Crimen organizado quiere tierras en Chiapas y… ¡arma a sus aliados locales!

MEXICO- Cuando Marcos escuchó los disparos cerca de su casa, en la comunidad rural de Esquipulas Guayabal, al norte de Chiapas, corrió desde el campo en donde se encontraba hacia la zona poblada y se encontró con un paisaje de horror ajeno a su corta vida de adolescente donde había crecido a las faldas del volcán Chichonal.

Había un grupo de diez hombres con armas largas, todos encapuchados; un niño aterrado porque pensó que iba a quedar ahí muerto, una casa en llamas y a su madre llorando, el cuerpo trémulo en su hogar.

“Creía que habían matado a mucha gente porque hubo muchos disparos, además, golpearon a don Chevio (el representante de la colonia) y a mi mamá le dijeron que se fuera o la mataban”.

Fue a las 10:00 de la mañana de un domingo, cuando la mayoría de hombres mayores estaban fuera de la comunidad, en el mercado municipal. Solo había mujeres y jovencitos como otro amigo de Marco, a quien bajaron del caballo para golpearlo y dejar clara la situación:

“Ahora esta es nuestra tierra, de aquí nadie nos saca”.

De ello hace un año y medio, según los testimonios compilados por la radio comunitaria y, desde entonces, los hombres con armas largas siguen ahí, según pobladores quienes han visto cómo algunos de los mismos pobladores han sido contratados como mercenarios para resguardar la zona que es una de las más ricas del país.

Peleada durante años por empresas, por el gobierno y las comunidades indígenas, la región que habita la etnia zoque en el norte de Chiapas ahora está en la mira… ¡del crimen organizado!

La causa es la avaricia, coinciden los dirigentes del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (Zodevite), quien ha hecho una de las resistencias más fuertes en la región y ven en Esquipulas Guayabal un símbolo de la incursión de un grupo más en la pelea por el botín.

El territorio zoque tiene petróleo, gas natural, minerales y campos abundantes para la ganadería y la agroindustia y están en una zona de población indígena “echada a pelear” en diversas circunstancias  y estrategias para que vendan sus tierras tras la Reforma de 1994 que permitió fraccionar los ejidos comunales.

En el más reciente capítulo, la comunidad de Esquipulas Guayabal fue desplazada y atacada por órdenes de uno de los suyos, Moisés Domínguez, quien se pasó “al otro bando”, denuncian comuneros que pidieron el anonimato a este diario a quien la fiscalía estatal le abrió una averiguación por crimen organizado desde hace casi dos décadas atrás, la FEP/052/2005.

A las sombra de los cárteles

Aunque Chiapas tiene una historia de violencia armada, en los últimos tiempos se han detectado dos cambios importantes: por un lado, el crecimiento de los cárteles de la droga para el control del tráfico de estupefacientes y emigrantes desde Guatemala; por otro, el aprendizaje de organizaciones criminales locales sobre las tácticas de los otros más sanguinarios.

La prensa local afirma que desde 2008, cuando Los Zetas desplegaron células o “estacas” en municipios chiapanecos, comenzó una descomposición social que derivó en adicciones y en la importación de nuevas estrategias criminales como el Cártel Chamula que tiene actualmente el control del pueblo mágico de San Cristobal de las Casas.

En noviembre de 2021, el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía reconoció la presencia de este cartel y de otro conocido como “Los Motonetos”, sicarios que se alquilan como grupo de choque y brazo armado al estilo del norte el pleno sur.

Por estos antecedentes y de quien organizó la expulsión de la población del ejido Esquipula Guayabal, los lugareños creen que el crimen organizado ha puesto la mirilla en su territorio y otros que concentran la riqueza que tanto daño ha hecho a la región.

“Esto es un símbolo de lo que pasa en Chiapas y en México”, explica Alvaro Visuet, comisionado de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.

Dos mundos

Después de la reforma energética que abrió la exploración y extracción de hidrocarburos a particulares, el gobierno mexicano puso en marcha en 2016 el proceso de licitación de 84,500 hectáreas de tierras ejidales y privadas en cinco municipios en la ronda 2.2. Los Zoques se opusieron tajantemente.

