Violencia sin cuartel en la Cárcel Central para Hombres del condado de Los Ángeles
Una turba de casi dos docenas de reclusos estuvo a punto de asesinar a golpes a un interno sin que las autoridades aparecieran por más de 15 minutos
La violencia en la Cárcel Central de Hombres no se detiene. En las perturbadoras imágenes obtenidas por Los Angeles Times. se aprecia a un grupo de al menos 11 presos que se dirigen hacia una mesa donde estaba el individuo que sería blanco de un ataque despiadado, el 8 de junio de 2019.
El video, a juicio del abogado criminalista Humberto Guízar, “seguramente fue producido por alguien que quiere denunciar públicamente la violencia, violación de derechos humanos y corrupción de alguaciles dentro de la cárcel que nosotros hemos denunciado por más de 20 años”.
En el video de lo ocurrido en el salón de recreo se aprecia el movimiento de varios reclusos, quienes rodean a la víctima , y tras removerlo de su asiento, el recluso es arrastrado varios metros; descargan la furia de sus puños y puntapiés sobre el hombre indefenso, quien yace en el piso y mana sangre de la nuca.
Después de un minuto, la golpiza se detiene. La víctima tambalea de pie y sangra profusamente.
“Fue alguien que quiere que se sepa públicamente lo que sucedió”, declaró el abogado Guízar, quien lidera el caso del asesinato de Anthony Vargas, en junio de 2018.
Guízar, conocedor de la violencia en las cárceles, también tiene una demanda contra el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles por el presunto intento de secuestro de uno de sus clientes, por parte del alguacil Christopher Hernández, quien estuvo involucrado en el asesinato de Andrés Guardado, en junio de 2020.
Durante el ataque contra el preso, los agresores se repliegan a la pared y observan a la víctima. Por su espalda corre la sangre y algunos de los atacantes retornan a sus tareas en el interior de la cárcel.
Durante 10 minutos el hombre que recibió la golpiza se dedica a limpiar su propia sangre. No se puede observar en el video, pero alguien le proporcionó una bata limpia de LA County Jail XXX.
A la distancia el hombre es vigilado por sus atacantes. Y, cuando parece que ha terminado borrar las huellas sangrientas, sobre él se abalanzan de nuevo dos hombres corpulentos. A ellos se suman, por le menos otros ocho.
14 minutos después de la paliza, aparecen dos alguaciles, quienes, con pistolas de choques eléctricos en mano, aparentemente ordenan a los internos tirarse bocabajo en el piso. A ellos se les une un tercer custodio de internos.
“Modelo anticuado de encarcelamiento”
Enterada del extravío de la memoria USB, la paliza al reo, la falta de supervisión y los fallidos intentos por cerrar de manera definitiva la Cárcel Central para Hombres, la supervisora Kathryn Barger dijo a La Opinión que toma “muy en serio” el deber constitucional “de alojar y tratar a los reclusos de manera segura”.
“Nuestra Junta ha adoptado un enfoque reformista de nuestro sistema de justicia, pero debemos enfrentar la dura realidad de que no todos [los reos] calificarán para el desvió a programas comunitarios”, añadió. “Cerrar la Cárcel Central para Hombres sin un plan de reemplazo es un error y una dirección a la que siempre me he opuesto”.
La funcionaria consideró, además de la violencia y peleas, que las condiciones en el Centro de Recepción de Reclusos son el resultado directo de esa dirección política y el vacío que ha creado.
En septiembre de 2022, Barger presentó una moción para explorar modelos para un centro de tratamiento de salud mental sin custodia, pero no se aprobó.
“Mi posición ha sido y sigue siendo que debemos invertir en una solución permanente y a largo plazo para reemplazar la Cárcel Central de Hombres”, dijo. “Nuestro modelo de encarcelamiento es anticuado y debe ser reemplazado por un centro último modelo que cuente con profesionales de calidad que puedan brindar tratamiento vital para el abuso de sustancias y la salud mental”.
Consideró que esa es la dirección que llevaría a la Junta de Supervisoras a un entorno más humano para todos, pero principalmente para los que no pueden ser orientados a cierto tipo de programas de atención de salud mental, en el sistema de justicia penal.
‘Videos para entrenamiento’
“Cuando se descargan los videos [desde las cámaras de seguridad en el interior de la cárcel], los usamos para entrenamiento de la mayoría de los oficiales nuevos que trabajan en la cárcel”, dijo a La Opinión Miguel Meza, portavoz del alguacil Robert Luna. “Ellos ocupan [necesitan] ver los videos porque, si cometemos un error, a la próxima tenemos que responder más rápido y corregir los errores”.
Meza declaró que los videos los analizan para conocer quién empezó una pelea, cómo empezó, quiénes son los involucrados y los responsables de cometer actos de violencia.
El informante especuló que probablemente la memoria USB se cayó del pantalón de un oficial, “quizás cuando quiso sacar de su bolsillo alguna moneda”.
En un comunicado, Meza aseguró que la fiscalía de Distrito del condado de Los Ángeles presentó cargos contra “los dos sospechosos involucrados [en la pelea]. La víctima sufrió lesiones que no pusieron su vida en peligro y fue tratado en un hospital donde se recuperó”.
