ACLU emite alerta de viaje para Texas tras la entrada en vigor de la SB4 y otras leyes antiinmigrantes

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) emitió este martes una alerta de viaje a Texas tras la firma de leyes antiinmigrantes como la Ley SB4, por la posibilidad de un aumento de casos de detención injusta y deportación, así como por violaciones de derechos de inmigrantes y de personas de minorías al viajar a Texas.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó ayer un paquete de leyes antiinmigrantes, que incluye la ley SB4, considerada una de las más estrictas en la historia de Estados Unidos, como parte de la operación Estrella Solitaria, con la que el gobernador de Texas continúa promulgando medidas antiinmigrantes y dedicando miles de millones de dólares para intentar reducir la inmigración irregular.

La ACLU informó en un comunicado que aunque las leyes no entrarán en vigor hasta febrero y marzo de 2024, la publicación del aviso permite que la gente considere sus planes de viaje y se prepare en consecuencia.

La alerta de ACLU tiene el objetivo de advertir a las personas que viajan por Texas para que conozcan sus derechos y tomen precauciones importantes para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos debido a las leyes extremistas que los legisladores de Texas han aprobado contra inmigrantes y personas de color.

Las oficinas de ACLU de New Mexico, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Arizona, Texas y de los condados de San Diego e Imperial en California, emitieron el aviso recomendando a los viajeros que conozcan sus derechos, “tomen precauciones” y consideren sus planes de viaje antes de ir a Texas o si tienen que viajar dentro de ese estado.

“Este aviso de viaje conjunto destaca la solidaridad de las comunidades que rodean Texas, así como de los estados fronterizos vecinos, contra las políticas punitivas y contraproducentes que dañan a nuestras comunidades de inmigrantes y no hacen nada para dar la bienvenida a las personas que buscan seguridad y refugio en nuestra frontera sur”, dice el comunicado de ACLU.

ACLU asegura que las leyes de ese estado “amenazan la seguridad y los derechos de las personas que viajan a Texas, independientemente de su estatus migratorio”.

Entre las leyes promulgadas el lunes por el gobernador Greg Abbott destaca la SB4, que convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

Asimismo, la ley otorga a la policía la facultad de detener y expulsar a los migrantes.

La SB4, cuya entrada en vigor está prevista para marzo de 2024, incluye también una disposición que permite a los jueces de Texas ordenar en algunos casos a las personas que salgan de Texas hacia México sin la posibilidad de buscar protección legal.

La ACLU advierte que cuando se implemente, la SB4 representa un riesgo para cualquier persona mientras se encuentre en Texas, ya que tanto los viajeros como los residentes de Texas pueden ser acusados de “entrada ilegal” a Texas y enfrentar arresto e incluso que se ordene su deportación por parte de un juez de Texas.

La ACLU también advirtió sobre otra de las leyes firmadas por Abbott, la cual crea una sentencia mínima de 10 años para personas, incluyendo a menores de edad, acusadas de “tráfico de personas”.

Victoria López, directora de programa y estrategia de ACLU de Arizona, dijo en un comunicado que estas leyes están alimentadas por el racismo y la xenofobia.

“El costo para los inmigrantes y para los ciudadanos de todo el estado es demasiado grande. Los arizonenses que viajen a Texas correrán el riesgo de verse arrastrados por este plan para criminalizar y deportar a personas de color. Esto no es más que fanfarronería política a expensas de los inmigrantes”, añadió.

El aviso de viaje se dio casi al mismo con la presentación de una demanda por parte de ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) que impugna la ley SB4.

La demanda alega que la ley es inconstitucional y pide a una corte federal que no permita que la medida entre en vigencia. 

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