Niegan amparo a exfiscal mexicano que vendía información al Cártel de Sinaloa
Juan Carlos de la Barrera Vite recibió entre 50,000 a 100,000 dólares por entregar al cártel copias de declaraciones de testigos protegidos
El exfiscal buscaba reducir su condena de 15 años de prisión por colaborar con el Cártel de Sinaloa. Crédito: Procuraduría General de la República | Cortesía
Juan Carlos de la Barrera Vite, exfiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), buscaba reducir la condena de 15 años de prisión recibida por vender información al Cártel de Sinaloa (CDS), por lo que promovió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual le fue negado.
Con dicho recurso pretendía invalidar la norma de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO), que impone penas mayores a los servidores públicos que incurren en este delito.
Sin embargo, el fallo de la Corte ratifica la sentencia de 15 años contra De la Barrera Vite, la cual se le impuso al comprobarse que colaboraba con la agrupación criminal liderada en ese entonces por Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Por mayoría de votos, los ministros de la Primera Sala de la SCJN resolvieron que esta agravante no vulnera los principios de presunción de inocencia, legalidad y seguridad jurídica, proporcionalidad de la pena y de no discriminación, por lo que es constitucional.
Se estableció que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no contradice a la Carta Magna ni constituye una discriminación hacia los servidores públicos, pues la agravante se basa en el hecho real de que su participación en grupos criminales puede causar un daño mayor a la sociedad, al actuar desde dentro del gobierno.
Juan Carlos de la Barrera Vite fue declarado culpable de delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud, tras comprobarse que fue informante de Felipe Cabrera Sarabia, alias “El Ingeniero”, un operador de alto nivel dentro del Cártel de Sinaloa y jefe de escoltas del Chapo Guzmán, quien fue detenido a fines de 2011 por elementos del Ejército Mexicano en Sinaloa.
Las investigaciones del caso revelaron que recibió entre 50,000 a 100,000 dólares por entregar al cártel copias de declaraciones de testigos protegidos, que aceptaron colaborar con el gobierno para capturar a altos mandos de la organización criminal.
La investigación de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) detectó que además de De la Barrera, otros seis funcionarios formaban parte de una red de corrupción que filtraba información al Cártel de Sinaloa.
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