Guerrero, retrato de un narcoestado amafiado

MÉXICO- Para Delia Cuevas, exregidora en Chilpancingo, no es ningún secreto quién es quién en la cabecera municipal y sus alrededores, con qué organización criminal está cada político, cada gremio y organización social y a quién se paga extorsión en las colonias y comunidades rurales. 

Incluso sabe que uno de sus sobrinos es parte de las filas de los “malos” porque el estado es un puñado de comunidades rurales donde todos se conocen, pero prefieren mirar para otro lado. “¿Qué va a hacer?”, dice Cuevas detrás del seudónimo por razones de seguridad. 

“Ya penetraron hasta lo más profundo del tejido social: no conozco a una sola persona que, de alguna manera, no está involucrada de manera directa o indirecta, aunque sea por callar, como yo, para no afectar a amigos o familiares o por sobrevivir”. 

Recuerda que cuando ella fue parte del ayuntamiento, hace más de una década, varios alcaldes vecinos se reunieron para discutir un asunto que consideraban una escalada: células derivadas del narcotráfico les pedían un porcentaje de la nómina y “permiso” —que, más bien, era orden— para cobrar a la población por dar “seguridad” a los negocios de la comunidad.

“Algunos de ellos fueron a la Ciudad de México para entregar informes de lo que pasaba, mandaron oficios a todas partes, a todos los niveles de gobierno, para informar de lo que estaba pasando, ¿tú respondiste? Pues ellos tampoco”.

De la mano de Dios, cada alcalde y poco a poco otros políticos hizo lo que pudo. Algunos se corrompieron, como lo ha reconocido el presidente Andrés Manuel López Obrador: Los grupos criminales, “postularon presidentes municipales y tenían, y todavía tienen, autoridades que ellos impulsaron”.

Pero otros huyeron junto con algunos sectores de la población. Emigraron a entidades donde no fueran reconocidos o a Estados Unidos y quienes se quedaron herraron su fe porque las cosas fueron de mal en peor y hoy solo tienen tres caminos: colaborar con los criminales, pagar extorsión o morir con violencia frente a un ministerio público prácticamente inservible. 

De acuerdo con la organización civil Impunidad Cero, Guerrero se encuentra en el último lugar en resolución de casos judiciales con solo el 0.1% de delitos con sentencia, una estadística mucho menor a la ya dramática impunidad del 99% en la media nacional mientras la prevención del delito es inexistente.

A pesar de la presencia de miles de policías estatales, municipales, Ejército y la Guardia Nacional, el primer semestre del 2023 fue el año más mortífero de los últimos cuatro en la entidad con 800 casos de extrema violencia, según cifras oficiales. Homicidios de taxistas, tortilleros, campesinos, carniceros…

Ningún sector de la sociedad y la economía está a salvo si no paga o si no “complace” a los criminales como ocurrió a la familia de una anciana de 70 años identificada como Honorina, quien se negó a vender cerveza a un grupo de hombres armados que tocó en su domicilio en Acapulco la madrugada del 14 de octubre del 2019.

En represalia, tiraron la puerta de la casa y se la llevaron junto con su hija Adriana Gutiérrez, de 38 años, y sus tres nietos Hiram Josué Almazán, de 19, Pedro, de 16,  y René de 11. Todos siguen desaparecidos.

Los verdugos muchas veces pueden ser los propios vecinos, compañeros de la escuela o trabajo, esposos, tíos, hijos, sobrinos, que reclutan las organizaciones criminales como atestigua la ex funcionaria Cuevas: 

“Le pregunté a mi cuñada dónde estaba el muchacho y me dijo que se había ido a trabajar a otro municipio, pero las malas lenguas dicen que lo reclutó una de las organizaciones criminales”.

—¿Para qué?

—Ya sabes.

Se refiere a cualquiera de las actividades de las organizaciones: sicariato, enfrentamientos, desapariciones, incendios de vehículos, ataques a la vía pública y al congreso local, asesinatos, tráfico y producción de droga y el control territorial. 

En Guerrero —como en muchas partes del país— la sociedad se volvió parte de la mafia, en el sentido más literal de la palabra, como un grupo organizado que trata de defender sin escrúpulos sus intereses, que a la vez son de todos o de uno u otro bando criminal.

—¿Lo denunciarías?

—No, es mi sangre. Me da lástima y ¿para qué? 

—¿Ya es Guerrero un narcoestado?

—Sí, los políticos son parte de las bandas hayan querido o no y así ha crecido.

El crimen organizado empezó haciendo dinero con la droga y con eso financiaron otras actividades ilícitas, a pagar nóminas de sicarios, de extorsionadores; para pagar los sobornos. Lo que ocurre ahora en Chilpancingo con el transporte, explica, es que uno de los líderes que tenía un montón de placas de taxi está molesto porque se dieron más a otra organización.

Laberinto de culpas

En las últimas semanas, Chilpancingo, la capital guerrerense, se convulsionó como nunca en un caos de incendios, muertes, machetes, armas, secuestros de funcionarios y bloqueos a la Autopista del Sol, una de las principales del país que conecta al puerto de Acapulco con la Ciudad de México. 

