¿Por qué es corrupto el sistema de justicia mexicano?

MEXICO.- En las últimas semanas, el poder judicial suspendió la orden de aprehensión en contra del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, y otro juez desbloqueó las cuentas de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, culpable en Estados Unidos de ser parte del Cártel de Sinaloa. 

A las polémicas resoluciones, se añadió esta semana la decisión de la jueza Décimo Segunda de Distrito en Materia Administrativa, que determinó que se reinstalara a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Jacobo habría salido después de que entró en vigor el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el sistema electoral que considera corrupto y derrochador. 

Con los reveses sobre el escritorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó durante una conferencia de prensa que en el poder judicial “indudablemente existe mucha corrupción”. 

“No ha habido cambios, al contrario, se le está dando libertad a presuntos delincuentes de la delincuencia llamada organizada, a delincuentes comunes y de la delincuencia de cuello blanco”.

El mandatario mexicano dijo que ya no tiene tiempo de impulsar una reforma judicial para arreglar el problema de la corrupción, la impunidad y todos los males de inseguridad que derivan de esto; también dijo que calculó mal y que creyó que podría colocar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cuatro ministros “intachables” para que desde ahí se arreglara todo.

Como no fue posible, se lo encargó a su sucesor cuyo mandato entraría en 2024. 

El reconocimiento de la necesidad de una reforma judicial deja a su vez una luz en temas que ninguno de los Ejecutivos recientes —incluyendo a López Obrador— ha querido ceder: la independencia total al sistema de justicia. 

“Dicha falta de independencia genera prácticas corruptas dentro del quehacer de la judicatura y se manifiesta de dos maneras: una externa, respecto de los principales actores sociales y políticos, y otra interna, que hace que los jueces inferiores sigan las ‘instrucciones’ y protejan los intereses de los jueces superiores”, observó Miguel Carbonell.

El catedrático de la Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el informe Corrupción Judicial e Impunidad: el Caso México, documentó desde principios de la década del 2000 que la peor consecuencia de la corrupción en México son los altos niveles de impunidad de hasta el 99%, de la cual derivaban todos los males del país.

Desde entonces a la fecha, la organización México Evalúa, que anualmente revisa la reforma al sistema de justicia penal que se implementó entre 2008  y 2016 e incluyó los juicios orales, encontró que la impunidad apenas ha bajado unas décimas.

Actualmente se ubica en desaparición forzada (98.9%), extorsión (98.2%), violencia familiar (97.1%) y homicidio doloso (96.9%); en el mejor de los casos, algunos delitos llegan al 92%.

LA SUERTE DE LOS AMIGOS

La falta de independencia del poder judicial no es nuevo: un estudio de la Organización de las Naciones Unidas en 2001 documentó ante el relator especial que mecanismos para sancionar a los jueces que hayan incurrido en actos de corrupción son poco transparentes y existe una dependencia del órgano encargado de las investigaciones respecto a la Suprema Corte.

Como la mayoría de sus integrantes son miembros del propio Poder Judicial, arroja una cierta sospecha sobre la protección que ofrecen a sus colegas y que evita que sean sancionados por actos de corrupción, pese a las abundantes denuncias presentadas por abogados. 

Esta situación sigue igual: tanto jueces, como magistrados y ministros se siguen autoinvestigando y autosancionando. 

La construcción a sobrecosto de salas de juicios orales entre 2015 y 2018 es un ejemplo. 

Cuando Luis María Aguilar fue presidente de la Suprema Corte se registraron daños al erario público por alrededor de 1.7 millones de dólares en su equivalente en pesos en la edificación de esos espacios.

Con recursos provenientes de un fideicomiso, el entonces director de inmuebles y mantenimiento del Consejo de la Judicatura, Francisco Pérez Maqueda, designado directamente por el ministro Aguilar, realizó obras con sobrecostos, mediante engañosas cotizaciones.

Cuando se comprobaron esas irregularidades y algunas otras en diversos estados (como recibir sobornos de constructoras y viajar con millones de pesos en la cajuela de su coche), se le inhabilitó por 20 años, pero  Pérez Maqueda continuó laborando como administrativo en el Consejo de la Judicatura hasta que salió Aguilar de la SCJN y lo sustituyó Arturo Zaldívar.

EL PAPEL DE LOS EJECUTIVOS

Los investigadores del tema como Carbonell han señalado que muchos actos de corrupción en el poder judicial no están relacionados con la ética de las personas si no con una mala política legislativa: justo la tarea pendiente que deja AMLO a su sucesor. 

Los ejemplos más representativos de esta falla se encuentran nada más y nada menos que en la Constitución Mexicana donde se establece que el Ministerio Público depende del presidente de la República a nivel Federal y de los gobernadores, en los estados.

Además, el MP tiene el monopolio de la acción penal, lo cual se convierte en el único actor con capacidad de abrir un proceso penal o no.

“Esta dependencia tiene múltiples efectos sobre la corrupción del sistema de justicia. Para empezar, hace imposible que se sigan investigaciones independientes en casos de corrupción contra funcionarios públicos que pertenecen al mismo partido que el del gobierno en turno”, precisa el investigador. 

“Además, introduce la lógica del sistema político en el ámbito de la justicia, con lo que la investigación de los delitos se lleva a cabo en muchas ocasiones de acuerdo a la agenda política o conforme a las prioridades del gobierno. 

Esto permite a los Ejecutivos hacer “justicia selectiva”, según sus intereses. En tiempos recientes, analistas políticos reprochan a López Obrador casos como el de la ex jefa de gobierno Rosario Robles a quien tuvieron tres años en la cárcel sin probar el delito, mientras que a Ignacio Ovalle, director de Segalmex en la época en que desaparecieron millones de pesos, no está ni acusado, ni imputado ni investigado por la Fiscalía General de la República.

PRESUPUESTO

En su más reciente análisis sobre la evolución del Sistema de Justicia Penal, la organización México Evalúa concluyó que muchas de las faltas que aún se presentan en la insuficiencia de presupuesto para las instituciones del sistema, así como en las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores.

“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, comentó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

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