“El cuarto de recreación es monitoreado durante intervalos regulares por personal de la cárcel. Ese asalto ocurrió durante una de esas ventanas de tiempo. La investigación no encontró motivos para disciplinar al personal, ya que los procedimientos que seguimos estaban vigentes en el momento”, añadió Meza.
Sin embargo, después de ver el video ya no respondió a varias llamadas de La Opinión para explicar cómo el aparato que contenía los videos haya terminado en manos de un reo que limpia la cárcel, que haya sido capaz de guardar el USB por algún tiempo y después sacarlo de contrabando, si algún oficial efectuó algún reporte de información extraviada.
‘Condiciones inhumanas’
Tras conocer las nuevas revelaciones de violencia en la Cárcel Central de Hombres, la supervisora Hilda Solís dijo a La Opinión que ella está “muy comprometida” con el cierre de dichas instalaciones, un proceso que comenzó en 2019 cuando lideró los esfuerzos para cancelar el contrato multimillonario para reemplazar el vetusto edificio que fue construido en 1963.
“El condado de Los Ángeles está sujeto a numerosos decretos de consentimiento federal y acuerdos de conciliación, incluidos los relacionados con el trato brindado a las personas encarceladas con problemas de salud mental y [que padecen] severo hacinamiento en las cárceles de Los Ángeles, incluida la Cárcel Central para Hombres”, dijo Solís.
Administrar dichas cárceles, añadió, “es costoso y se vuelve más desafiante a medida que crece la crisis de salud mental y las condiciones, que, como sabemos desde hace mucho tiempo, siguen siendo horribles e inhumanas”.
La representante del Distrito 1 de la Junta de Supervisoras, consideró que cerrar la Cárcel Central de Hombres, “significa restaurar la dignidad de nuestras comunidades y seres queridos que están encarcelados; las personas no se curan y no pueden sanar adecuadamente sus dolencias mientras están encerradas en una celda decrépita”.
Recientemente, Solís propuso una moción para que el condado construya un centro de 500 camas para que personas encarceladas que tiene problemas de salud mental sean ubicadas en un entorno donde se les brinde atención y oportunidad de recuperación, en lugar de languidecer en la cárcel.
‘Le pusieron una trampa’
Luis Vargas, quien estuvo injustamente encarcelado por más de 16 años hasta que fue exonerado de cargos criminales en 2015, analizó el video de la paliza al reo en la Cárcel Central de Hombres y dijo la agresión fue tan triste y gráfica, “pero es exactamente lo que sucede detrás de las rejas”.
“Los que dictan las reglas en las cárceles y prisiones son los convictos, no los alguaciles”, dijo Luis a La Opinión. “Se ve claramente que le pusieron un cuatro a la víctima, que todo estaba planeado; por eso se tardaron [los custodios] casi 15 minutos en responder… Así es el sistema de los sheriffs”.
La experiencia de Vargas fue similar a la de la persona agredida por múltiples reclusos.
Hacia el final de 1997, él se encontraba recluido en la instalación correccional de Twin Towers de Los Ángeles.
“Yo no sabía que había problemas y tensión entre la pandilla de Sureños y los afroamericanos, pero un día a mí y a otro camarada nos metieron un módulo donde solo había pandilleros afroamericanos”, narró. “A eso los sheriffs le llaman ‘job security’ (seguridad en el trabajo), porque mientras más problemas crean, más trabajo tienen y ganan más dinero”.
Vargas, quien ahora es un predicador evangélico, manifestó que los custodios y guardias de las cárceles, “lamentablemente permiten deliberadamente que se maten unos a otros”.
Analizó que el video revelado por Los Angeles Times muestra que es demasiada coincidencia que al muchacho lo ataquen entre todos, porque, es probable que haya sido encarcelado por algún delito “prohibido” entre los reos: haber sido convicto de violencia doméstica, abuso sexual o se trate de un pedófilo.
“Esos delitos no se aceptan en las cárceles ni en las prisiones; por eso es por lo que se tardaron tanto los oficiales para responder a la violencia”, dijo. “Es mucha coincidencia que todo el dormitorio se le haya ido encima, que hayan tenido tiempo de seguir haciendo ejercicio y esperar a que la víctima limpiara su sangre”.
Luis Vargas analizó que, frente al hecho de que el propio hombre agredido haya limpiado su propia sangre, es señal de que enviaba un mensaje a sus agresores: “No voy a decir nada; que aquí muera el asunto…, está bien, ya me golpearon, déjenlo así, no soy una rata [soplón]”.
Este exrecluso coincidió con el abogado criminalista Humberto Guízar, en el sentido de que si bien fue un reo de la Cárcel de Hombres, quien encontró en la basura la memoria USB y la guardó durante algún tiempo para revelarla a la prensa envía el mensaje de que “hay alguien que quiere delatar la corrupción que hay en el condado con los alguaciles y el salvajismo que permiten cuando alguien es atacado en la cárcel”.
