Concejales proponen que Los Ángeles se convierta en una Ciudad Santuario

Los concejales Eunisses Hernández, Nithya Raman y Hugo Soto Martínez presentaron una propuesta legislativa local para que Los Ángeles se convierta en una Ciudad Santuario, lo que significa que los recursos, las propiedades y el personal no podrían ser utilizados por las autoridades federales de migración.

“Lo que estamos haciendo hoy es creando e implementando una ley que dice que ninguna persona de cualquier departamento va a trabajar con ICE (Servicio de Migración y Aduanas) ni vamos a darles recursos”, dijo la concejal Eunisses Hernández.

Reveló que también está viendo cómo evitar que se hagan contratos con compañías que dan información al ICE como las direcciones y números de teléfono de la gente.

“Esto todavía está ocurriendo y queremos que cuando haya un alcalde, alcaldesa o gobernador que no esté con nuestras comunidades como vimos en los años pasados, contemos con protecciones permanentes”.

Dijo que aunque Los Ángeles es una Ciudad Santuario, no lo es en cuanto a leyes y presupuestos.

“Las leyes de migración se están implementando, y todavía no hay protecciones permanentes en las leyes por parte de la Ciudad”.

“Queremos que nuestra comunidad inmigrante indocumentada sepa que estamos luchando por ellos para crear una ciudad donde haya seguridad para ellos”.

En 2017, el exalcalde Eric Garcetti aprobó una orden ejecutiva para limitar la colaboración de la Ciudad con las autoridades federales de migración mientras que una resolución del Concejo declaró a la ciudad de Los Ángeles como Ciudad Santuario.

La concejal Raman dijo que vino a este país con su madre como inmigrante cuando tenía 6 años en busca de una mejor vida.

“Los inmigrantes constituyen el tejido mismo de esta ciudad. Prohibir el uso de los recursos de la Ciudad para la aplicación de la ley federal de inmigración no debería depender solo de las acciones ejecutivas que podrían ser anuladas por un futuro alcalde o jefe de policía. Estas son protecciones fundamentales que deberían estar consagradas en nuestras leyes en el futuro”.

La Ciudad de Los Ángeles es el hogar de más de 1.35 millones de inmigrantes, quienes constituyen más del 34% de la población de la Ciudad. 

Una mayoría de los niños en edad escolar en el área metropolitana de Los Ángeles, incluyendo ciudadanos y no ciudadanos de Estados Unidos, tienen al menos un padre inmigrante.

“Más de una de cada tres personas que viven en Los Ángeles incluyendo a mis propios padres son inmigrantes. Uno de cada 10 son indocumentados”, dijo el concejal Soto Martínez.

“Esta legislación es un paso importante y esperado desde hace mucho tiempo para codificar las protecciones para los inmigrantes indocumentados en la ley para que finalmente podamos hacer de Los Ángeles una verdadera Ciudad Santuario”.

Miranda García, activista comunitaria de la TransLatin@Coalition, dijo que es tiempo de que nuestros líderes realmente defiendan a toda las comunidades migrantes y apoyen políticas que unan a las familias y les permitan que triunfen.

“En 2011 fui detenida por la policía local y transferida a ICE, el día de mi cumpleaños. Ahora es el momento de detener que Los Ángeles sea parte del proceso de deportación”.

Agregó que se unió al esfuerzo para que Los Ángeles se haga una Ciudad Santuario porque dijo que los funcionarios públicos deber ser parte de políticas que unan a las familias.

Por su parte, Marta Arévalo, directora de la organización CARECEN, dijo que esta medida es importante porque manda el mensaje a la comunidad migrante de que están protegidos, de que importa y de que vemos sus contribuciones.

“Es importante mandar ese mensaje a otras ciudades del estado y del país porque cuando tú apoyas a los inmigrantes, a los refugiados y a los más vulnerables, puedes ser una comunidad sorprendentemente próspera y fuerte; y estás apoyando el futuro porque son quienes hacen grande a esta ciudad y a este país”.

Una vez aprobada esta moción, se ordena al Abogado de la Ciudad preparar y presentar una ordenanza dentro de los siguientes 60 días para que por ley, no se usen recursos, propiedades y al personal municipal para hacer cumplir las leyes federales de migración ni cooperar en la ejecución de las tareas migratorias.

Entre otras actividades, la ordenanza prohibirá que se solicite y colecte información sobre el estatus migratorio y de ciudadanía, o el lugar de nacimiento.

También prohíbe investigar, interrogar, detener, arrestar y transferir personas para propósitos de migración.

Otras prohibiciones incluyen: 

• Responder a cualquier orden de migración para detener, transferir o notificar a las autoridades federales acerca de la liberación de una persona para propósitos de migración.
• Proveer a las autoridades de migración acceso a cualquier área que no sea pública, incluyendo cárceles, sin una orden de arresto válida emitida por un juez federal de distrito.
• Hacer disponibles a las autoridades federales de migración, a cualquier individuo en custodia para entrevistas relacionadas con la ejecución de las leyes migratorias.
• Participar en cualquier operativo de ejecución de leyes de migración o unirse en operativos o patrullaje que involucre actividades relacionadas con la ejecución de órdenes de migración.
• Proveer acceso a las bases de datos de la Ciudad o a cualquier información personal a las autoridades de migración.