La DEA propone reevaluar la clasificación de la marihuana como droga menos peligrosa
La propuesta de reclasificación de la marihuana por parte de la DEA busca reconocer sus usos médicos y moverla a una categoría menos restrictiva, pero su implementación aún está sujeta a un largo proceso de revisión y debate público
Crédito: Kitreel | Shutterstock
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) está dando pasos significativos hacia la reevaluación de la clasificación de la marihuana, considerándola como una sustancia menos peligrosa. Según una propuesta del Departamento de Justicia, se reconocerían los usos médicos del cannabis, aunque su legalización para fines recreativos no estaría en discusión.
La propuesta implica trasladar la marihuana desde la clasificación actual en el Grupo I de la Lista de Sustancias Controladas a una posición menos restrictiva en el Grupo III. Este cambio representaría un hito en la política de drogas de Estados Unidos y podría tener amplias implicaciones tanto a nivel nacional como internacional.
Sin embargo, a pesar de la importancia del anuncio, técnicamente no cambia nada de inmediato. La propuesta aún debe someterse a una revisión por parte de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, seguida de un período de comentarios públicos y una revisión por parte de un juez administrativo. Este proceso podría llevar tiempo y requeriría la aprobación de varias instancias gubernamentales.
La reacción ante esta propuesta ha sido variada pero mayoritariamente positiva. Vince Sliwoski, un destacado abogado especializado en cannabis y psicodélicos con sede en Portland, Oregon, lo describe como un “cambio de paradigma emocionante”. Este cambio se produce después de que el presidente Joe Biden solicitara una revisión de la clasificación de la marihuana, equiparándola legalmente con drogas como la heroína y el LSD.
Si bien Biden ha expresado su apoyo a la legalización de la marihuana medicinal basada en evidencia científica, la propuesta actual no implica una legalización generalizada para uso recreativo. Esto significa que la marihuana seguiría estando sujeta a regulaciones federales, aunque en una categoría menos restrictiva.
A nivel estatal, es poco probable que la reclasificación tenga un impacto inmediato en los programas de marihuana medicinal ya autorizados en 38 estados o en los mercados legales de cannabis recreativo en 23 estados. Sin embargo, es probable que estas entidades enfrenten desafíos para cumplir con los requisitos federales de producción y distribución establecidos para las drogas del Grupo III.
Uno de los mayores impactos potenciales de esta reclasificación sería en el ámbito de la investigación. Actualmente, la marihuana en la Lista I ha sido objeto de fuertes restricciones para la realización de estudios clínicos autorizados que involucren su administración. La reclasificación a la Lista III facilitaría considerablemente la investigación, aunque aún persistirían algunas barreras.
Expertos como Ziva Cooper, directora del Centro de Cannabis y Cannabinoides de la Universidad de California en Los Ángeles, sugieren que podría llevar tiempo antes de que las condiciones para la investigación se normalicen por completo. Sin embargo, la reclasificación abriría la puerta a una gama más amplia de estudios sobre el cannabis y sus efectos terapéuticos.
Por otro lado, algunos expertos en políticas de drogas advierten que la reclasificación por sí sola no resolverá todos los problemas asociados con la marihuana. David Culver, vicepresidente senior de asuntos públicos del Consejo del Cannabis de Estados Unidos, señala que el cambio no afectará directamente a las personas encarceladas por delitos relacionados con la marihuana.
En resumen, la propuesta de reclasificación de la marihuana por parte de la DEA representa un paso significativo hacia una política de drogas más pragmática y basada en la evidencia. Si se implementa, podría tener repercusiones importantes en la investigación científica, el acceso a la marihuana medicinal y el panorama legal en general. Sin embargo, el proceso de revisión y aprobación aún está en sus etapas iniciales, y se requerirá un amplio debate público antes de que se pueda tomar una decisión final.
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