Lejos de su fama de epicentro de lucha política y social de otros tiempos, la región saltó a las primeras planas por las acusaciones en contra de los manifestantes por supuestos vínculos de éstos con Los Ardillos, uno de los 16 grupos criminales que se han repartido el estado para lucrar con las actividades ilícitas.

“Detrás de todo (el caos) está la detención de dos transportistas ligados al narco a quienes se encontró en posesión de armas”, dijo la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. Los protestantes negaron los vínculos con, pero la duda quedó ahí.

¿Las organizaciones criminales han infiltrado a la lucha social? Hoy por hoy es difícil determinar quién está con quien y los activistas se culpan entre sí de complicidades. Ni siquiera las policías comunitarias indígenas están exentas de estos señalamientos ni mucho menos los sindicatos otrora más combativos como el de maestros o los movimientos campesinos.

La problemática social por la producción y tráfico de droga en Guerrero se complicó en la década de 2010 más con la llegada de Los Beltrán Leyva tras un pleito el Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien era su socio y a quien acusaron de traición para llevar a la cárcel a Alfredo “El Mochomo”, uno de los hermanos.

Fincado en la impunidad, el cártel siguió sus operaciones de narcotráfico en el Pacífico guerrerense y  poco a poco expandió su área de influencia hacia el interior del estado hasta la muerte de Arturo Beltrán Leyva y la captura de Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”.

La organización se fraccionó y llegaron otros grupos para pelear por el botín. Entre ríos de sangre se repartieron la entidad Los Ardillos, Los Tlacos, La Bandera, Familia Michoacana, Cárteles Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Tequileros, Los Rojos, Los Arreola, Los Maldonado, Los Viagra, Los Rusos, Los CIDA, Los Caborca, Los Añorve,  Los Carrillo.

“Guerrero es un polvorín”, advierte Hugo Pacheco, periodista del periódico El Sur, uno de los más importantes a nivel local. “El crimen organizado tiene ya su base social y las autoridades han sido omisas en los tres niveles de gobierno”. 

En otros casos, también han sido cómplices, como quedó documentado en el caso de Iguala con el ex alcalde José Luis Abarca, vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2016. En tiempos más recientes, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, fue filmada en una reunión con el líder de Los Ardillos, César Ortega.

Después del escándalo por la divulgación de esos videos, ésta recibió un reclamo a través de cabezas cortadas que dejaron encima de un coche y cuerpos despedazados regados por toda la ciudad, aparentemente porque ella se volvió a reunir con la organización: en una cartulina-mensaje, los mafiosos pidieron “otro desayuno”.

La política no hizo pública su versión. Simplemente apareció en un mercado indígena para pasearse sin hacer comentarios. Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado, acusó a la prensa de sensacionalista, a quienes le reclamaron seguridad de “misoginia” y a los opositores de “personajes oscuros” por atentar en contra de “los cambios” que hace gobierno. 

No planteó ninguna estrategia concreta en contra las mafias o narcotraficantes y, en cambio, anunció que el cantante Luis Miguel, daría un concierto a finales de año en Acapulco, la ciudad que arrancó una espiral de violencia y destrucción justamente cuando su padre, el hoy senador Felix Salgado, fue munícipe del puerto, entre 2005 y 2008, cuando aterrizaron los Beltrán Leyva.

“Los políticos en Guerrero no quieren arreglar nada, toman el poder  como un negocio familiar y la situación actual se les fue de las manos: Guerrero ha sido mucho tiempo laboratorio de perversidades”, alertó Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada en el estado.

¿Parteaguas?

Tanto en las revueltas sociales derivadas de la falta de justicia y Estado de derecho, como en las estrategias de expansión del narcotráfico y las mafias, la entidad ha sido vanguardia en el país. Lo que ocurre actualmente en la región del Bajío en la inseguridad, por ejemplo, ocurrió hace una década en el sur.

“La gente acude a los capos para buscar una solución de sus problemas”, dijo el obispo Salvador Rangel, partidario de un “acuerdo social” para poner fin a la barbarie de la entidad. Otros actores sociales prefieren que se lleve a la cárcel a quienes se tenga que llegar pero eso implicaría una revolución en el sistema de justicia que tardaría años.

En cualquiera de los caminos, analistas de seguridad como Jorge Fernández, se inclinan porque el primer paso para frenar la barbarie sea el reconocimiento del problema al más puro estilo de la estrategia siciliana. 

Fernández cita al exalcalde de Palermo, Leoluca Orlando, hombre clave para frenar el problema que se volvió un cáncer y un símbolo de la impunidad en Italia.

 “La mafia, las mafias, son algo diferente, están en contra del Estado, pero dentro del Estado, en contra de la banca, pero dentro de la banca, en contra de la Iglesia y han penetrado en la Iglesia, están contra la sociedad, sin embargo, están asentadas en la sociedad, la mafia, para serlo, tiene que estar dentro de la sociedad civil”, destacó.

“En México como pedía Leoluca Orlando, deben “encenderse las luces” porque el narcotráfico está dentro de la sociedad. De allí hay que extirparlo”.

Es Guerrero el mejor ejemplo del llamado urgente, un SOS.

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