Alertan a inmigrantes de El Salvador inscribirse al TPS antes del 10 de septiembre

El 10 de septiembre es la fecha límite para que inmigrantes originarios de El Salvador puedan aplicar por el Estatus de Protección Temporal (TPS), luego de la ampliación que otorgó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“La comunidad salvadoreña que en este momento ya tiene TPS, que ha vivido con TPS por 22 años, es importante que sepa que el pasado 12 de julio inició el periodo de reinscripción para extender su estatus migratorio de TPS y ese periodo para enviar sus solicitudes culmina el domingo 10 de septiembre”, advirtió Yanira Arias, responsable de Campañas Nacionales de Alianza Américas.

El 14 de junio pasado, el gobierno del presidente Joe Biden anunció la extensión del TPS para los originarios de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua, pero todos tienen fechas distintas para solicitar esta protección migratoria.

Cabe aclarar que la extensión no permite aceptar nuevas solicitudes ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), ya que no se trata de una reasignación, pero tampoco otorga la protección a la deportación ni la Autorización de Empleo (EAD) en forma automática, por lo que es necesario que las personas realicen el proceso correspondiente.

“Eso implica ya no auto extender, sino que extender significa volver al proceso de antes y enviar los formularios, eso es lo que está, no es nuevo, pero es confuso para quienes hemos estado por cinco años en este limbo legal que de hecho la demanda aún no está resuelta”, indicó Arias.

La activista se refiere a un proceso legal que arrancó luego de que el expresidente Donald Trump cancelara el TPS, el 8 de enero del 2018. Esto derivó a un acuerdo en tribunales para mantener la protección a 239,000 personas, pero sin que esto sea permanente.

Cada país tiene una fecha distinta de asignación del TPS, recordó Arias, y en el caso de El Salvador fue marzo del 2001.

“El Salvador fue designado en marzo del 2001 a razón de una serie de terremotos que devastaron más del 60% del país, el anuncio de designación, es decir, dar el beneficio del TPS a las personas salvadoreñas que ya estábamos en ese momento en Estados Unidos, fue en marzo del 2001, eso genera una línea de tiempo muy específica, características muy específicas para esa población, haber estado presentes en un momento del 2001 en Estados Unidos”, dijo Arias. “Para el caso de Nicaragua y Honduras, estos dos países fueron designados con TPS en el año 1999 y el evento que lo ocasionó fue el Huracán Mitch, el Huracán Mitch sucede en 1998 pero luego de la lucha, la presión al gobierno de ese entonces, la designación se da el 5 de enero de 1999, entonces los periodos de inscripción y reinscripción para este momento van a ser distintos porque hacen referencia a ese espacio muy específico en la historia de esos países”.

Arias señaló que la actual demanda sigue en la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito.

“Inició con la demanda de varias jóvenes que son hijas, hijos, de personas beneficiarias del TPS, del Salvador, de Nicaragua de Haití y de Sudán, porque esos eran los países en ese momento que habían sido cancelados por Trump”, explicó la activista.

El caso Ramos vs. Nielsen se amplió con los beneficiarios del TPS de Honduras y Nepal, por lo que fue otorgada una decisión preliminar para mantener la protección migratoria mientras se resuelve el caso en tribunales.

“El 22 de junio en la Corte de Seattle escucharon nuevamente los argumentos de la Administración Biden y de la familia Ramos; la Familia Ramos hizo énfasis en por qué es importante mantener vigente la protección migratoria, pero también [las partes] hicieron énfasis a que la Administración, el gobierno de los Estados Unidos canceló de manera ilegal, no siguió los protocolos de acuerdo a la ley para cancelar el TPS mientras tanto que la administración Biden lo único que quería era decir, yo les extiendo el TPS y aquí se acabó”, indicó Arias.

La Administración Biden no busca afectar a las personas con TPS, pero los demandantes están solicitando ampliar la protección.

“Es que le estábamos pidiendo que diera nuevas designaciones, es decir, un cobijo más grande, no proteger sólo a los que tenemos ya TPS, sino que extenderlo a quienes entendemos que hay un montón de gente que tiene más de 10, 20 años hasta 30 años viviendo en Estados Unidos y que no logró a calificar para el TPS del 99, del 2001”, dijo Arias.

Años de incertidumbre

Yanira Arias tiene TPS desde 2001 y reconoce que si bien ha sido positivo, la incertidumbre es constante, debido a acciones como las del gobierno de Trump.

Aunado a ello, la falta de una protección permanente para gente con TPS, quienes deben aprobar las estrictas revisiones de seguridad de USCIS, provoca un gasto oneroso para estos inmigrantes.

“Yo tengo el TPS desde el año 2001… en ese entonces yo gasté no más de 150 dólares… actualmente cuesta cerca de 500 dólares completar ambos formularios, 410 [dólares] del formulario para solicitar un permiso de trabajo y 50 dólares para extender el beneficio migratorio del TPS”, expuso.

Arias se lanzó contra quienes critican la protección migratoria, ya que son los inmigrantes quienes pagan por el servicio, no el gobierno.

“El gobierno de los Estados Unidos no invierte un centavo, esto es autofinanciable; de hecho es establecido dentro de la ley del TPS que el programa es autosostenible, porque lo que genera, los gastos de imprimir cartas, generar los documentos de identificación, salen del bolsillo de cada una de las personas que paga por esos formularios”, defendió.

Es posible que la demanda llegue a la Corte Suprema, pero Arias señala que hay pocas posibilidades de que haya una decisión a favor de inmigrantes, debido a la mayoría conservadora.

“Dudosamente podría tener una votación a favor, por lo que hemos estado observando el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia, jueces extremadamente conservadores que han sido nominados y también avalados por el Congreso y el liderazgo republicano, no creemos que tenga un futuro dentro de la Corte Suprema de Justicia”, lamentó.

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