“Aquí los que deberían estar pidiendo perdón por el asesinato de mi hijo son Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos”

Han pasado 16 años de la muerte de su hijo, pero Rubiela Giraldo no deja de llorarlo.

Ella es una de las madres cuyos hijos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del ejército de Colombia para obtener beneficios personales.

Con apenas 20 años, su hijo Diego Armando Marín fue engañado por miembros del ejército colombiano con la promesa de un trabajo, pero fue ejecutado y presentado como una baja de combate en octubre de 2007.

Desde entonces Rubiela, junto a un grupo de mujeres conocidas como las Madres de Soacha – un municipio ubicado a pocos kilómetros de la capital, Bogotá, de donde provenían vaias de las víctimas de esta práctica-, comenzó una lucha para dar a conocer su verdad.

Que sus hijos no eran guerrilleros y que había sido el Estado colombiano, a través del ejército, el que los habían ejecutado.

Una lucha que esta semana tuvo un capítulo importante: el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó excusas públicas por lo que ocurrió no solo con los jóvenes de Soacha, sino con las más de 6.400 personas que, de acuerdo a datos de entidades oficiales, fueron ejecutadas extrajudicialmente por el Estado colombiano en el marco del conflicto interno que vivió el país durante casi cinco décadas.

“Como presidente de la República de Colombia y de este, que es un gobierno popular y en el que espero que cambie la mentalidad (…), yo me permito pedirles perdón. Ustedes son las madres de toda Colombia, ustedes son la madre patria. La sangre de sus hijos ojalá riegue el surco de la Colombia que seremos mañana”, dijo este martes el presidente Petro.

Es la primera vez que el Estado colombiano pide disculpas específicamente por este tipo de crímenes.

El caso, que se ha denominado “falsos positivos” (un término que rechazan tanto las madres como los colectivos defensores de derechos humanos), ha sido revisado por la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, organismos creados tras la firma de los Acuerdos de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

Muchas de las ejecuciones ocurrieron durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez y cuando el también expresidente Juan Manuel Santos era su ministro de Defensa, entre 2002 y 2010.

Para Rubiela, el acto de esta semana, junto al realizado en la ciudad de Ocaña en abril de 2022, constituyen un gran paso en el conocimiento de la verdad, pero no son suficientes.

“Ahí no deberían estar el presidente Petro y su ministro de Defensa, sino Uribe y Santos, que son quienes tienen que pedir perdón por el asesinato de mi hijo”, dice Giraldo en conversación de BBC Mundo.

“¿Quiénes dieron la orden? Eso es lo que necesitamos saber y no han querido decirnos, hasta que no lo acepten no vamos a saber la verdad”, agrega.

Sobre esto, el propio expresidente Uribe se pronunció esta semana señalando que “El presidente Gustavo Petro dice que nuestro gobierno pagaba por matar a personas inocentes. No es cierto. No hay un solo pago por matar personas inocentes, nuestra política siempre prefirió la desmovilización y en efecto hubo 53,000 desmovilizados”, escribió en su cuenta en la red social X -antes conocida como Twitter-.

El expresidente Santos, en una contribución voluntaria ante la Comisión de la Verdad, entidad creada para documentar lo que ocurrió en el conflicto colombiano, sí pidió perdón por lo ocurrido.

“Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivo”, dijo,

Y agregó: “Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma“.

Diego Armando Marín

El objeto más preciado en la casa de Rubiela Giraldo en Soacha es un cajón de madera que sirve de guardarropa.

“El último recuerdo que tengo de Diego Armando es él en el patio de la casa arreglándome ese cajón para que yo lo pudiera utilizar”, recuerda.

Era febrero de 2008. Rubiela Giraldo vivía con sus tres hijos en el municipio de Soacha, ubicado unos pocos kilómetros al sur de Bogotá, la capital de Colombia.

Ella es originaria de El Tambo, una pequeña localidad andina del sur del país, y en 1994 se mudó con la familia a Soacha. Dos años después, su marido murió en un accidente de tránsito.

Y ella quedó sola a cargo de los niños.

Desde hacía meses Diego Armando estaba buscando trabajo para ayudar a la familia.

“Él me decía, ‘usted se quedó sola madre y nos ha tenido que sostener todo este tiempo. Ahora yo la quiero ayudar un poco’”, recuerda.

Rubiela muestra una foto del cajón. “Ese día terminó el cajón y se fue a dormir. Al día siguiente, cuando volví de trabajar ya no estaba. Mi hijo mayor me cuenta que Diego Armando le había dicho que había conseguido trabajo. Pero no más”.

Durante ocho meses Rubiela Giraldo no supo nada de su hijo. Lo buscó en los hospitales, en las morgues cercanas, en las casas de los vecinos. En todas partes.

