Reos mantuvieron secuestrados a 39 empleados y guardias durante cuatro días
Para el 9 de septiembre de 1971, los reclusos del Centro Correccional Attica de Nueva York tomaron el control de la prisión y tomaron como rehenes a los guardias.
Los observadores suplicaron al gobernador Rockefeller que fuera a Ática como muestra de buena fe, pero él se negó y, en cambio, ordenó que la prisión fuera retomada por la fuerza. Crédito: Aaron Lambert-Pool | Getty Images
Los presos tomaron el control de la Instalación Correccional de Attica de máxima seguridad cerca de Buffalo, Nueva York, a partir del 9 de septiembre de 1971. Más tarde ese día, la policía estatal retomó la mayor parte de la prisión, pero 1281 convictos ocuparon un campo de ejercicio llamado D Yard, donde mantuvieron 39 guardias de prisiones y empleados como rehenes durante cuatro días.
Después de que las negociaciones se estancaran, la policía estatal y los funcionarios penitenciarios lanzaron una redada desastrosa el 13 de septiembre, en la que 10 rehenes y 29 reclusos murieron en una lluvia de disparos indiscriminados, otros 89 resultaron gravemente heridos.
Para el verano de 1971, la prisión estatal de Attica, Nueva York, estaba a punto de explotar. Los reclusos estaban frustrados por el hacinamiento crónico, la censura de las cartas y las condiciones de vida que los limitaban a una ducha por semana y un rollo de papel higiénico por mes.
Algunos presos de Attica comenzaron a percibirse a sí mismos como presos políticos en lugar de criminales convictos.
En la mañana del 9 de septiembre, el estallido se produjo cuando los reclusos que se dirigían a desayunar dominaron a sus guardias y asaltaron una galería de la prisión en un levantamiento espontáneo. Atravesaron una puerta defectuosa y entraron en un área central conocida como Times Square, que les dio acceso a todos los bloques de celdas.
Muchos de los 2.200 reclusos de la prisión se unieron a los disturbios y los presos arrasaron las instalaciones golpeando a los guardias, adquiriendo armas improvisadas y quemando la capilla de la prisión.
Un guardia, William Quinn, fue severamente golpeado y arrojado por una ventana del segundo piso. Dos días después, murió en un hospital a causa de sus heridas.
Utilizando gases lacrimógenos y metralletas, la policía estatal recuperó el control de tres de los cuatro bloques de celdas en manos de los reclusos sin pérdida de vidas. A las 10:30 am, los reclusos solo tenían el control de D Yard, un gran campo de ejercicio abierto rodeado por paredes de 35 pies y dominado por torres de armas.
39 rehenes, en su mayoría guardias y algunos otros empleados de la prisión, fueron vendados y retenidos en un círculo cerrado, presos armados con garrotes y cuchillos vigilaban de cerca a los rehenes.
Los líderes del levantamiento elaboraron una lista de demandas, que incluyó mejores condiciones de vida, más libertad religiosa, el fin de la censura del correo y mayores privilegios telefónicos. Mientras tanto, cientos de policías estatales llegaron a Attica y el gobernador de Nueva York, Nelson A. Rockefeller, llamó a la Guardia Nacional.
En tensas negociaciones, el comisionado de correccionales de Nueva York, Russell Oswald, accedió a honrar las demandas de los reclusos de mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, las conversaciones se estancaron cuando los prisioneros pidieron amnistía para todos en D Yard, junto con un salvoconducto a un “país no imperialista” para cualquiera que lo deseara.
Los observadores suplicaron al gobernador Rockefeller que fuera a Ática como muestra de buena fe, pero él se negó y, en cambio, ordenó que la prisión fuera retomada por la fuerza.
En la lluviosa mañana del lunes 13 de septiembre, se leyó un ultimátum a los reclusos, pidiéndoles que se rindieran. Respondieron poniendo cuchillos contra las gargantas de los rehenes. A las 9:46 a. m., helicópteros sobrevolaron el patio y arrojaron gases lacrimógenos mientras la policía estatal y los oficiales penitenciarios irrumpían con armas de fuego.
La policía disparó 3.000 rondas contra la neblina de gas lacrimógeno, matando a 29 reclusos y 10 de los rehenes e hiriendo a 89.
Un técnico de emergencias médicas recordó haber visto a un preso herido, tirado en el suelo, con varios disparos en la cabeza por parte de un policía estatal. A otro preso le dispararon siete veces y luego le ordenaron que se arrastrara por el suelo. Cuando no se movió lo suficientemente rápido, un oficial lo pateó.
Después de la sangrienta redada, las autoridades dijeron que los reclusos habían matado a los rehenes asesinados cortándoles la garganta. Se dijo que un rehén fue castrado, sin embargo, las autopsias mostraron que estos cargos eran falsos y que la policía había matado a tiros a los 10 rehenes. El intento de encubrimiento aumentó la condena pública de la redada y provocó una investigación del Congreso.
El levantamiento de Attica fue el peor motín carcelario en la historia de Estados Unidos. Murieron un total de 43 personas, incluidos los 39 muertos en la redada, el guardia William Quinn y tres reclusos asesinados por otros prisioneros al principio del motín.
En la semana posterior a su conclusión, la policía emprendió brutales represalias contra los prisioneros, obligándolos a atravesar una serie de porras y gatear desnudos sobre vidrios rotos, entre otras torturas. Los numerosos reclusos heridos recibieron tratamiento médico deficiente, si es que lo recibieron.
En 1974, los abogados que representaban a los 1.281 reclusos presentaron una demanda colectiva por $2.800 millones contra funcionarios estatales y de prisiones.
Pasaron 18 años antes de que la demanda llegara a juicio, y cinco años más para llegar a la fase de daños, demoras que fueron culpa de un juez de primera instancia que se opuso al caso.
En enero de 2000, el estado de Nueva York y los reclusos anteriores y actuales llegaron a un acuerdo por $8 millones, que se dividieron de manera desigual entre unos 500 reclusos, según la gravedad de su sufrimiento durante la redada y las semanas siguientes.
Las familias de los oficiales correccionales asesinados perdieron su derecho a demandar al aceptar los modestos cheques de beneficios por fallecimiento que les envió el estado. Los rehenes que sobrevivieron también perdieron su derecho a demandar cobrando sus cheques de pago. Ambos grupos atestiguan que ningún funcionario estatal les informó sobre sus derechos legales y se les negó la compensación que Nueva York debería haberles pagado.
Seguir leyendo:
