Activistas: aliados de Trump están detrás de la destitución del fiscal George Gascón

Activistas comunitarios y defensores de los derechos civiles advierten que, sea incluida o no en la boleta electoral de noviembre próximo la petición de destitución de George Gascón, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, los votantes no deberían dejarse engañar por el mensaje de los multimillonarios neoconservadores republicanos aliados de Donald Trump.

“Esos neoconservadores representan al racismo sistemático del 1% de quienes tienen acumulada y concentrada en sus bolsillos toda la riqueza del planeta”, dijo a La Opinión, Salvador Sanabria, activista social y presidente ejecutivo de El Rescate, una organización sin fines de lucro que defiende a los inmigrantes.

Sanabria se refería a los donantes  y al zar de bienes raíces de Beverly Hills, Geoff Palmer, y el inversionista de Palos Verdes Estates, Gerald Marcil. Entre octubre y diciembre de 2021, ellos representaron gran parte de los $1,800,000 [un millón ochocientos mil] recaudados para lograr la cantidad de firmas necesarias para someterlas ante las autoridades del Registro Civil.

“La reformas [de George Gascón] no son una amenaza para la seguridad de la comunidad, son una amenaza para un sistema que no ha logrado hacer más seguros a los ciudadanos”.

Cristine Soto DeBerry, directora ejecutiva de la Alianza de Fiscales de California

De hecho, la agencia de noticias Bloomberg fue la primera en informar que Palmer se convirtió en 2016 en el mayor donante de Donald Trump, al destinar $2 millones al grupo “trumpista” conocido como Rebuilding America Now, según datos de la Comisión Federal de Elecciones.

La fortuna de Palmer se estima en $3,000 millones y la construcción de numerosos edificios de departamentos de su propiedad influyó en el aburguesamiento de la zona céntrica de Los Ángeles y el desplazamiento de las minorías raciales, contando con el respaldo de las autoridades municipales.

Su financiamiento como aliado de Trump fue considerado lógico, considerando la política de mano dura del expresidente republicano, quien quería deportar a 11 millones de indocumentados, amurallar la frontera con México y aislar a Estados Unidos de inmigrantes “portadores de enfermedades, ladrones y violadores”.

“Estos conservadores son los que explotan de día a la gente y de noche cuentan los reales [dólares] de sus ganancias”, agregó Sanabria.

“Los votantes latinos no deberían permitir que se les engañe sobre su opinión de respaldo a la gestión del fiscal [George Gascón]; no son los ricos los que sufren por la criminalidad, sino nuestras comunidades vulnerables que viven en situación de exclusión, pobreza y crisis económicas; es la gente trabajadora la que sufre los efectos de la crisis de delitos”.

Detrás de los detractores de Gascón también se encuentra el exfiscal del distrito Steve Cooley, quien desde 2001 a 2005 nunca llevo a juicio criminal a ninguno de 442 oficiales de policía y alguaciles involucrados en tiroteos. Ello conllevó la pérdida de confianza de la comunidad en el sistema de justicia penal.

De hecho, el 75% de los casos contra el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles (LACSD) fueron rechazados.

Piden que renuncie exfiscal Steve Cooley

Earl Ofari Hutchinson, líder de derechos civiles y presidente de la Mesa Redonda de Política Urbana de Los Ángeles, sumó su voz para pedirle al exfiscal Cooley que retire públicamente su postura de pedir la destitución de Gascón.

“Cooley está profundamente involucrado en la campaña para destituir al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón”, dijo Hutchinson.

“Sostiene que es suave con el crimen, mientras se hace pasar como defensor de la ley y el orden estricto y no oculta que le gustaría reemplazar a Gascón si es destituido”, añadió el activista.

Hutchinson reconoció que Gascón está en serios problemas, “principalmente porque fue golpeado por una campaña bien financiada y orquestada por sindicatos policiales y organizaciones de fiscales para socavar sus propuestas de reforma de la justicia penal”.

Los detractores de Gascón lo acusan de estar retornando a los criminales violentos a las calles, después que se estableció una Unidad de Nuevas Sentencias en su administración.

En julio de 2021, los responsables de la unidad iniciaron la presentación de mociones para volver a sentenciar a las personas que purgaban 50 años de cárcel y que habían cumplido alrededor de 20 años de su cadena perpetua por un delito no grave.

Más de 180 casos fueron revisados ​​o están pendientes de revisión. De ellos, 81 fueron aprobados para presentar una solicitud de nueva sentencia o están pendientes de una decisión final de presentación.

