Agentes del alguacil de California utilizaron “soplones” dentro de la cárcel para obtener pruebas ilegales durante nueve años

Agentes del alguacil de California emplearon “soplones” en la cárcel para obtener pruebas ilegalmente durante nueve años, según los fiscales federales, y sus acciones podrían poner en peligro cientos de condenas.

Un informe del Departamento de Justicia de EE.UU. afirmó que el Departamento del Sheriff del Condado de Orange operó ilegalmente un programa secreto de informantes bajo custodia entre 2007 y 2016, informó el diario Los Ángeles Times.

El informe afirma que los agentes del Condado de Orange violaron “sistemáticamente” los derechos de los acusados, ya que utilizaron informantes para obtener evidencia que utilizaron en sus respectivos juicios.

Esto incluía poner a informantes y acusados ​​juntos en aislamiento durante largos períodos y ubicarlos ​​en celdas conectadas por cañerías o conductos de ventilación, a través de las cuales se sentían más cómodos hablando.

A cambio, los informantes disfrutaron de un trato especial, como mayor acceso a una sala de televisión y uso de teléfonos.

El informe también explica cómo los abogados defensores con frecuencia no sabían cómo se obtenían las confesiones “mancilladas”.

“Cualquiera que todavía esté bajo custodia en un caso que involucró a informantes ilegales presentará una moción para un nuevo juicio”, afirmó el analista legal Lou Shapiro.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Orange se negó a proporcionar cuántos casos podrían volver a apelarse o volver a juzgar.

Fuentes legales dijeron que el informe sirve como una fuerte advertencia para otras agencias policiales en todo el país.

“Esto los pone en alerta. Las agencias de la fiscalía… pueden ser objeto de escrutinio y no son invencibles.

“No puede ser simplemente una lucha libre para todos, y los reclusos aún tienen protecciones incluso mientras están bajo custodia”, agregó Shapiro.

El Departamento de Justicia abrió la investigación en 2016 después de que se reveló que los fiscales del Condado de Orange cometieron una conducta indebida en la forma en que manejaron el caso de Scott Dekraai, quien fue condenado por el peor asesinato en masa en la historia del Condado de Orange.

Dekraai asesinó a su exesposa y a otras siete personas en la peluquería de Seal Beach donde ella trabajaba en 2011.

Scott Dekraai evadió la pena de muerte después de que un juez dictaminara que los fiscales participaron en “falta de conducta escandalosa del gobierno”.

El fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, dijo que los exfiscales en su oficina usaron un soplón de mucho tiempo para obtener una confesión “manchada” de Dekraai, que tampoco fue revelada al abogado defensor.

El abogado de Dekraai, Scott Sanders, alegó que el escándalo del informante en la cárcel iba más allá del caso de su cliente y había estado ocurriendo durante décadas.

El escándalo finalmente descarriló el caso de Dekraai, y la corte impidió que el fiscal del condado de Orange procesara el caso.

El exfiscal de distrito del condado de Orange, Tony Ruckauckas, fue el principal fiscal durante los años en que se utilizó el programa de informantes de la cárcel, según el informe del Departamento de Justicia.

En 2017, Dekraai renovó su moción para desestimar su pena de muerte con el argumento de que la fiscalía incurrió en una “mala conducta escandalosa del gobierno”.

El tribunal finalmente estuvo de acuerdo y condenó a Dekraai a ocho cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional.

Los funcionarios federales hicieron más recomendaciones en el informe del Departamento del Sheriff del Condado de Orange y la Oficina del Fiscal de Distrito, que incluyen brindar más capacitación, auditar periódicamente los archivos de los informantes e implementar políticas para garantizar que toda la información se divulgue a la defensa.

“La advertencia del DOJ es que no ponga en peligro una buena condena de una persona culpable al participar en la práctica inconstitucional, no vale la pena”, dijo Steve Cooley, quien fue fiscal de distrito del condado de Los Ángeles de 2000 a 2012.

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