Investigarán limpieza de campamentos de desamparados tras irregularidades
No solo les quitan sus pertenencias porque según dicen son voluminosas sino que adulteran los documentos de los decomisos, dice jueza
La jueza federal Dale S. Fisher encontró que funcionarios de la ciudad de Los Ángeles adulteraron evidencias que apoyan las acusaciones de que decomisaron y destruyeron ilegalmente propiedad de las personas desamparadas, lo que podría ocasionar que enfrenten sanciones.
Así lo dio a conocer el diario Los Angeles Times al publicar que la jueza Fisher determinó en una sentencia que la Ciudad de Los Ángeles no solo alteró, modificó y creó documentos relevantes a los reclamos de los demandantes sino que fracasó en producir la documentación requerida.
“Basta decir que la credibilidad de la ciudad ha sido dañada significativamente”, escribió la jueza.
Se dio a conocer que en algunos documentos, la palabra artículos voluminosos fue reemplazada por riesgos de salud o contaminados, luego de que ella dictaminó que la ley de la ciudad que prohibía los artículos voluminosos era inconstitucional.
Una demanda que lleva cinco años
El 18 de julio de 2019, siete residentes sin hogar que estaban viviendo de los barrios de Van Nuys a Harbor City junto con dos organizaciones comunitarias interpusieron una demanda contra la ciudad de Los Ángeles para desafiar la constitucionalidad de la sección 56.11 del Código Municipal de Los Ángeles, usada para justificar la práctica de decomisar y destruir pertenencias críticas de los desamparados para sobrevivir en las calles como carpas, medicamentos y documentos importantes.
The Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA), Schonbrun Seplow Harris & Hoffman LLP (SSHH), y Kirkland & Ellis LLP presentaron la demanda, alegando que la Ciudad de Los Ángeles de manera rutinaria, decomisa y destruye las pertenencias de los desamparados.
De hecho, no necesitan una orden o avisar a los desamparados antes de decomisar productos que consideran voluminosos o de más de 60 galones. Incluso, la ordenanza municipal permite a los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles arrestar a cualquiera que intente desafiar las decisiones del área de limpieza municipal.
Como resultado, en el último trimestre de 2018, los equipos municipales visitaron más de 2,000 campamentos y tiraron más de 435 toneladas de restos, y enviaron menos de 160 bolas de pertenencias para ser almacenadas.
Entre los artículos desechados por LA Sanitation (Limpieza de Los Ángeles) se encontraban la tienda de campaña de Janet García, ropa, herramientas para reparar bicicletas y artículos de limpieza que necesitaba para su trabajo como limpiadora de casas, todos los cuales fueron incautados y destruidos durante un operativo en enero de 2019.
García se había alejado momentáneamente de su tienda para prepararse para ir a trabajar. Cuando regresó, los trabajadores sanitarios estaban tirando todas sus pertenencias. Esta no fue la primera ni la última vez que perdió sus pertenencias.
“Trabajo como limpiadora de casas y me han quitado mis artículos de limpieza varias veces. Cada vez que pierdo mis pertenencias, tengo que empezar de nuevo. ¿Cómo se supone que voy a volver a ponerme de pie cuando siguen haciéndome volver al punto de partida?
Ahora, en medio de una investigación forense ordenada por el tribunal, el juez federal del caso determinó que la Ciudad alteró, creó y no produjo informes relacionados con los operativos en los campamentos, evidencia clave sobre los hechos más fundamentales del caso.
El equipo de litigio en García contra Los Ángeles declaró tras conocerse la determinación de la jueza:
“Nos complace que el Tribunal haya ordenado una investigación sobre las prácticas de la Ciudad. Esperamos concluir el examen forense y regresar a los tribunales, para que finalmente podamos poner fin a la conducta ilegal de la Ciudad y lograr una justicia bien merecida para nuestros clientes”.
Aunque si bien estos decomisos ocurrieron mayormente durante la administración del alcalde Eric Garcetti, de acuerdo a la Legal Aid Foundation de Los Ángeles, han continuado bajo el gobierno de la alcaldesa Karen Bass.
Otras pertenencias de los demandantes que han sido destruidas de conformidad con las políticas de la Ciudad incluyen una perrera utilizada por un demandante para mantener seguro a su perro y carritos caseros que otro estaba usando para transportar sus pertenencias durante las numerosas limpiezas realizadas por el equipo de limpieza.
En ambos casos, LA Sanitation y LAPD determinaron que los artículos eran “voluminosos” y fueron destruidos de inmediato. En otro caso, la tienda de campaña de un demandante fue confiscada y luego tirada a la basura porque estaba mojada.
“Deshacerse de las pertenencias de las personas bajo una discreción arbitraria y reglas confusas perjudica la salud y capacidad para trabajar y encontrar vivienda. Las prácticas actuales y la ley que las sustenta son inconstitucionales”, afirmó la abogada de los demandantes, Catherine Sweetser.
La Opinión no pudo obtener un comentario de la Fiscal de la Ciudad ya que no comentan sobre demandas y asuntos en litigio.
Los demandantes están buscando una compensación por la propiedad destruida, y el dolor y el sufrimiento así como una declaración que indique que las políticas municipales violan las constituciones de California y Estados Unidos.