Policías investigan si la grabación con comentarios racistas del Ayuntamiento de Los Ángeles fue grabada ilegalmente
Martínez, de León, Cedillo y Herrera solicitaron a LAPD que abriera una investigación, ya que, según la ley de California, todas las partes deben dar su consentimiento para la grabación de una conversación privada
Los ruidosos manifestantes en las reuniones del Concejo Municipal han proporcionado un telón de fondo constante de cánticos y gritos. Crédito: Mario Tama | Getty Images
Detectives de Los Ángeles están investigando si la grabación del año pasado que capturó los comentarios calificados como racistas de los concejales de la ciudad se hizo ilegalmente, informó el martes el jefe de policía.
La divulgación de la grabación a principios de este mes desató un creciente escándalo en la segunda ciudad más grande del país apenas unas semanas antes del día de las elecciones.
Las frases intolerantes de los concejales, cargada de insultos groseros, puso al descubierto la representación desigual y dividió el poder político según criterios raciales en Los Ángeles.
La presidenta del consejo, Nury Martínez, renunció al cargo, mientras que otros dos miembros se han resistido a los llamados generalizados, desde la Casa Blanca para abajo, para su destitución.
El escándalo comenzó con el lanzamiento hace casi dos semanas de una grabación previamente desconocida de una reunión privada de 2021 que involucró a Martínez y los concejales Kevin de León y Gil Cedillo, así como al poderoso líder laboral Ron Hererra, jefe de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles.
“El departamento ha iniciado una investigación criminal sobre una acusación de espionaje”, dijo el martes el jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore.
El grupo, integrado por demócratas latinos, fueron capturados en la grabación conspirando para proteger su influencia política en el rediseño de los distritos del consejo durante una reunión a puertas cerradas de una hora de duración que estuvo mezclada con comentarios intolerantes.
Usaron lenguaje racista para burlarse de sus colegas, así como del joven hijo negro de un concejal, mientras planeaban proteger la fuerza política latina en los distritos del consejo. No se sabe quién grabó la cinta, ni por qué.
Según la ley de California, todas las partes deben dar su consentimiento para la grabación de una conversación privada o una llamada telefónica.
De lo contrario, la persona que realizó la grabación podría enfrentar sanciones penales y civiles.
Los estatutos de escuchas telefónicas del estado se encuentran entre los más fuertes de la nación y permiten que la “parte lesionada”, la persona que está siendo grabada sin su permiso, pueda demandar.
Martínez, de León, Cedillo y Herrera se acercaron al Departamento de Policía de Los Ángeles el viernes, más de dos semanas después de que Los Ángeles Times informara por primera vez sobre la grabación, que había sido publicada en Reddit, y pidieron que la agencia abriera una investigación, dijo Moore.
“Esta (solicitud) fue realizada por los directores; esto no se hizo a través de algún intermediario o de otra manera”, agregó.
Desde entonces, los detectives han entrevistado al grupo sobre por qué creen que la grabación se realizó “ilegal y subrepticiamente”, dijo el jefe.
“También buscaremos, en la medida de lo posible, entender cómo se hizo tal grabación e identificar, si es posible, a la persona o personas responsables”, dijo.
La Federación Laboral del Condado de Los Ángeles calificó previamente la filtración de la grabación como ilegal e intentó sin éxito detener la publicación de los detalles de la discusión por parte del diario Los Ángeles Times.
No se han identificado sospechosos, dijo Moore. Los detectives consultarán con el fiscal de la ciudad, cuya oficina se encarga de los delitos menores, y los fiscales del condado por delitos graves si es necesario.
Quedan otras preguntas sobre lo que podría implicar la investigación y si se realizaron otras grabaciones en la sede de la federación laboral.
El estado está investigando por separado cómo se dibujaron los distritos del consejo y si el proceso fue manipulado.
El fiscal general Rob Bonta, un demócrata, ha dicho que su investigación podría dar lugar a responsabilidad civil o cargos penales, según lo que se encuentre.
Las consecuencias han dejado al Ayuntamiento en estado de agitación y el presidente Joe Biden ha pedido a De León y Cedillo que renuncien.
Los ruidosos manifestantes en las reuniones del Concejo Municipal han proporcionado un telón de fondo constante de cánticos y gritos mientras intentan aumentar la presión sobre el dúo para que renuncie.
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