Estados Unidos avanza contra el tráfico de armas que van a cárteles mexicanos

En 2023, Jorge Zúñiga-Aguilera fue sentenciado en Arizona a 27 meses de prisión federal por traficar al menos 82 armas de fuego, una de las cuales fue conectada con el asesinato de un mexicano.

En otro caso, en Laredo, Texas, fue procesado Jaime Jesús Esquivel, un exportador ilegal de armas enviadas a cárteles mexicanos, según un reporte del Departamento de Justicia (DOJ).

El DOJ, junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), están aplicando las nuevas herramientas de persecución contra el tráfico de armas que la Ley Bipartidista de Comunidades Seguras les ha otorgado.

“Estas nuevas autoridades legales brindan al Departamento de Justicia herramientas fundamentales para perseguir a los traficantes de armas, entre otras cosas, tipificando como delito federal actuar como comprador testaferro de armas de fuego destinadas a un uso ilegal”, reconoce el gobierno del presidente Joe Biden en un reporte conjunto de las agencias mencionadas.

De este modo, el DOJ ha acusado a más de 100 personas por tráfico de armas de fuego o por ser comprador testaferro (o ambas).

“La disposición sobre tráfico de armas de fuego ha demostrado ser particularmente útil en la frontera suroeste, ya que más de la mitad de todos los cargos bajo ese delito han sido presentados por las Fiscalías Federales (USAO) de los estados fronterizos”, reconoce la Administración Biden.

Los esfuerzos también incluyen acciones del Departamento del Tesoro, que impone sanciones a personas involucradas en el tráfico de armas de alto calibre, indicó la Casa Blanca.

Los cárteles en la mira

En el año fiscal 2023, según un nuevo reporte, se duplicaron las incautaciones de armas de fuego que se pretendían traficar a México.

En Laredo, Texas, específicamente, el DHS incautó más del doble de armas, acotaron el agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que forma parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de San Antonio, Craig Larrabee; así como el director interino de operaciones de campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Laredo, Texas, Eugene Crawford; el agente especial adjunto de la ATF en Houston, Robert Topper, y el fiscal federal adjunto, Michael Makens.

“Las investigaciones para desmantelar las redes criminales se han beneficiado enormemente de una mayor colaboración entre agencias, tanto dentro del DHS como con nuestros socios federales”, reconoció Larrabee. “Mantener las armas y municiones fuera del alcance de los delincuentes es vital para mantener seguras a las comunidades en ambos lados de la frontera”.

El director Crawford reconoció que alejar las armas de las organizaciones criminales es esencial para reducir su poder.

“Evitar que armas de fuego y dinero lleguen a las organizaciones criminales transnacionales es vital para degradar, perturbar y desmantelar sus redes”, dijo.

Agregó que ha habido un mayor despliegue de tecnología y la inteligencia para las operaciones en la frontera.

“Las organizaciones criminales transnacionales mexicanas obtienen armas de fuego y municiones principalmente en Estados Unidos… Esto ha resultado en la proliferación de esquemas de tráfico ilegal de armas de fuego con base en los Estados Unidos, perpetrados por traficantes de armas de fuego ilícitas, individuos y otros grupos criminales que aprovechan la demanda”, dijo Topper, de ATF.

Acciones con México

En las próximas semanas, adelantó la Administración Biden, habrá nuevas acciones en conjunto con autoridades mexicanas, para reducir aún más el tráfico de armas.

“[El del jueves fue] el primero de una serie de eventos que se llevarán a cabo a lo largo de la frontera suroeste en las próximas semanas para resaltar la mayor colaboración que el DHS está liderando con socios federales, autoridades estatales y locales y el Gobierno mexicano para combatir las redes criminales transnacionales”, se acotó.

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