Activistas quieren descalificar a Trump de la boleta electoral en estados clave

Dos organizaciones de derechos civiles están lanzando una campaña para presionar a los gobiernos estatales a que descalifiquen al expresidente Donald Trump de aparecer en las boletas de votación de las elecciones de 2024.

Los dos grupos de activistas dicen que los secretarios de estado están facultados por la Enmienda 14 para prohibir que Trump se postule para el cargo debido al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según The Hill.

A partir del domingo, Mi Familia Vota y Free Speech for People organizarán una semana de mítines y caídas de pancartas frente a las oficinas de los secretarios de estado de California, Oregon, Colorado y Georgia.

Los grupos también escribieron una carta al Secretario de Estado de Nevada, Cisco Aguilar, el mes pasado, pidiéndole que bloquee a Trump de la boleta electoral bajo lo que se conoce como la Cláusula de Descalificación de Insurreccionalistas.

“Realmente nos estamos enfocando en Nevada y California y [Oregon, Colorado y Georgia] para asegurarnos de que estén tomando una posición al descalificar a Trump en esos espacios, que es algo que el secretario de Estado puede hacer”, dijo Héctor Sánchez, director ejecutivo de Mi Familia Vota.

Los grupos están llamando a su campaña “Trump está descalificado” y la están programando para que coincida con el 155 aniversario de la 14ª Enmienda, según un comunicado.

“Trump es responsable de la insurrección del 6 de enero, simple y llanamente”, dijo Alexandra Flores-Quilty, directora de campaña de Free Speech For People.

“No hacerlo responsable no solo viola la Constitución, sino que también sienta un peligroso precedente al permitir ataques violentos contra nuestra democracia. Ese no es un riesgo que podamos permitirnos correr”, señaló Flores-Quilty.

Por qué invocan la Enmienda 14

Aunque Trump ha sido acusado en dos juicios políticos en el Congreso y en ambos procesos no resultó sancionado y además está bajo investigación en otros casos, los grupos dicen que esos no son hechos descalificadores bajo la Sección 3 de la Enmienda 14.

Sin embargo, los grupos creen que el papel de Trump en la insurrección del 6 de enero, por la cual también está bajo investigación, se ajusta a las definiciones de la cláusula constitucional.

Esa cláusula excluye de una serie de cargos públicos a las personas que “habiendo prestado previamente un juramento, como miembro del Congreso, o como funcionario de Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier Estado, para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, se haya involucrado en una insurrección o rebelión contra el mismo, o dado ayuda o consuelo a los enemigos del mismo. Pero el Congreso podrá, por el voto de las dos terceras partes de cada Cámara, remover tal incapacidad”.

Según el Servicio de Investigación del Congreso (CRS), no está claro si la cláusula prohíbe que las personas sean presidentes, un cargo que no se menciona explícitamente en la Sección 3, y si los eventos del 6 de enero alcanzan el nivel de “insurrección o rebelión contra” el Estados Unidos.

Pero al menos un funcionario en Nuevo México, Couy Griffin, fue destituido de su cargo como comisionado electo del condado por su papel en el asalto al Capitolio.

Griffin fue condenado participar en el asalto al Capitolio antes de perder su trabajo, pero el CRS señala que la Constitución “no exige expresamente una condena penal, e históricamente no era necesaria”.

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