Las imágenes con las que el gobierno de Honduras anunció la militarización de sus cárceles (y las críticas que genera)
La policía militar de Honduras está tomando el control de los centros penitenciarios del país con el fin de desbaratar a las bandas criminales que operan desde allí
La policía militar de Honduras tomó el control de los centros penales. Crédito: REUTERS | Cortesía
Redacción
BBC News Mundo
Un fuerte operativo se inició ayer en los centros penitenciarios de Honduras.
La policía militar del país centroamericano tomó el control de las cárceles con el fin de desmantelar a las bandas criminales que operan desde allí.
En las imágenes, distribuidas por el gobierno liderado por Xiomara Castro, aparecen cientos de prisioneros, tatuados y descalzos, sentados con las manos detrás de la cabeza, mientras son vigilados por los militares.
Estas fotos recuerdan a las de los pandilleros del país vecino, El Salvador, que en febrero de este año fueron trasladados a la megacárcel inaugurada por el presidente Nayib Bukele.
De acuerdo con el secretario de Estado de Defensa Nacional de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, el operativo -denominado “Fe y Esperanza”- pretende que estos centros “dejen de ser escuelas del crimen”.
“Nuestra misión es derrotar el crimen organizado que está en las cárceles”, dijo a través de su cuenta de Twitter.
Los oficiales hondureños decomisaron armas, teléfonos satelitales, granadas y droga, entre otras cosas, de las celdas de los prisioneros. El plan es que las Fuerzas Armadas tengan el control de las cárceles por un año.
La acción militar ocurre días después de que 46 reclusas murieran calcinadas y tiroteadas en un motín entre, supuestamente, integrantes de las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha, en una cárcel cercana a Tegucigalpa, la capital de Honduras.
Castro describió el motín como un “monstruoso asesinato de mujeres”, destituyó al ministro de Seguridad y designó una junta interventora para la prisión.
La intervención también ocurre tras un fin de semana especialmente violento: solo el día sábado, 21 personas fueron asesinadas. 13 de ellas fueron víctimas de una masacre dentro de un billar en el municipio de Choloma, en el norte del país.
Tras estos dramáticos episodios, la mandataria prometió tomar “medidas estrictas”.
Toque de queda
Como se esperaba, la violencia está siendo uno de los retos más complejos para Xiomara Castro.
Bajo una intensa presión de la ciudadanía que exige más seguridad, la mandataria está intentando controlar el crimen organizado a través de diversas medidas.
Además de la intervención militar en las cárceles, su gobierno decretó el domingo un toque de queda desde las 9:00 pm a las 4:00 am para las ciudades de Choloma y San Pedro Sula (una de las más grandes del país), que han sido fuertemente afectadas por la violencia.
Esta restricción fue impuesta durante 15 días que pueden ser prorrogables.
Gran parte del país también está bajo estado de excepción, una medida que rige desde el 6 de diciembre del año pasado y que ha sido prorrogada en tres ocasiones (la última el 21 de mayo, cuando fue extendida por otros 45 días).
La mandataria también está llevando adelante una operación policial, llamada “Candado Valle de Sula”, que busca controlar la violencia en la zona norte del país y recuperar las áreas tomadas por las pandillas.
La ofensiva incluye recompensas para quienes faciliten la captura de los autores de los crímenes.
Cuestionamientos
Las medidas han sido criticadas por algunas organizaciones de derechos humanos.
En conversación con BBC Mundo, Evelyn Escoto, Comisionada del Centro Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes de Honduras, afirmó que la militarización de las cárceles es una “involución desde la mirada de los derechos humanos”.
“Nos preocupa porque nosotros no somos un país isla, tenemos muchas obligaciones y compromisos en derechos internacionales y estamos obligados a garantizar esos derechos en las cárceles”, indicó.
Cesar Muñoz, director asociado de las Américas de Human Right Watch, coincidió con que la medida es un retroceso.
