Los Archivos Nacionales refutaron las afirmaciones de que Trump tenía dos años para revisar los registros presidenciales

Los Archivos Nacionales están rechazando las afirmaciones hechas por el expresidente Donald Trump, sus abogados y sus aliados sobre su supuesto derecho de retención de documentos clasificados del gobierno, una decisión del expresidente por la que ahora enfrenta una acusación federal tras la investigación realizada por el fiscal especial Jack Smith y su equipo..

Los Archivos Nacionales dieron el raro paso de publicar una declaración en la que reprochan las afirmaciones que sugerían que a Trump se le permitía conservar materiales clasificados en virtud de la Ley de Registros Presidenciales (PRA).

Donald Trump, como los presidentes anteriores, tenía la obligación de devolver los documentos oficiales al abandonar la Casa Blanca y las fotocopias también se incluyen en esa categoría.

Esa institución desmintió así de nuevo al exmandatario, que después de ser imputado por llevarse documentos clasificados a su mansión de Florida al abandonar el poder, alegó el viernes que no cometió ningún crimen y que estaba autorizado a ello en virtud de una ley sobre registros presidenciales.

Los Archivos Nacionales recordaron que esa ley requiere que todos los documentos originados durante una Presidencia o Vicepresidencia deben ser entregados al final del mandato.

Esa normativa solicita a los presidentes separar los documentos presidenciales de los personales antes de abandonar el cargo y deja en manos de los Archivos la custodia y conservación posterior de los papeles oficiales.

No hay ninguna cláusula especifica que permita a los expresidentes llevarse esos documentos con ellos durante un tiempo determinado, y si tras haber salido de la Casa Blanca se dan cuenta de que conservan en su poder documentos oficiales entre los personales, deben comunicarlo para que los Archivos se puedan hacer cargo de ellos.

Los Archivos recordaron que antes de que Trump abandonara la Casa Blanca, el ahora expresidente republicano no les transmitió ninguna intención de donar documentos a la Biblioteca Presidencial o de crear una en su nombre, por lo que no hay razones para que su mansión de Florida fuera considerada una instalación temporal de la misma.

El comunicado precisa que las fotocopias también pueden ser consideradas documentos presidenciales “en función de cómo fueran usadas o conservadas en la Casa Blanca”.

La ley sobre registros presidenciales, aprobada en 1978, se aplicó por primera vez con el presidente republicano Ronald Reagan (1981-1989).

Los Archivos Nacionales subrayaron que su personal fue a la Casa Blanca para ayudar en el traslado de los documentos, antes de que Trump abandonara la residencia oficial para que pasara a ocuparla el presidente Joe Biden.

Los registros presidenciales incluyen documentos creados o recibidos por el presidente o su equipo cercano o por alguien de su oficina ejecutiva cuya función sea asesorar al mandatario en sus actividades.

De acuerdo con el escrito de acusación, dado a conocer este viernes, Trump se habría llevado centenares de documentos clasificados, incluidos secretos nucleares, que almacenó en varios puntos de su mansión de Mar-a-Lago, como un dormitorio, un salón de baile, un baño y una ducha.

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