Falta de defensa legal pone en riesgo de deportación a inmigrantes
Los inmigrantes que solicitan asilo pueden enfrentar serios riesgos de deportación, si no tienen una asesoría legal para atender la entrevista de "miedo creíble", indica el Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, que desarrolló un programa de ayuda
Los inmigrantes que solicitan asilo podrían tener un caso válido ante un tribunal, pero la falta de asesoría legal los puede poner en riesgo de ser deportados sin tener la oportunidad de pelear por sus casos.
Así lo revela un nuevo informe del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, el cual apunta la urgencia de abordar los desafíos que enfrentan los solicitantes de asilo en los procedimientos de deportación acelerados.
“Las conclusiones del informe abogan firmemente por la necesidad de una intervención temprana por parte de defensores legales, a fin de garantizar que las personas detenidas tengan una oportunidad justa de presentar sus casos en entrevistas de miedo creíbles y procedimientos judiciales”, señala el reporte.
La intervención de un asesor legal puede permitir a un inmigrante estar listo para su entrevista de “miedo creíble”, la cual es realizada por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Con el apoyo y la asistencia de defensores legales, los solicitantes de asilo pueden navegar por el complejo sistema legal y tomar decisiones informadas sobre sus casos”, señala la organización.
Muchos de los inmigrantes que enfrentan entrevistas están bajo custodia de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo cual es importante tener asesoría legal, una estrategia que lanzó el Programa de Defensa contra la Deportación de Detenidos.
“La idea era proporcionar intervenciones legales tempranas para los solicitantes de asilo bajo custodia de ICE antes de su entrevista de miedo creíble”, indican los expertos. “El proyecto se llevó a cabo durante ocho semanas en el verano de 2023 e involucró a un equipo de abogados, estudiantes universitarios y de derecho”.
El resultado, se indica es una tasa de aprobación de casos de asilo del 91.6%.
“A pesar de los desafíos, incluida la falta de privacidad durante las entrevistas del CFI y la prohibición arbitraria de presentación de pruebas en los centros de detención, el equipo desarrolló una tasa de aprobación del 91.6%”, indica el reporte.
El trabajo se realizó principalmente en centros de procesamiento de El Paso, en el condado de Otero y el condado de Torrance.
Michelle Ortiz, estudiante de la Universidad de Chicago, pasante en Las Americas Immigrant Advocacy Center Verano 2023, reconoció la importancia del programa y la ayuda que brinda a inmigrantes.
“Cuando comencé mi estancia en Las Américas, no tenía conocimiento previo de cómo funcionaba el proceso de asilo ni cuáles eran los requisitos para obtenerlo”, expuso. “Lo que me permitió comprender plenamente el proceso de solicitud de asilo, sus dificultades… fue preparar a los solicitantes de asilo detenidos para su TPI [entrevista]”.
Ortiz destaca que la orientación legal para los inmigrantes permite mantenerlos seguros, pero en forma confidencial.
“Ver cómo el 100% de las personas que preparamos minuciosamente en [Torrance] recibieron un resultado CFI positivo me aseguró que el Programa de Preparación CFI de Las Américas funciona y que, por el momento, es la mejor opción que tenemos”, celebró.
Algunos resultados clave
El reporte sobre asesoría legal para peticionarios de asilo destaca:
– Las intervenciones legales tempranas en el proceso del entrevista de “miedo creíble” (TPI) pueden conducir a mejoras en resultados legales.
– Por ejemplo, se demostró que un resultado positivo del 50% mayor en inmigrantes que reciben la asesoría temprana.
– Se detectaron limitaciones en agencias del DHS, como ICE y USCIS, que menoscabaron la capacidad de los asesores legales con los inmigrantes, como otorgar privacidad adecuada, por ejemplo.
– Los patrones de abuso en centros de detención de ICE pueden complicar también las entrevistas para asesoría legal.
– Los expertos de Las Américas sugieren el cierre del centro de procesamiento de Torrance, Nuevo México, debido a abusos y limitaciones.