo que de otro modo no harían, o si el punto es utilizar la presentación como una forma de avergonzar públicamente a los abogados”, dijo Bruce Green, un erudito en ética legal de la Universidad de Fordham.
En el estado de Pensilvania, la Oficina de Asesoramiento Disciplinario que investiga las denuncias de malas conductas de los juristas para la Corte Suprema, se reserva las denuncias contra los abogados hasta que sean examinadas y se considere que tienen mérito. No obstante, no hay prohibiciones para que quien presenta la denuncia se exprese públicamente sobre ella.
Así, Teter defendió los esfuerzos de su organización, manifestando que era importante para futuras elecciones crear conciencia sobre hacer mal uso del sistema judicial para añadir un brillo de legitimidad a las afirmaciones infundadas de fraude electoral.
El Proyecto 65 está guiado por un consejo asesor de renombrados abogados y expertos en ética legal, algunos con credenciales conservadoras.
“Este esfuerzo no se trata solo del pasado”, dijo Teter. “Los partidarios de Trump están luchando para tomar el control del proceso electoral estatal y local y los tribunales son una parte clave de su estrategia para sabotear las elecciones actuales y futuras”.
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