Un año después, los indígenas se declararon en resistencia para parar todas las licitaciones. Tenían antecedentes importantes para oponerse: cada vez que uno de estos proyectos se ha hecho viable, los zoques resultan perjudicados. En lugar de que les salpique la bonanza, la exclusión y el empobrecimiento es el común denominador.

Con la matriz energética, que incluyó los proyectos hidroeléctricos como las presas Peñitas y Malpaso sobre el río Grijalva, por ejemplo, les inundaron 30,000 hectáreas de tierras entre los años 1958 y 1987 y muchas comunidades fueron inundadas.

Posteriormente, con los campos petroleros de Ostuacán, Juárez, Reforma, Sunuapa y Pichucalco, Petróleos Mexicanos tomo cientos de miles de hectáreas, igual que la empresa Frisco en Santa Fe-La Victoria sobre 27,000 hectáreas.

“Frisco comenzó a limitar a los pobladores de El Beneficio el acceso a los antiguos caminos saca cosechas e impidió la recolecta de leña en las tierras de la minera, algo vital para su subsistencia; lo mismo llevó a la reducción de la cantidad de peces en el río La Sierra”, observó Fermín Ledezma, integrante del Centro de la Lengua y la Cultura Zoque.

“Si antes la pesca artesanal en Tecpatán y Ostuacán era una actividad circunscrita al mercado, la llegada de la transnacional Acuagranjas en 2006, impuso límites a la explotación de tilapia en la presa Peñitas, lo que contribuyó a la desaparición de la pesca ribereña que llevaban a cabo las familias”.

El volcán y los encapuchados

Los zoques creen que la gran explosión del volcán en 1982  —que causó la muerte de unas 2,OOO personas y el desplazamiento de más de 22,OOO— fue catapultada por todos los trabajos en busca de petróleo de Pemex y, aunque pudieron volver después de muchos años a la comunidad de Esquipulas de Guyabal, la sombra de la ambición fue la causa de que volvieran a ser desplazados en tiempos recientes por los encapuchados armados.

Las tierras de ahí son tan codiciadas por su riqueza natural como por el valor espiritual que le dan  los zoques, advierte la cineasta Tania Ximena, directora de la película Pobo Tzo (Noche blanca) quedocumenta la cosmogonía de los zoques.

“Los que ocuparon la comunidad por lo fuerza quieren venderlas porque saben los millones que se pagarían por ellas”

El valor para los indígenas, en cambio, es de otro tipo.  Para los zoques, el lugar está habitado por espíritus libres que habitan las cuevas, montañas, bosques de niebla y ríos, desde donde dialogan con los humanos para dar abundancia de cosechas o riqueza material.

Por tanto, la destrucción del lugar en pos de la “modernidad” significa para ellos como la destrucción de las Torres Gemelas para Estados Unidos o el derribo de templos por conflictos religiosos, como cuando Israel ataca una mezquita o algo similar a lo que hicieron los españoles con las pirámides prehispánicas.

Por eso también se han opuesto al plan de la geotérmica sobre el volcán Chichonal proyectada por la Comisión Federal de Electricidad que  ocuparía 15 mil hectáreas o a la“ecorregión zoque”que  busca integrar pequeños bosques y selvas al gran Corredor Biológico Mesoamericano.

Entre ellos, los habitantes del ejido Esquipulas Guayabal que abarca 2,400 hectáreas, una parte de las cuales, fue cubierta por la lava del volcán Chiconal en 1982. Los desplazados se dividieon en cuatro grupos que se asentaron en Ixtacomitán, Rayón, el barrio de Guayabal en Chapultenango y el valle de Uxpanga en Veracruz. Otros emigraron a Jalisco y Estados Unidos.

Con el tiempo, campesinos de Chapultenango comenzaron a ocupar las tierras que habían quedado abandonadas, aunque los ejidatarios desplazados por el volcán mantenían los títulos ejidales. Así empezó un disputa de tierras que duró casi 20 años hasta que el Tribunal Agrario falló a favor de los pobladores originales zoques. El otro grupo está integrado por indígenas tzotziles.

Tras el fallo del tribunal en octubre de 2021, los perdedores ocuparon las tierras a punta de armas. Y ahí siguen sin que la autoridad intervenga.

“La inacción es complicidad”, dicen algunos pobladores.  ¿Quién paga para que ocupen nuestras casas? ¿Quién les da las armas?

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