Cómo afecta la carga pública a un inmigrante sin estudios

El concepto de carga pública ha existido en Estados Unidos desde fines de la década de 1880 y se usa para determinar si una persona que no es ciudadano podría convertirse en una “carga pública” o probablemente depender de la asistencia del gobierno, lo que haría que la persona no fuera elegible para obtener una Green card o residencia permanente legal.

Durante la administración de Donald Trump, la definición de carga pública se amplió para incluir prácticamente todas las formas de asistencia, como cupones para alimentos, asistencia para la vivienda, Medicaid, reduciendo así la cantidad de personas que podrían ser elegibles.

La administración de Biden retiró la regla del gobierno de Trump en 2021 y propuso su propia versión de en febrero de 2022 y la finalizó el 9 de septiembre de 2022. En la nueva regla de carga pública ya no están incluidos los beneficios de alimentos, salud y vivienda.

La nueva regla establece que los posibles solicitantes de residencia permanente solo serán considerados una carga pública si es probable que se vuelvan “principalmente dependientes del gobierno para su subsistencia”.

Acerca de la regla de carga pública

Cuando alguien solicita una Green card o residencia permanente, los funcionarios de inmigración pueden negar la solicitud por diferentes razones. Una de las razones es si el gobierno cree que es probable que la persona dependa de los beneficios públicos en el futuro. Esta es la regla de carga pública.

El oficial de inmigración considerará del inmigrante:

– Salud
– Edad
– Ingresos y recursos
– Educación y habilidades = menos de escuela secundaria, graduado de escuela secundaria, algo de universidad, graduado universitario y título avanzado
– Apoyo familiar o de un patrocinador
– Si usa algunos tipos de beneficios públicos

El oficial sopesa todos estos factores y decide si la persona es “probable que se convierta en una carga pública” o no.

Se consideran factores positivos la capacidad de realizar un trabajo o las habilidades para hacerlo. Entre los factores negativos, está tener baja escolaridad y problemas de salud.

Solo estos beneficios públicos obtenidos para el inmigrante se consideran en la prueba de carga pública.

Beneficios en efectivo:

– Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
– Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), comúnmente conocida como “welfare”
– Asistencia en efectivo estatal y local, a veces llamada “Asistencia general”

Beneficios que no son en efectivo: Medicaid para atención a largo plazo (como un asilo de ancianos o una institución de salud mental)

El oficial de inmigración puede denegar la solicitud de residencia permanente si considera que el inmigrante dependerá de los beneficios públicos en el futuro.

La regla de carga pública se aplica a:

– Inmigrantes que solicitan la Residencia Permanente Legal (Tarjeta Verde) a través de una petición basada en la familia
– Residentes permanentes legales que salen de EE.UU. por más de 6 meses y buscan volver a ingresar al país
– Se aplica una regla ligeramente diferente a algunos “no inmigrantes” que solicitan cambiar o extender sus visas de estudiante

La regla final de carga pública entrará en vigencia el 23 de diciembre de 2022 y se publicará en el Registro Federal el 9 de septiembre de 2022.

El DHS todavía está realizando evaluaciones de carga pública de acuerdo con el estatuto y la Guía de campo provisional de 1999 y continuará haciéndolo hasta que implemente la regla final para las solicitudes con matasellos de la fecha de entrada en vigencia o posterior.

Con información de DHS y USCIS

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