Juez federal escuchó a las partes en la demanda contra la política migratoria de asilo de Biden tras el fin del Título 42

El juez federal Jon S. Tigar de California escuchó hoy a las partes de una demanda contra las medidas migratorias de asilo impuesta por la Administración Biden al terminar la aplicación del Título 42, al considerar que viola las leyes de asilo de EE.UU. y pone en grave peligro a los solicitantes.

La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante y el Centro Hastings para Estudios de Género y Refugiados.

El juez Tigar interrogó el miércoles a los funcionarios de la administración de Biden sobre las restricciones temporales de asilo en la frontera sur y dijo que decidiría dentro de una semana si las reglas son contrarias a la ley.

Tigar, quien bloqueó restricciones al asilo similares bajo la administración anterior de Donald Trump, dijo durante la audiencia que si falla en contra de la administración de Biden, postergaría la aplicación de su decisión durante dos semanas para que el gobierno pueda apelar.

El gobierno de Biden había solicitado ese tiempo adicional porque un fallo en contra de las restricciones actuales de asilo podría eliminar elementos vitales de la estrategia del gobierno para reducir el número récord de cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México mientras el presidente se postula para un segundo mandato.

Los funcionarios del gobierno dijeron en los registros judiciales que eliminar las restricciones de asilo podría tener un “impacto caótico” en la frontera.

Los demandantes sostienen que la nueva regla de asilo de la Administración Biden imita dos políticas de la era Trump, conocidas como prohibiciones de “entrada” y “tránsito”, que fueron bloqueadas por los tribunales.

Una de ellas es la que prohíbe el asilo para todas las personas en la frontera que transitaron por otro país en ruta a los Estados Unidos (es decir, para personas de países que no sean México), excepto para aquellos que pueden obtener una cita con la aplicación CBP One para presentar su caso de asilo, dependiendo de una aplicación móvil defectuosa; y la segunda se refiere a la rara persona que primero buscó y se le negó asilo en otro país o aquellos que pueden demostrar que califican para una de algunas otras excepciones extremadamente limitadas.

ACLU y los otros grupos han recordado que durante la campaña electoral Biden prometió restaurar el sistema de asilo, pero sin embargo consideran “ha duplicado las crueles restricciones de su predecesor”.

Según los demandantes estas reglas “operan tal como lo hicieron las vedas de asilo del gobierno anterior”.

En el centro de los argumentos de los demandantes está el razonamiento de que las restricciones al asilo de Biden violan la ley federal, que dice que cualquier persona en territorio estadounidense puede solicitar asilo, ya sea que haya cruzado legalmente o no.

Katrina Eiland, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, dijo en un comunicado que la nueva prohibición de la administración Biden pone en grave peligro a los solicitantes de asilo vulnerables y viola las leyes de asilo de Estados Unidos.

“Hemos recorrido este camino antes con Trump, las prohibiciones de asilo eran crueles e ilegales entonces, y nada ha cambiado ahora”, agregó Eiland.

La demanda busca “un retorno por parte del gobierno al proceso legal, lo cual significa que, cuando una persona llega a un puerto de ingreso o cruza (la frontera) entre esos puertos, tiene el derecho de pedir asilo y que de que se escuche su caso”, explicó Eiland.

Las medidas para regular el asilo impuestas por el gobierno de Biden y la aplicación de las leyes migratorias tras el fin del Título 42 en mayo pasado, que permitía la expulsión inmediata de migrantes por razones sanitarias, han logrado una disminución en las detenciones en la frontera suroeste del país.

En junio pasado, el primer mes completo desde que se implementaron las medidas, el número de detenciones cayó a los niveles de febrero de 2021 con 99,545 migrantes detenidos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Con información de EFE y The Washington Post

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