“Es fundamental reducir el hacinamiento, dado que los guardias son incapaces de tener el control en prisiones sobrepobladas, así como disminuir el uso de la prisión preventiva, que en Honduras abarca a casi la mitad de la población carcelaria, y garantizar condiciones dignas y oportunidades laborales y educativas para los reclusos”, sostuvo Muñoz.
Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, señaló que el gobierno de Castro, “en total despliegue bukelista de populismo punitivo”, estaba replicando “políticas fallidas de seguridad que solo profundizan un contexto de crisis de derechos humanos”.
“El falso dilema entre la seguridad y los derechos, nos ha pasado alta factura en la región”, agregó a través de su cuenta de Twitter.
Sin embargo, Carlos Javier Estrada, subsecretario de prensa del despacho presidencial de Honduras, dijo a la BBC que se trata de una “intervención corta, con respeto a los estándares internacionales” para evitar el riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos.
“El tomar control de los centros (donde operan) los criminales no conlleva necesariamente a torturar o a manipular de forma indebida (a los reclusos)”, señaló Estrada.
Respecto al toque de queda y estado de excepción, Evelyn Escoto cree que con ello no se está solucionando el “tema de fondo”.
“Esto se debe solucionar con políticas. Tenemos problemas de narcotráfico, extorsión, pandillas… y cada delito tiene sus propias articulaciones y deberían atacarse de una manera diferente”, dijo.
La comisionada advirtió que en algunas zonas se están generando detenciones “por mera sospecha”.
“Hay una estigmatización hacia las personas”, dijo.
Sin embargo, según las autoridades hondureñas, el estado de excepción ha permitido identificar y capturar a pandilleros que se lucran con otros delitos como el tráfico de armas y drogas, robo de vehículos, feminicidios y lavado de activos.
“Efecto Bukele”
Todo esto ocurre en el contexto de la guerra contra las pandillas que lleva adelante el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y cuyo país comparte frontera con Honduras.
Históricamente, El Salvador y Honduras han tenido unas de las mayores tasas de asesinatos del mundo y sus habitantes han sufrido durante años de inseguridad.
El Salvador lleva más de un año bajo un régimen de excepción cuestionado por organizaciones de derechos humanos pero aplaudido por la mayoría de los salvadoreños por disminuir el crimen y los homicidios, según datos del gobierno.
La popularidad de Bukele también alcanza a amplios sectores hondureños que miran con buenos ojos cómo el presidente vecino está liderando la guerra contra las maras.
“Bukele es muy valorado en la sociedad hondureña y hay amplios sectores de la ciudadanía que claman por un liderazgo como el de Bukele en el país. Que ponga orden, que se imponga, que le teman los delincuentes”, dijo a BBC Mundo Eugenio Sosa, sociólogo del Instituto Nacional de Estadística de Honduras.
Para Sosa, la intervención militar en las cárceles (y la posterior distribución de las imágenes por parte del gobierno) es parte del “efecto Bukele” en la región.
“Lo que se está haciendo en El Salvador le imprime presión a los gobernantes hondureños que, al ver que en el país vecino funcionan algunas cosas, tienen la motivación para desarrollar aspectos parecidos al modelo de Bukele”, señala el sociólogo.
Sin embargo, el vocero del gobierno Carlos Javier Estrada descartó que la política de Castro “copie al pie de la letra” la estrategia de Bukele.
“No podemos compararnos con el país vecino de forma directa”, dijo. “Simplemente hemos tomado elementos, pero nosotros buscamos que esta intervención no sea la norma sino una excepción“, añadió.
Aunque Bukele ha disminuido drásticamente la criminalidad, reduciendo el número de homicidios, ha sido criticado por la ausencia de un plan a futuro, más allá de las medidas de excepción.
Así, analistas consultados por BBC Mundo aseguran que el gran reto en Honduras está en atacar la criminalidad de raíz.
Para ello, medidas como el toque de queda o el estado de excepción sólo funcionarán si se llevan adelante políticas más profundas como la lucha contra la corrupción, la disminución de la desigualdad y de la pobreza, y la recomposición de las instituciones.
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