Totolapan, el  municipio en resume todos los males de México

MÉXICO-  El municipio de San Miguel Totolapan no llega a los 30.000 habitantes y su cabecera municipal, enclavada en la sierra del empobrecido estado de Guerrero, apenas cuenta con unos cinco mil pobladores, pero bien que resume en su geografía agrícola todos los males de México que cada día toman fuerza.

“Históricamente Guerrero es un laboratorio de los horrores que después vemos en otros estados”, dijo el analista político y periodista local Sergio Ocampo. “Si hay que proyectar lo que viene en el país hay que mirar acá, como en los años 70”.

Cincuenta años después, el 8 de noviembre pasado los comisarios de 112 comunidades de los municipios Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan denunciaron que un grupo delincuencial secuestró a 10 personas de Barranca de Velázquez y a un hombre y un niño de Coronillas y otros dos habitantes de San Bartolo.

¿La razón? La Familia Michoacana pretende llegar hasta Acapulco desde la costa norte y pelea territorio con otras organizaciones criminales como Los Tlacos, Los Tequileros y Los Ardillos, según denuncian los pobladores, organizaciones sociales como el Centro de Derechos de la Montaña Tlalchinollan y analistas.

Quieren quedarse con los recursos maderables y minas que no se han explotado y quieren fijar cuotas ilegales al consumo, la producción, los servicios, llegar a cobrar impuestos clandestinos por encima del gobierno o incluso donde éste no llega.

“La sierra de Guerrero no es una zona boyante o próspera económicamente porque no tiene un nivel de desarrollo alto (es una de las más pobres del país); sin embargo, este grupo criminal busca controlar a las autoridades municipales, las direcciones de Seguridad Pública y acceder a los presupuestos de los gobiernos municipales”, dijo el especialista en seguridad David Saucedo.

La Familia Michoacana creció al obligar a los alcaldes a darles el 10% del presupuesto municipal desde hace por lo menos 15 años.

Saucedo considera que la expansión de esta organización en Guerrero ha sido favorecida por la estrategia oficial del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de llegar a una “pax narca”.

“Hay una estrategia muy similar en varios estados: el de jugar el papel de árbitro para hacer que disminuya la violencia homicida, pero normalmente no funciona y termina convirtiéndose en aliado de alguno de los grupos criminales”.

HORRORES Y COMPLICIDADES

Las privaciones de la libertad en contra de la población rebelde en la región ocurrieron a pesar de que el 2 de octubre se integró el grupo de autodefensa Pueblos Unidos por la Paz de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo. O quizás por ello.

Los habitantes anunciaron que estaban hartos de las presiones criminales. Incluso les habían atacado con drones artillados que obligaron al desplazamiento forzado de mil 500 habitantes de la región como Linda Vista, Plan Verde, Toro Muerto y Puerto Gallo.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ubica a Guerrero como la entidad en la que más personas han sido orilladas a abandonar sus hogares debido a la inseguridad: con 25 mil desplazados, concentra a la mitad de las víctimas de todo el país.

Por otro lado continúa creciendo el número de muertos, desaparecidos y desplazados a pesar de las autodefensas y la intervención de fuerzas del estado.

El  23 de octubre fueron emboscados y asesinados 11 policías municipales, el secretario de Seguridad Pública más el director de la policía preventiva de Coyuca de Benítez

Aquel día en la capital del estado, Chilpancingo, también murió baleado Rigoberto Acosta, ex dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), activista y catedrático local, apenas unos días después de la muerte del líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Bruno Plácido.

Bruno Plácido era uno de los fundadores veteranos de la Policía Comunitaria CRAC inspirada en las modificaciones legales que se hicieron en 1994 tras el levantamiento zapatista que permitió a los pueblos originarios organizar sus propios sistemas de seguridad y justicia.

Fue parte de las CRAC hasta que, por divisiones internas, se separó de éstas, fundó la Upoeg y  sacó en 2013 los movimientos de autodefensas a los municipios “mestizos” que operan con el modelo policial del Estado. Durante 10 años la Upoeg se extendió principalmente en la costa con polémicas denuncias de que algunos de sus comandantes se volvieron cómplices de criminales.

“No son mis hijos para que yo los tenga bien vigilados. Aquí puede haber de todo, malos y buenos, pero hay más buenos que malos”, respondió Plácido.

Previo a su muerte, Plácido alertó de que Los Ardillos y Los Rusos ganaban terreno y acusó a gobiernos emanados de todos los partidos políticos de estar coludidos con el crimen organizado.

El domingo 15 de octubre, un grupo de hombres armados asesinó a balazos en el mercado municipal de San Marcos a Juan Carlos González, comandante fundador de Upoeg, y  al día siguiente cayó él en Chilpancingo. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado, le había quitado recientemente a los escoltas.

El centro Tlalchinollan consideró que su deceso dejó la vía libre a muchos criminales. “Su lucha fue auténtica, dio la batalla para desmantelar los grupos de la delincuencia, sin embargo, ante la ausencia de las asambleas como máxima autoridad (que sí tienen las comunidades indígenas) y la falta de controles internos lo llevó a caer”, detalló en un comunicado.

A principios de diciembre la crisis regional empeoró y la Fiscalía General del Estado suspendió actividades de su personal administrativo que labora en toda la región de la Tierra Caliente  que incluye al municipio de San Miguel Totolapan “para no exponer su integridad ante la inseguridad que prevalece en esa zona”.

Así dejaron de operar 25 oficinas: Ministerios Públicos, Atención a víctimas Sexuales y Recuperación de Vehículos.

Fue después del asesinato del Teniente Coronel Víctor Manuel Salas Cuadras, quien se desempeñaba como fiscal regional y diversas amenazas. Luego salió el Ejército del lugar y los pobladores volvieron a armarse para proteger ellos mismos las calles. “Nos dejaron solos”, dijo uno de los autodefensas a la prensa local.

Esto significa en esa zona en manos de La Familia Michoacana cuyos líderes, Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, identificados como El Pez y El Fresa, habían fincado su centro de operaciones en San Miguel Totolapan hasta que un grupo criminal atacó el poblado y acribillaron a 22 personas, incluyendo al presidente municipal. El crimen sigue impune.

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