El impuesto sobre los servicios públicos, falsamente presentado como progresista

Tal vez haya visto alguna campaña de relaciones públicas de Nestlé en la que se promociona su  supuesta trayectoria estelar en materia de sostenibilidad. Dice en la campaña que su agua tiene forma  ecológica, que su botella contiene un 15% menos de plástico y pide a los consumidores que  reciclen. 

El problema es que el 98% de los productos de Nestlé se venden con plástico para un solo uso, y  la empresa usa para sus productos 1.7 millones de toneladas de plástico al año. No es precisamente la empresa  ecológica de sus anuncios. Esta práctica se denomina “greenwashing”. 

California tiene tres empresas de servicios públicos en forma de monopolio. PG&E, SoCal  Edison y SDG&E. Todos estamos familiarizados con sus facturas de electricidad. Facturas  cada vez más altas y difíciles de pagar cada mes. Ellos también son culpables de contratar a  empresas de marketing y relaciones públicas de alto costo para confundirnos. Su técnica de  manipulación psicológica preferida es una estrategia cada vez más popular pero insidiosa que  llamamos “equity-washing”. 

En pocas palabras, PG&E y los demás monopolios de servicios públicos anuncian una  política que proponen como fiscalmente equitativa para sus clientes de bajos ingresos. Sin  embargo, cuando se examinan los detalles, la política no es más que un plan para mantener  los beneficios de sus accionistas de Wall Street a costa de las familias trabajadoras y de  clase media. 

El último intento del monopolio de servicios públicos es lo que llaman “tarifas fijas basadas en  los ingresos”. Cuando oímos hablar por primera vez de esta política, nosotros, como muchos  defensores, pensamos: “Vaya, un impuesto progresivo sobre las facturas de los servicios  públicos. Por fin, los ricos consumidores de energía pagarán lo que les corresponde”. Nos  equivocábamos. 

Cuando examinamos más detenidamente el llamado “impuesto fijo basado en los ingresos”, nos  quedamos asombrados. La política estaba mal desde el principio. En primer lugar, los grupos de  presión del monopolio de los servicios públicos la introdujeron a última hora en un proyecto de  

ley sobre el clima, y la Comisión de Servicios Públicos (que regula los servicios públicos) se  negó a celebrar audiencias públicas sobre la política. Así que la transparencia pública no ha sido  transparente. 

Después leímos una carta enviada a la CPUC por 24 economistas progresistas especializados en energía en la que señalaban que esta política no sólo no es progresista, sino que  perjudica a millones de familias que viven en casas pequeñas, condominios y apartamentos.  Familias que dependen de la conservación de la energía para reducir sus facturas mensuales de servicios públicos. En otras palabras, los trabajadores más necesitados de  California. 

En realidad, el llamado “impuesto fijo basado en los ingresos” no es más que un impuesto  sobre los servicios públicos para los trabajadores pobres y la clase media. 

Para luchar contra el “equity-washing” del monopolio de los servicios públicos, hemos ayudado  a organizar una coalición de más de 220 organizaciones comunitarias de base,  como la California Environmental Justice Coalition, la California Alliance for Retired  Americans, el Western Center on Law & Poverty, el Center for Biological Diversity, Tenants  Together, la Martin Luther King Jr. Freedom Foundation, Catholic Charities y California  Interfaith Light and Power, todas ellas voces que abogan por la equidad real en nuestra sociedad  y no por los intereses de algunas empresas que comercian con Wall Street, como las empresas  de servicios públicos monopolísticas. 

Afortunadamente, los legisladores de California también están sacando a la luz el esquema de  “greenwashing” de las empresas de servicios públicos monopolísticas. El mes pasado, la  asambleísta demócrata Jacqui Irwin presentó el proyecto de ley AB 1999. El proyecto de ley  revocaría el impuesto sobre los servicios públicos. A ella se unió un grupo diverso de 35 miembros de la Asamblea y senadores estatales. Una derogación completa sería un  resultado apropiado para una política tan negativa y engañosa. 

Esperamos con ansia la anulación del impuesto sobre los servicios públicos. Aún más,  esperamos con interés discutir realmente las formas más progresistas de reducir la huella  de carbono de California y, al mismo tiempo, reducir las facturas de energía para las  familias trabajadoras de California. 

He aquí una pista. La respuesta no favorece los intereses de los monopolios de servicios públicos  que obtienen decenas de miles de millones de dólares de beneficios cada año y pagan a sus  directores ejecutivos primas de 50 millones de dólares. Pero la respuesta para resolver los costos  energéticos fuera de control se basa en una energía ecológica más limpia y barata. Esta verdad no  se puede ocultar.