Departamento de Justicia resalta contradicción de Trump en argumentos sobre documentos confiscados por el FBI en Mar-a-Lago

El Departamento de Justicia señaló la incongruencia de Donald Trump al argumentar que los documentos clasificados incautados en Mar-a-Lago son propiedad personal pero también están cubiertos por el privilegio ejecutivo.

Fue durante una presentación judicial que el gobierno asumió las afirmaciones del expresidente de que la Ley de Registros Presidenciales le brinda una amplia discreción para decidir que los documentos de la Casa Blanca son personales y, por lo tanto, no están cubiertos por la ley.

Ante eso, el DOJ indicó que eso chocaba con su afirmación de que esos documentos también están protegidos por el privilegio ejecutivo que reciben los presidentes.

“Si el Demandante realmente quiere sugerir que, mientras era presidente, optó por categorizar los registros con marcas como ‘SECRETO’ y ‘MÁS SECRETO’ como sus registros personales a efectos de la PRA, entonces no puede afirmar que los mismos registros están protegidos por privilegio ejecutivo, es decir, que son ‘comunicaciones presidenciales’ realizadas en cumplimiento del ‘desempeño de sus deberes oficiales’”, indicó la agencia gubernamental.

Dicha presentación del gobierno busca respaldar su solicitud de que la jueza federal de distrito Aileen Cannon, excluya un aproximado de 100 documentos clasificados de su orden que impide que el Departamento de Justicia use los miles de registros obtenidos por el FBI tras el allanamiento en la propiedad de Trump, mientras que un maestro especial los revisa por cuestiones de privilegio.

El lunes, el equipo legal de Trump presentó una oposición a la solicitud, citando tanto la PRA como el privilegio ejecutivo. Asimismo, sugirieron que Trump pudo haber desclasificado los documentos, aunque no llegó a decir que lo hizo.

Un día después, el Departamento de Justicia realizó una fuerte crítica a la incertidumbre de la supuesta desclasificación de Trump.

“El demandante ahora ha presentado varias presentaciones extensas ante el Tribunal que no llegan a afirmar que, de hecho, tomó alguna de estas acciones con respecto a cualquiera de los registros incautados, incluidos los que están en cuestión en la moción de suspensión”, sentenció el gobierno.

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