Tras caso Ayotzinapa, el ejército alertó sobre nexos de 20 alcaldes de Guerrero con el narco
Según el informe, el 25% de los municipios de la entidad eran liderados por funcionarios señalados por dar protección a integrantes del crimen organizado
El ejército mexicano envió un reporte a la Procuraduría General de la República luego de la desaparición de los jóvenes. Crédito: Pedro Pardo | AFP / Getty Images
El hackeo a los archivos de la Secretaría de la Defensa de México sigue arrojando datos sobre la lucha contra el crimen organizado, y varios de estos detalles tienen que ver con la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.
Como parte de los archivos filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya, destaca un reporte que el ejército mexicano envió a la Procuraduría General de la República luego de la desaparición de los jóvenes.
El documento, dirigido a Tomás Zerón, en ese entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, señala los presuntos vínculos de 20 alcaldes del estado de Guerrero con el crimen organizado.
Según el informe, el 25% de los municipios de la entidad (81 municipios) eran liderados por funcionarios señalados por dar protección a integrantes del crimen organizado a través de sus policías preventivas, y cuyas campañas políticas habían sido financiadas por jefes de plaza y operadores del narcotráfico.
Uno de los principales acusados fue el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, a quien se le relacionó con miembros del grupo Guerreros Unidos, los cuales participaron en la desaparición de Ayotzinapa.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa, Abarca proporcionaba protección a los delincuentes, además de colaborar en las actividades delictivas de estos.
Otros alcaldes, como el del municipio de Pungarabato, Reynel Rodríguez Muñoz, fue señalado de lavar dinero de Los Caballeros Templarios a través de un hotel, además de haber acudido a fiestas y reuniones sociales con Luis Navarro Peñaloza, alias el Zarco, operador en el municipio del grupo delictivo.
En tanto, Saúl Beltrán fue acusado de formar parte del grupo delictivo Los Tequileros y de ordenar el asesinato de un trabajador en el ayuntamiento de Totolapan.
Este alcalde pidió licencia al cargo en mayo del 2017 para tratar de evitar su desafuero, obtuvo una suspensión de amparo para frenar su detención antes de que concluyera su encargo como legislador, y desde mediados del 2018 no ha vuelto a aparecer públicamente.
En la actualidad, las organizaciones criminales que operan en Guerrero son el Cártel del Pacífico, Beltrán Leyva, La Familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios y Guerreros Unidos.
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