Juez en Florida complica situación de inmigrantes en la frontera tras fin del Título 42

Una demanda entablada por el estado de Florida ha complicado a la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) la liberación de inmigrantes cuyos reclamos de asilo están proceso, luego de que un juez decidiera en favor de los demandantes.

Aunque el número de inmigrantes cruzando la frontera ha bajado tras el fin del Título 42, las instalaciones de CBP se encuentran saturadas, debido a que no es viable liberar a los no ciudadanos, aunque se han dejado ir a algunos bajo vigilancia de GPS.

El problema inició horas antes del vencimiento de la orden del Título 42 el 11 de mayo, cuando el juez T. Kent Wetherell, del Distrito Norte de Florida, emitió una orden temporal para impedir a los funcionarios migratorios liberar a todos los inmigrantes bajo su custodia, solamente a unos cuantos.

La condición es que los inmigrantes fueran puestos bajo el programa de Alternativas a la Detención (ATD), es decir a través de grilletes o pulseras con GPS o la aplicación SmartLink.

Posteriormente, el juez Wetherell convirtió la orden temporal en una orden judicial preliminar, es decir, permanecerá vigente hasta la sentencia definitiva o hasta que un tribunal superior la anule o suspenda la decisión inicial, advirtió el American Immigration Council.

El gobierno del presidente Joe Biden presentó la apelación preliminar ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito.

“Nos preocupa el impacto potencial del litigio de Florida en el tiempo que nos lleva procesar y, nuevamente, creo que es importante que todos sepan que, independientemente de cómo procesamos a las personas cada individuo que encontramos es investigado minuciosamente contra nuestros sistemas de seguridad pública y seguridad nacional”, reconoció Blas Núñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El funcionario fue enfático sobre los procesos de investigación a los inmigrantes, antes de dejarlos bajo libertad condicional, de lo contrario, esa persona será retenida.

“Detenemos a cualquier persona que pueda representar una amenaza, ya sea porque tengan orden de arresto pendiente o porque tengan alguna afiliación o asociación con el terrorismo”, advirtió.

Sobre aquellos inmigrantes que no representan una amenaza a la seguridad nacional, los activistas consideran que puede ser peligroso mantenerlos en el encierro, debido a las condiciones de los centros de detención.

“La detención puede ser peligrosa para los migrantes, especialmente si ya son vulnerables”, advirtieron expertos del American Immigration Council. “Las instalaciones de CBP pueden ser particularmente inseguras. Y cuantas más personas estén atrapadas en instalaciones fronterizas remotas, más probable es que alguien muera antes de que pueda llegar la atención médica”.

El grupo citó el caso de una niña de ocho años de padres hondureños, quien enfrentó una afección cardíaca congénita, pero recibió atención médica tardía y murió bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.

Se estima que CBP tiene a unas 19,000 personas bajo detención, además de los que tiene bajo custodia la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la cual se esperaba que llegara a su máxima capacidad.

Tras el fin del Título 42, las autoridades migratorias en la frontera aplican el Título 8, una regla sobre las peticiones de asilo que también permite detenciones y deportaciones expeditas.

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