“Lo que vi en el video no se trata solamente de que querían ‘regular’ a la víctima, sino que querían matarlo”, dijo Vargas. “También, recuerdo que una vez, el guardia de una torre de control hizo la señal de un violín a unos pandilleros Sureños sobre un preso nuevo; esa señal era que el muchacho era un violador, lo cual no era cierto, porque los pandilleros tuvieron acceso a su reporte criminal y no cayeron en la trampa… Lo que el guardia quería era provocar una golpiza a ese muchacho, tal como se vio aquí [en la Cárcel Central de Hombres]”.
‘Lo hemos dicho por años’
Humberto Guízar, un abogado criminalista que ha entablado numerosas demandas contra el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles, por los últimos 36 años, dice a La Opinión que no le sorprende la violencia en la Cárcel Central de Hombres.
“Tampoco me sorprende que los alguaciles golpeen la cabeza de un reo contra la pared, pero que una mujer de a luz a su hijo en medio de un pasillo y caiga al suelo eso habla de que tiene que haber cambios muy pronto en las cárceles”, dijo Guízar.
En efecto, en un video publicado por la Unión Americana de libertades Civiles (ACLU) se observa a un alguacil que golpea la cabeza de un recluso esposado contra una pared de cemento, al momento de salir de su celda.
Las imágenes duran apenas 15 segundos y en ellas es visible que el recluso no identificado presenta una herida profunda y abierta en la cabeza.
“Los videos de violencia en la cárcel de hombres comprueba mucho de lo que hemos denunciado por los últimos 20 años y que nos dicen los presos”, dijo Guízar “Hay una gran cantidad de abusos y los sheriffs no hacen nada cuando hay brutalidad y permiten que abusen de los reos vulnerables y los golpeen”.
Para leer el artículo completo visite laopinion.com
El abogado señaló que, a pesar de que los presos llaman y claman por ayuda a sus familiares cuando se sienten amenazados y están en peligro no hay quien les ayude.
“Por eso muchos salen muertos de la cárcel”, dijo.
Hasta el momento, el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles (LASD) ha reportado 25 muertes de reos que estaban bajo su custodia. Los meses de mayor mortalidad son mayo y junio, con siete fallecimientos en cada uno de esos meses.
Dos de los decesos fueron reportados como suicidios y uno por accidente. En todos los demás casos está pendiente un reporte final de la autopsia. 10 de los decesos fueron hombres hispanos y 7 afroamericanos.
“En muchas de las muertes no hay explicaciones del porque murieron, aunque todos sabemos que el uso de drogas en la cárcel es increíblemente efectivo y la gente se está muriendo, aun cuando sabemos que la obligación de los alguaciles es proteger a quienes están en las cárceles”, dijo el abogado.
Guízar aseguró a La Opinión que, en base a los casos de demandas que ha entablado contra el LASD puede asegurar que a los alguaciles “se les permite el transporte de drogas y les pagan por hacerlo, y hasta cuchillos han metido de contrabando”.
Abundó que, incluso amigos suyos que estuvieron encarcelados han dicho que quienes controlan el tráfico de drogas en el interior del penal son los pandilleros convictos.
En efecto, en noviembre de 2021, José Flores, un asistente de custodia del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles fue acusado de intentar llevar drogas a la Cárcel Central Hombres.
Investigadores hallaron más de 100 gramos de metanfetamina dentro del automóvil de Flores. Y, aunque el descubrimiento fue hecho tres años ante dentro del e estacionamiento de la cárcel.
Pero no fue sino hasta 2021 que se presentaron cargos contra el ex alguacil de 43 años, quien no disputo los cargos por intentar contrabandear una sustancia ilegal al interior de una cárcel.
En agosto de 2022 fue sentenciado a 300 horas de servicio comunitario y dos años de libertad condicional.
“Los mismos presos me dicen que los encargados de la cárcel solamente le dan vuelta a la llave de la puerta, pero no controlan lo que entra”, expresó el abogado Guízar. “Quienes controlan la cárcel son los pandilleros y pagan por ese ‘trabajo’”.
El caso de Jeremy Fogleman
El despacho jurídico de Guízar obtuvo un acuerdo por 700,000 dólares con el condado de Los Ángeles, por el caso de su cliente Jeremy Fogleman, de quien dijo, fue violado sexualmente en el interior de la Cárcel Central de Hombres y sufrió la fractura de la pelvis por una patada que le propinó el alguacil Jonathan Hernández.
“A Jeremy, que es blanco, lo enviaron a una celda donde estaban peligroso pandilleros afroamericanos; allí lo abusaron sexualmente y el alguacil Hernández, de quien descubrimos que era parte de la pandilla 3000 Boys y luego de los Executioners casi lo mata de una patada”, reveló Guízar. “A algunos de esos pandilleros de los alguaciles ya los habían despedido, pero [el exalguacil Alex] Villanueva los volvió a contratar”.
Por lo anterior, indicó que la Junta de Supervisoras debería presionar para acabar con la violencia y las pandillas de oficiales que existen en el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles y exigir que haya cambios “para limpiar” al LASD y que realicen visitas no anunciadas a las cárceles, para constatar la realidad que se vive en el interior de las penitenciarías.