El presidente del Tribunal Supremo abordó las amenazas a la seguridad de los jueces en su informe de 2022

El juez John Roberts no arrojó luz sobre la investigación de la filtración de un proyecto de opinión en mayo ni sobre los llamados a reglas de ética más rigurosas para los jueces en el informe anual de la entidad

El presidente de la Corte Suprema John Roberts.

El presidente de la Corte Suprema John Roberts. Crédito: Alex Wong | Getty Images

El presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts utilizó su informe anual de fin de año para abordar la avalancha de críticas, ataques políticos y amenazas de violencia que asolaron esa corte en 2022.

La Corte Suprema de Estados Unidos dominó los titulares y el discurso político del país en 2022 hasta los últimos días con su decisión estrechamente dividida sobre el Título 42 que culminó un año verdaderamente histórico.

En 2023 el alto tribunal tiene aún por delante más fallos que pueden transformar las leyes actuales sobre raza, inmigración, derechos de los homosexuales y libertad de expresión, por citar algunos. Se espera que la mayoría conservadora de los jueces del alto tribunal continúe influyendo en derechos reconocidos actualmente.

“Las opiniones judiciales hablan por sí mismas, y no hay obligación en nuestro país libre de estar de acuerdo con ellas”, escribió Roberts en su primer comentario extenso desde la decisión del verano pasado de anular Roe v. Wade. Pero señaló que “un sistema judicial no puede ni debe vivir con miedo”.

Roberts aludió a las protestas frente a las casas de los jueces y al intento de asesinato del juez Brett Kavanaugh, pero no citó directamente controversias o casos específicos del año pasado.

“La ley requiere que cada juez preste juramento para realizar su trabajo sin temor ni favoritismo, pero debemos apoyar a los jueces garantizando su seguridad”, escribió Roberts.

Roberts agradeció a los miembros del Congreso y a la jueza federal Esther Salas, cuyo hijo fue asesinado en su casa en 2020, por abogar por medidas de seguridad mejoradas para los jueces federales, afirmando que “estos programas y su financiación son esenciales para operar un sistema de tribunales”.

En las últimas semanas, el Congreso aprobó una ley que aumenta las protecciones de seguridad y privacidad para los jueces federales y sus familias.

La ley lleva el nombre de Daniel Anderl, hijo de la jueza federal Esther Salas. El joven de 20 años fue asesinado a tiros en 2020 en su casa de Nueva Jersey en lo que pretendía ser un ataque contra la jueza por parte de un exlitigante descontento que encontró la dirección de la familia en línea.

Pero Roberts no abordó los esfuerzos legislativos para exigir una mayor transparencia y pautas de ética en el tribunal. Ni mencionó la investigación sobre la filtración del proyecto de decisión sobre el aborto del juez Samuel Alito en abril, ni la creciente lista de supuestas violaciones éticas contra los jueces Clarence Thomas y Alito.

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