Editorial: El gobernador Gavin Newsom debe vetar la ley AB 41 

La propuesta de ley AB 41, llamada La Ley de Equidad Digital en Franquicias de Vídeo de 2023, constituye un ejemplo de desinformación y desorientación en materia legislativa, en donde un proyecto de ley pretende ser lo que era y no es y de esa manera granjearse el apoyo de los legisladores, el gobernador y la población. 

Lamentablemente, la moción ha sido aprobada ?? por la Asamblea y el Senado estatales y en este momento está en el despacho del gobernador esperando su decisión. En cualquier momento, Gavin Newsom puede convertirla en ley con su firma. 

La Opinión se opone a la propuesta AB 41 e insta al gobernador a vetarla, por el bien de la comunidad californiana. 

¿De qué se trata? 

Su autor, el asambleísta Chris Holden del Valle de San Gabriel, explica que la ley “crea un sólido proceso de solicitud y renovación para franquicias de video estatales de diez años, otorga a la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) autoridad para regular los términos y condiciones y permite a la Comisión establecer requisitos de calidad del servicio y un mecanismo para las quejas de los clientes”.

Inicialmente, la AB 41 parecía eso: un paso necesario en aras de la equidad digital al promover cambios necesarios a una ley de 2006 que a pesar de sus buenas intenciones  requería actualización porque falló en lograr el objetivo de la equidad digital, que es que las comunidades posean la información que necesitan para participar plenamente en nuestra sociedad. 

Aquella ley, llamada Competencia de Infraestructura Digital y Vídeo (DIVCA) pretendía estimular la competencia en el mercado del cable, aumentar la disponibilidad del servicio de Internet de alta velocidad; modernizar la infraestructura de banda ancha y crear protecciones para los consumidores.

Pero en julio y septiembre de este año se produjeron cambios profundos en la propuesta de ley que cambiaron radicalmente su naturaleza y previenen el apoyo a la ley. 

Una coalición de organizaciones comunitarias que obran en bien de la comunidad, la Alianza de California para la Equidad Digital (CADE), detalla los cambios detrimentales. Esto incluye entre otros puntos la eliminación de los requisitos específicos y concretos contra la discriminación, así como los requisitos de construcción que prevengan que ciertas comunidades se queden sin acceso y otras lo disfruten. La nueva versión reduce a cifras mínimas las multas por incumplimiento del servicio al cliente y protección al consumidor. Además, deja en pie la imposición de que los gobiernos locales sean quienes deban hacer cumplir las operaciones de las empresas en sus territorios, pero no les da la autoridad necesaria para hacerlo. 

Escribe correctamente Arnold Sowell, director ejecutivo de NextGen California, una organización sin fines de lucro que lucha por políticas progresistas específicamente en el campo del medio ambiente, que “cuando fue enmendada en el Senado estatal, la AB 41 se convirtió en una medida pro industria muy debilitada”, ya que “diluye las protecciones al consumidor, elimina las disposiciones contra la discriminación y la igualdad de acceso, y reduce significativamente la autoridad regulatoria actual de la CPUC, que debe aumentarse, no reducirse”.

En esas circunstancias, la AB 41 no mejora en nada la situación de falta de competencia en el mercado, ni los aumentos de precios en regiones específicas de bajos ingresos, ni la carencia de acceso a un servicio de banda ancha confiable.

Adicionalmente, al no cambiar la situación que impera en este momento, la AB 41 va a perjudicar las probabilidades de California de obtener fondos federales para la construcción de la infraestructura de banda ancha que todos necesitan. 

Lo dicho: la AB 41 ya no es lo que era, ni es lo que pretende ser, y por ello se le oponen más de 70 grupos que originalmente la apoyaban. 

El gobernador Gavin Newsom debe vetar la AB 41.