Hasta que se encontró con otra madre, una vecina del barrio que le dijo que los hijos de otras mujeres de la zona estaban apareciendo muertos en Ocaña, una localidad ubicada a unos 630 kilómetros al norte.

“Me dijeron que los estaban encontrado en fosas comunes”, relata.

Ella se dirigió a la Fiscalía de Colombia para reportar su caso. Y entonces, una mañana de octubre de ese año, mientras cubría un turno en la empresa donde trabajaba le dijeron que tenía ira su casa

“El jefe no fue capaz de decirme nada. Solo cuando llegué a mi casa mis hijos me dijeron que habían encontrado a Diego Armando en Ocaña. Me lo habían asesinado a tiros”.

“Sentí que me arrancaban un pedazo del cuerpo”.

Buscando la verdad

Los hallazgos en Ocaña resultaron macabros. Decenas de cuerpos eran hallados no solo en fosas comunes dentro del principal cementerio de la ciudad, sino en las laderas que lo rodeaban.

“Eran tantos cuerpos, que ya no cabían en el cementerio, entonces comenzaron a enterrarlos en lugares aledaños”, relata.

Pero, ¿por qué habían matado a tiros a un joven que su madre cuenta solo estaba buscando trabajo?

Pronto comenzaron surgir rumores de que estaba involucrado el ejército. Y pronto se dieron cuenta que la versión oficial es que esos jóvenes eran guerrilleros que habían sido dados de baja.

“No se me olvida al viejo de (Álvaro) Uribe diciendo que esos jóvenes no estaban en Ocaña recogiendo café. No sabe la rabia que sentimos ese día”, recuerda Giraldo.

“¿Cómo van a ser guerrilleros unos muchachos que el día anterior de desaparecer estaba en la casa, arreglando un cajón y que solo quería encontrar un trabajo a más de 600 kilómetros de donde los encontraron muertos?”, cuestiona.

Giraldo cuenta que las madres y familiares de los otros jóvenes, apoyados por el personero de Soacha, Luis Fernando Escobar Franco, comenzaron una campaña para conocer la verdad.

“Yo no pude dedicarle todo el tiempo que quería, porque tenía que pagar la hipoteca de la casa y la deuda con la funeraria que había traído el cuerpo de Diego Armando desde Ocaña para enterrarlo acá en Soacha”, señala Giraldo.

Pronto las madres, en su lucha, se toparon con el horror: los militares del batallón de infantería No. 15, que sirve a la ciudad de Ocaña, habían orquestado un macabro plan para engañar jóvenes de comunidades marginales, asesinarlos, vestirlos de guerrilleros y pasarlos como bajas de combate para obtener descansos, condecoraciones, retribuciones económicas u otros reconocimientos.

“Matar a mi hijo por un día de descanso… Saber eso fue desgarrador. Fue muy difícil de procesar”, anota.

Pronto se supo que el caso de Ocaña no era aislado. En otros departamentos de Colombia se habían dado un modus operandi similar. La Jurisdicción Especial de Paz estimó las víctimas de este tipo de ejecución en 6.402, aunque señaló que podrían ser muchas más.

Distintas organizaciones establecieron que aunque el fenómeno de estas ejecuciones extrajudiciales, que se popularizaron con el nombre de “falsos positivos”, viene ocurriendo desde los años 80, fue durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) donde las cifras alcanzaron niveles dramáticos.

Y señalan que la política de recompensas por bajas, impulsada por el comandante del Ejército de ese entonces, general Mario Montoya, con el conocimiento del ministro de Defensa de entonces, Juan Manuel Santos (quien sería presidente de Colombia entre 2010 y 2018), fue determinante.

“Si ellos no responden, nunca vamos a tener la reparación”, dice

Sobre este caso, la Justicia colombiana ha logrado condenar a cerca de 1.700 personas implicadas en este tipo de crímenes.

Entre ellas a 31 militares.

Además, en octubre de 2022, ante la JEP, se dio una declaración inédita por parte de los militares que perpetraron estos crímenes, donde le pidieron disculpas a las madres y familiares de las víctimas.

Esto ocurrió en la ciudad de Ocaña, donde fueron halladas la mayoría de los jóvenes de Soacha.

Rubiela Giraldo dice que ha sanado interiormente con varias acciones que ha tomado. “Una de ellas fue tirarme en paracaídas con un militar que estaba invoucrado en estos crímenes y que estaba en un proceso de reparación”, relata.

Pero señala que la herida permanecerá abierta para siempre hasta que no se responda una pregunta:

“¿Quién dio la orden de matar todos esos muchachos?”.

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