‘Enciérralos y tira la llave”

“Puede hacer retroceder la destitución yendo a la ofensiva. Eso significa acercarse y trabajar en red con grupos de reforma de la justicia penal, activistas de justicia social afroamericanos y latinos, líderes locales de derechos civiles y la prensa progresista”, añadió Hutchinson.

“También debe permanecer a la vista del público las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con partidarios que expliquen claramente sus reformas y cómo benefician a los latinos, a los afroamericanos y a los pobres, e incluso a la comunidad en general”, sostuvo.

De la misma manera, aconsejó que el fiscal Gascón “debe explicar clara y públicamente que sus reformas de ninguna manera ponen en peligro o comprometen la seguridad pública, que enjuiciará a aquellos que infrinjan la ley tan enérgica e implacablemente como todos los demás fiscales del distrito. Si sigue esa estrategia, puede ganar”.

Hutchinson reconoció que hasta el momento, el mejor logro de Gascón ha sido establecer un punto de referencia “para una verdadera reforma de la justicia penal”.

Esa reforma, dijo, “no se trata de enjuiciamientos de pena de muerte, sino ampliar las alternativas de encarcelamiento como el servicio comunitario, la libertad condicional por delitos no violentos, desafiando a otros fiscales de distrito a hacer de la equidad y la justicia equitativa su consigna en los enjuiciamientos”.

“El problema al que se está enfrentando es un sistema de ‘enciérralos y tira la llave’ de la fiscalía de distrito y de la aplicación de la ley; esto no es un error sino un problema de las instituciones”, indico el activista afroamericano.

17 de agosto, fecha clave

El fin de semana, Dean Logan, registrador/secretario del condado de Los Ángeles informó que su oficina recibió 715,833 firmas para destituir a Gascón, pero primero deben de ser revisadas y verificadas.

El próximo 17 de agosto es la fecha cuando se debe completar el proceso para saber si la propuesta de destitución va a la boleta electoral del 8 de noviembre.

“Según lo autorizado en el Código Electoral de California — 11225 — el RR/CC  se utilizará la técnica de muestreo aleatorio para la verificación de la petición firmas. La muestra aleatoria es el 5% del total de firmas presentado”, dijo la oficina de Logan en un comunicado.

Si la petición cumple con el requisito de firmas suficientes, el RR/CC debe certificar la suficiencia a Los Ángeles ante la Junta de Supervisores del Condado en su próxima reunión regular.

Lo más pronto que se podría realizar una elección revocatoria sería al mismo tiempo que las elecciones generales para gobernador, el 8 de noviembre de 2022.

Pero si no se cumplen las condiciones, es probable que se lleve a cabo una elección especial de destitución que tendría lugar a finales de diciembre de este año y mediados de enero de 20223.

Se requieren al menos 566,857 firmas válidas para forzar una elección revocatoria.

‘Ha fallado el status quo”

En relación con los intentos de revocación del mandato de Gascón, Cristine Soto DeBerry, directora ejecutiva de la Alianza de Fiscales de California, dijo que “trafican con miedo y desinformación desde el día en que George Gascón asumió el cargo. Es un esfuerzo revocatorio financiado por conservadores marginales que han presentado firmas en un intento de forzar una elección fuera de ciclo”.

“Es una toma de poder impulsada por los mismos operadores políticos y mega-donantes que pusieron a Donald Trump y Mitch McConnell en el cargo”, agregó.

“La reforma de la justicia penal cuenta con un amplio apoyo de personas de todo el espectro político, ya que los votantes saben que el status quo les ha fallado en todos los niveles”.

“Este es un sistema definido por tasas vertiginosas de reincidencia, niveles impactantes de disparidades raciales y un despilfarro del dinero de los contribuyentes”, indicó Soto DeBerry.

“Es un sistema que creó una puerta giratoria desde las calles a nuestras cárceles y prisiones, mientras ignoraba los problemas subyacentes que impulsan el crimen en primer lugar.

Soto DeBerry reconoció que después de  trabajar en el LAPD y tres mandatos como fiscal electo, George Gascón fue elegido para reformar el sistema de justicia penal y priorizar la seguridad, la responsabilidad, la sanación de la comunidad y la justicia.

“La reformas [de George Gascón] no son una amenaza para la seguridad de la comunidad, son una amenaza para un sistema que no ha logrado hacer más seguros a los ciudadanos”.