¿Espionaje o inteligencia en México?
El debate sobre el espionaje o inteligencia en el país lleva varios días dando vueltas en una discusión interminable entre los críticos y el gobierno
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Crédito: Agencia Reforma
MEXICO.- Los vicepresidentes regionales de una de las organizaciones más importantes de periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, estallaron en reproches por los ataques constantes a la libertad de expresión y en su reunión de medio año, el informe estelar de este martes apuntó en las últimas horas al espionaje en México.
“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) lo llamó trabajo de inteligencia”, denunciaron en las últimas horas.
El debate sobre el tema en el país lleva varios días dando vueltas en una discusión interminable entre los críticos y el gobierno desde que se reveló que el gobierno mexicano contrató desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) a una empresa israelí un sistema que interviene los teléfonos celulares.
El uso de Pegasus arrancó a finales del calderonismo después de una noche de copas y striptís, entre los ejecutivos de la empresa NSO Technologies (craeadora del software) y los militares mexicanos en la Ciudad de México,’.
Según un reporte del New York Times publicado recientemente con base en entrevistas, documentos y pruebas forenses de teléfonos hackeados, cuando un teléfono es intervenido por Pegasus, se puede husmear en fotos, correos, calendarios y vigilancia en tiempo real.
López Obrador había prometido que combatiría esta práctica, pero cuando fue cuestionado al respecto en una conferencia de prensa matutina dijo que su gobierno no espía, sino que hace trabajo de “inteligencia” con objetivos precisos.
“No es lo mismo”, dijo. “Hay una diferencia entre el espionaje y los trabajos de inteligencia. Mientras el primero implica persecución política, amenazar, intimidar o reprimir a los opositores, el segundo tiene que ver con los métodos para prevenir actos de sabotaje y de crímenes. “El estado tiene como propósito proteger a las personas, a todos, para eso se requiere”.
Luego abundó que, sin estos trabajos de inteligencia, ya estaría muerto el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Harfuch, porque no se le hubiera pedido advertir de que sería víctima de un atentado en 2020. También dijo que siguió de cerca con Pegasus al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos —quien denunció a miembros del ejército por asesinato—porque le advirtieron que era miembro del crimen organizado.
“El estado tiene como propósito proteger a las personas, a todos, para eso se requiere”, indicó.
COSQUILLEO
El posicionamiento del presidente sobre el tema sorprendió a la opinión pública por dos razones: porque en campaña había prometido que dejaría de usar este sistema de cuya existencia se supo en tiempos de Enrique Peña (2012-2018) y por el doble lenguaje, ¿cuáles son los límites entre espionaje e inteligencia?
Quienes se dicen espiados por el actual gobierno mexicano reprochan que en lugar de buscar información del crimen organizado para capturar a los capos de Sinaloa (solamente Ovidio Guzmán se encuentra detenido) se busque vigilar a periodistas y defensores de derechos humanos.
En octubre pasado, la R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), Artículo 19 México y Centroamérica, y SocialTIC –con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto– denunciaron la intervención del teléfono del periodista Ricardo Raphael; un periodista del sitio web Animal Político que pidió no ser identificado; y el activista Raymundo Ramos.
El problema, detalla Ricardo Rafael, uno de los afectados, es que el Centro Militar de Inteligencia no tiene sustento en las leyes mexicanas. Su existencia no está contemplada en la Constitución, tampoco la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, ni el Reglamento Interior de la Sedena.
“Solamente por las sombras de sus acciones es que se tiene información a propósito de esta entidad dedicada al espionaje”.
Días después de que el AMLO describió lo que considera las diferencias entre espionaje e inteligencia, acusó a Estados Unidos de espiar a su gobierno y de espiar al Cártel de Sinaloa sin consentimiento de su gobierno.
“La sorpresa es que el gobierno mexicano se declare agraviado, cuando de hecho no parece cumplir con su trabajo”, observó José Carreño Figueras, periodista especializado en la relación binacional.
“Algunas de las revelaciones contenidas en recientes filtraciones estadounidenses sobre las actividades del Cártel de Sinaloa debieran haber sido responsabilidad de las autoridades mexicanas, no de la DEA o de ninguna otra agencia extranjera”.
El gobierno mexicano cuenta actualmente con el Centro Nacional de Inteligencia que, aunque no está reglamentado, tiene como deber obtener información para prevenir amenazas al Estado.
Para Alejandro Hope, analista de seguridad y exfuncionario de inteligencia durante el gobierno de Calderón, lo contradictorio del tema es que la administración mexicana actual ahora se muestre preocupada por el espionaje a su gobierno cuando hace poco “hizo hasta lo imposible por minimizar” la información robada a Secretaría de la Defensa Nacional a través de Guacamaya Leaks.
“Mientras el Presidente andaba en el chistorete y la negación, asegurando que los 6 TB robados a la Sedena no eran más que chismes sobre su salud, muchos pidieron (casi a gritos) que se reforzará la política nacional de ciberseguridad y se dedicaran recursos emergentes a proteger información crítica del Estado mexicano”.
EU
Tras el reclamo del presidente mexicano por la infiltración que hizo la DEA en los niveles más altos del Cártel de Sinaloa, el almirante José Rafael Ojeda, secretario de la Marina Armada de México siguió la misma línea y, en un acto oficial dijo que “a México se le respeta”; la Casa Blanca, en cambio, no quiso hablar.
Solamente la Administración Federal Antidrogas y el Pentágono calificaron las acciones y sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa en las que escalaron las millonarias recompensas a quien lleve a la captura de los líderes, como un “paso en la dirección correcta”.
El analista Carreño Figueras considera absurdo el debate, dado que el espionaje es una actividad clandestina “por definición”. “Por alguna razón desconocida, el aparato político parece convencido de que el espionaje externo debe pedir permiso para actuar en México. Ciertamente suena bien, hasta ético y moral. Pero es de una enorme ingenuidad, si es que no hipocresía”.
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