Corte de El Salvador envía a juicio al expresidente Mauricio Funes por presunta tregua con pandillas
El expresidente salvadoreño -radicado en Nicaragua- es acusado de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.
Foto de archivo Crédito: REUTERS/J. CABEZAS | Deutsche Welle
Una Corte de Instrucción de El Salvador envió a juicio al expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por la tregua que supuestamente impulsó su Gobierno con las pandillas entre 2012-2014, y girará orden de captura contra el exmandatario.
El Centro Judicial informó que el Juzgado Especializado de Instrucción A-1 de San Salvador instaló una audiencia preliminar contra Funes, que obtuvo la ciudadanía nicaragüense y enfrenta dicho proceso penal en calidad de ausente. El exmandatario es acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.
El Juzgado Especializado de Instrucción A-1 de San Salvador ordenó apertura a juicio contra el expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, acusado de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, en el caso conocido como “tregua con las pandillas”.
— Centros Judiciales de El Salvador (@JuzgadosSV) November 30, 2022
El juzgado, indicó la fuente, ordenó apertura a juicio contra el expresidente, ratificó la detención provisional porque “existe fuga y evasión del imputado para que responda ante la Justicia salvadoreña”, lo declaró rebelde y girará orden de captura, tal como lo establece las reformas al Código Penal.
El 21 de septiembre pasado, la Asamblea Legislativa -de amplía mayoría oficialista- aprobó reformas al Código Procesal Penal y habilitó a los tribunales para que puedan concluir un proceso en ausencia de quienes estén imputados. Una de las reformas señala que “la audiencia preliminar se realizará a pesar de la incomparecencia del imputado sin justa causa”. Antes de la reforma, no se podía avanzar más allá de la etapa de instrucción sin la presencia de las personas acusadas.
La tregua entre pandillas
Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un pacto de no agresión para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno y que, según la Fiscalía, estipulaba favores para estas bandas. Esto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad.
Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios y dijo que el papel de su Ejecutivo fue el de acompañante del proceso. No obstante, en el juicio contra los operadores de la tregua, el general David Munguía Payés -ministro de Seguridad de ese entonces- declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de gobierno de “pacificación”.
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