Un ‘sueño americano’ que tardó 27 años en llegar

La periodista Jacqueline García llegó de pequeña sin documentos, luego se hizo residente y finalmente, la semana pasada celebró con toda la familia su ciudadanía estadounidense

El 23 de noviembre del 2022 hizo el juramento para obtener la ciudadanía estadounidense. (Jacqueline García/La Opinión)
El 23 de noviembre del 2022 hizo el juramento para obtener la ciudadanía estadounidense. (Jacqueline García/La Opinión)
Foto: Jacqueline García/La Opinión / Impremedia

La semana pasada en el Día de Acción de Gracias en mi hogar hubo una razón muy especial para reunirnos y dar gracias. Después de 27 años viviendo en Estados Unidos logré uno de mis mayores sueños, convertirme en ciudadana estadounidense.

Mi historia no es muy diferente a la de miles de mis compañeros Soñadores que llegamos a este país cuando éramos muy pequeños y nuestro objetivo principal era lograr un mejor futuro, aquel que no pudimos tener en nuestros países de origen.  

Llegué a Estados Unidos sin documentos cuando era niña. No hablaba el idioma inglés ni conocía la complejidad del tema migratorio. Solo sabía que por fin me reuniría con mi madre y mis hermanos, quienes habían emigrado a este país unos años antes.

En mi natal Puebla en México, cada año recibía el primer lugar académicamente en la primaria. Participé en competencias regionales con otros estudiantes muy inteligentes y hasta me tocó ser abanderada por dos años, el prestigioso título que se ganaba solamente el estudiante más brillante de la primaria.

No obstante, cuando llegué a Estados Unidos todo cambió. En la primeria, conocida como Middle School, era parte del grupo de aprendices de inglés donde solo estaban los recién llegados de otros países o quienes eran nacidos en Estados Unidos, pero no hablaban inglés.

Con esfuerzo comencé a manejar el idioma y aunque no volví a ser la “más inteligente” de la escuela, si logré obtener algunos reconocimientos.

Como menor de edad no tenía problemas por no tener documentos legales para vivir en este país. No obstante, el problema llegó cuando cursaba el último grado de preparatoria y debíamos comenzar a llenar las solicitudes de universidades y para obtener ayuda financiera federal (FAFSA).

Jacqueline García y hermanos en un paseo a Knott’s Berry Farm en 1996. (Jacqueline García/La Opinión)

El no tener documentos me impedía tener ese acceso. Mis opciones eran mínimas. Pero para mí buena suerte el mismo año que me gradué de la preparatoria se aprobó la medida AB540. Esta ley, que continúa vigente hasta el día de hoy, permite a estudiantes —sin importar el estatus migratorio— que hayan estudiado por lo menos tres años de preparatoria en California, la oportunidad de pagar la colegiatura de residente.

Esta ley hace una gran diferencia en los estudiantes. Por ejemplo, actualmente en un colegio comunitario de Los Ángeles los estudiantes residentes del estado pagan unos $138 por una clase de tres unidades. Mientras tanto, los estudiantes que no son residentes de California pagan $984 por la misma clase.

La AB540 me permitió ingresar al colegio Los Angeles Trade Technical (LATTC) donde obtuve mi certificado en cosmetología. Sin embargo, al culminar los dos años del programa no pude recibir mi licencia de cosmetóloga por la falta de un seguro social.

Seguí buscando opciones mientras me convertía en una estudiante activista. Un consejero de LATTC, David Esparza, me dijo que los estudiantes indocumentados si podían asistir a la universidad en California, pero no calificábamos para ninguna ayuda federal o estatal.

Comencé a solicitar un sinfín de becas. Muchas me rechazaron y otras me nombraron ganadora. Fue así que logré estudiar periodismo en la Universidad Estatal de California, Northridge (CSUN).

Llega DACA

Mis años en la universidad fueron muy buenos e inolvidables. Nuevamente me convertí en una estudiante reconocida en mi departamento, no tanto por mi inteligencia académica, pero por mi tenacidad para abogar por mis derechos y los derechos de otros estudiantes.

También ayudé a formar el primer grupo de estudiantes indocumentados, me involucré en el gobierno de Associated Students, donde serví como senadora universitaria estudiantil, fungí como reportera y eventualmente editora del periódico en español, El Nuevo Sol, de CSUN y los fines de semana trabajaba como mesera.

Mi graduación en el 2010 fue un momento agridulce ya que estaba emocionada de recibir mi licenciatura en periodismo, pero también estaba muy frustrada porque sabía que una vez más, como cuando me gradué de cosmetóloga, la falta de documentos legales me impediría ejercer.

Y así fue. Me vi obligada a rechazar varias oportunidades de trabajo dentro y fuera del estado debido a mi falta de documentos.

Dos años después, el presidente Barack Obama dio una noticia que cambió mi vida y la de miles de mis compañeros indocumentados al anunciar la orden ejecutiva de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El 15 de junio del 2012 durante su discurso, Obama lo dijo claramente; los jóvenes indocumentados llegaron a este país de niños. Estudiaron en las mismas escuelas, juramentaron a la bandera y jugaron en los mismos barrios que todos los niños en la nación.

“Son estadounidenses en su corazón, en sus mentes, en todos los sentidos menos en uno: en el papel”, dijo Obama. “…Y a menudo no tienen idea de que son indocumentados hasta que solicitan un trabajo, una licencia de conducir o una beca universitaria”.

DACA nos otorgó una estadía temporal legal en el país —sin ser residentes legales— con un permiso de trabajo renovable cada dos años. Esto nos permitió obtener un permiso de trabajo, un número de seguro social y licencia de conducir.

Camino hacia a la ciudadanía

Una vez amparada bajo DACA, continué forjando mi carrera en periodismo, renovando mi permiso cada dos años. El programa ha sido cuestionado de su legalidad en varias ocasiones. Pese a que alrededor de 750,000 jóvenes indocumentados nos beneficiamos inicialmente, el programa dejó de recibir nuevas solicitudes bajo la Administración Trump.

Jacqueline García y su esposo Andrés López. (Jacqueline García/La Opinión)

En el 2016 me enteré que los beneficiarios de DACA podíamos recibir un permiso especial llamado Advanced Parole (AP) para viajar fuera del país y regresar nuevamente bajo tres circunstancias; por cuestiones de trabajo, estudios o humanitarias.

En mi caso, solicité AP mediante un programa de estudios. El beneficio de AP es que, al regresar a Estados Unidos, uno obtiene una entrada legal. Algo que no tuve cuando ingresé por primera vez de niña. Una entrada legal al país hace más fácil solicitar una residencia legal cuando se hace por medio del matrimonio, por ejemplo.

Mi esposo, quien es nacido en Estados Unidos, me patrocinó y en octubre del 2017 finalmente recibí mi residencia legal permanente. Una vez que recibí mi tarjeta verde viajé a Tijuana, México, para visitar a mi hermano mayor, quien fue deportado en el 2009 y se estableció en esa ciudad.

A mediados de este año llené la solicitud para la ciudadanía.

Este pasado 23 de noviembre se cerró un ciclo que, aunque tuvo muchos altibajos, cada uno fue una enseñanza que atesoro en mi corazón.

Mi esposo y yo tenemos un hijo que es muy pequeñito para entender la complejidad del sistema migratorio, pero que algún día se la explicaré.

Yo celebro mi ciudadanía y en este Día de Acción de Gracias agradecí inmensamente que he llegado a mi meta final del sistema migratorio. Espero que algún día haya una legalización para los 11 millones de indocumentados que viven en este país y podamos compartir este sueño juntos.