Buscan proteger a los trabajadores que sufran represalias por denunciar abusos

Por más que la señora Beatriz Almazán intentaba limpiar todas las salas, los baños y la recepción de un cine ella sola, era una tarea imposible de cubrir para una sola persona, y aun así se esforzaba, porque tenía el compromiso de enviar remesa a su hija adolescente en México.

Las salas de cine Cinemark Century en un centro comercial “tiene salas enormes, y parece que no, pero después de varias funciones se junta mucha basura”, dijo la inmigrante de Toluca, Estado de México, a La Opinión.

Cuando la empresa que le dio el trabajo, Simplify Right, contrataba generalmente a algún joven para que ayudara, por le intensidad del trabajo “los muchachos duraban un día, cuando mucho dos, y se iban. No aguantaban”, recordó.

Tenía que limpiar todo ella sola, reunir la basura “no en botes, sino en contenedores, por la cantidad”, bajar cuatro pisos y sacarla a la calle.

El cine no cierra, y tampoco daban días de descanso a doña Beatriz, al contrario, le exigían más.

“Llegó el punto en que el manejador me empezó a gritar ‘pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero me entregas todo el cine limpio’. Yo le juro por Dios que trataba, pero era obvio que era imposible”, comentó.

En represalia porque no podía terminar el trabajo, el administrador de Cinemark la envió a otro cine a San Mateo, donde para llegar tenía que tomar dos autobuses y después abordar el tren de ida, y luego de regreso. Beatriz todavía soportó esas condiciones unas semanas, pero no le pagaron la siguiente quincena, y el administrador simplemente le dijo “ya no eres mi problema”.

“Creo que se me notaba que me sentía tan mal, porque un joven desconocido se le acercó a preguntarme si me pasaba algo, y cuando le platiqué, me contactó con Trabajadores Unidos. Ahí ya vimos que yo era víctima de represalia y de despido injustificado, además de que tenía que hacer el trabajo que hacen cuatro personas”, narró la trabajadora.

Doña Beatriz considera que en su caso hubo explotación y represalia por su condición migratoria y su necesidad de conseguir dinero para enviar a su hija, Rebeca, “pero me sorprende que las represalias en el trabajo, los abusos, son con cualquier persona, incluso con los ciudadanos estadounidenses, y tampoco importa la raza, a todos nos toca por igual”, dijo.

El caso de doña Beatriz, de 44 años de edad, es uno de innumerables ejemplos de represalias en California cuando los trabajadores denuncian acoso, incluido el acoso sexual, robo de salarios, imposición de cargas imposibles de trabajo, y otros tipos de abusos, de acuerdo con la senadora Lola Smallwood-Cuevas de Los Ángeles.

La legisladora presentó una iniciativa para otorgar a los trabajadores “derecho a la reinstalación en su trabajo y reembolso por salarios perdidos o por beneficios laborales”, cuando los empleados sean “despedidos, amenazados con despido, degradados, suspendidos, sujetos a represalias, o se les impongan acciones adversas o discriminatorias” porque hayan denunciado abusos.

La senadora presentó la propuesta de ley SB-497, que de aprobarse otorgaría a los trabajadores un plazo de 90 días en que se garantice que los trabajadores que denuncien abusos de cualquier tipo permanezcan en sus puestos, sin que se les pueda despedir o imponer represalias de ningún tipo.

La propuesta de ley impone una sanción de hasta $10,000 por cada ocasión en que un empleador desobedezca e insista en incurrir en represalias contra quienes le denuncien por abuso laboral o de cualquier tipo.

Carwasheros o lavadores de autos de Los Ángeles, empleados de diversos tipos de servicios y sindicalistas han protestado en demanda de aprobación de la SB-497 ante el Capitolio de Sacramento en California.

Una joven que acudió a una protesta el miércoles denunció que su empleador comenzó a acosarla y terminó por amenazarla con despido, pero finalmente la corrió cuando la joven denunció sus actos.

“Pienso que es terrible, porque vine de mi país porque allá estaba en peligro, y vine aquí y sigo en peligro”, dijo la joven con un tono de tristeza.

Por casos como ese, la propuesta de ley de la senadora angelina establece que durante el periodo de 90 días en que los empleadores no pueden despedir ni incurrir en represalias contra los trabajadores que denuncien abusos, las autoridades estatales revisarán la denuncia.

“El proyecto de ley requeriría que el Comisionado Laboral, al evaluar esta sanción, considere la naturaleza y la gravedad de la violación con base en la evidencia obtenida durante el curso de la investigación”, dice el texto del proyecto.

La propuesta ya fue aprobada en el senado y pasó a la asamblea, donde después de una lectura al pleno se entregó a comités.