Abandonados en otro país, los migrantes varados en México
De acuerdo a las cifras más actualizadas de la Secretaría de Gobernación, México rechazó hasta marzo del presente año a casi 360,000 migrantes “en situación irregular”, lo cual significa que cada día negó la estancia a 4,000 personas
MÉXICO- Aunque el gobierno de Estados Unidos y el de México acordaron que desde el sur de este país impedirían que inmigrantes abordar el tren de carga para viajar clandestinamente desde la frontera con Guatemala hacia el norte, cientos de indocumentados subieron sin mayor problema.
Hasta hace unos días avanzaron casi 7,000 kilómetros en los últimas semanas hasta que el conductor se detuvo en seco en el estado de Durango y huyó: dejó sobre el lomo de La Bestia a niños, embarazadas, ancianos, enfermos…
En el aeropuerto de la Ciudad de México, otros extranjeros sufren a diario el llegar a la ventanilla del Instituto Nacional de Migración para que los aparten, los lleven “al cuartito”, un espacio apartado, y les suelten: “No puedes entrar a México”.
De vuelta al sur, en Tapachula, la ciudad chiapaneca donde se concentra el mayor número de personas de otras nacionalidades con solicitud de asilo o refugio, miles de ellos esperan por meses por una respuesta negativa sin dinero para volver a sus países ni condiciones sociales, económicas y políticas: varados con las manos vacías, en crisis suicidas.
De acuerdo a las cifras más actualizadas de la Secretaría de Gobernación, México rechazó hasta marzo del presente año a casi 360,000 migrantes “en situación irregular”, lo cual significa que cada día negó la estancia a 4,000 personas.
Este país cuenta con algunos programas de apoyo a migrantes, como los 150 millones de dólares que canalizó en 2023 hacia Centroamérica y otros países del sur; o los 110 dólares al mes que otorga a migrantes venezolanos; sin embargo, no financia el retorno.
Salvo el acuerdo que firmó recientemente con el gobierno de Nicolás Maduro; con el resto del mundo, no existen convenios permanentes y, en cambio, recibe desde Estados Unidos a miles de deportados: en 2023, se calcula que la cifra fue de más de 13,000, principalmente de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
A esto se agrega que México registró un récord de 782,176 migrantes irregulares en 2023, una subida anual del 77%.
De acuerdo con denuncias de algunos migrantes, el problema principal es que la Comisión de Ayuda a los Refugiados (Comar) tarda mucho en responder las peticiones de asilo y, al final se los niega, cuando ellos gastaron todos sus ahorros o sus familiares no pueden sostenerlos.
El cubano William Rodríguez declaró a la prensa en la ciudad de Tapachula que comenzó su trámite en agosto pasado y cinco meses después le notificaron la negativa.
“Me negaron el refugio y necesito quedarme aquí en México, necesito que me ayuden con eso y me den papeles porque necesito tener un trabajo, yo tengo dos niñas que mantener, estoy atrapados”.
SIN OPCIÓN
Abogados especializados en derechos humanos señalan que el INM suspende o paraliza cada seis meses sus trámites de visa humanitaria o de residencia permanente y los migrantes prefieren esperar a volver a su país o continuar de forma irregular y sobreviven como pueden.
Esto significa permanecer en ciudades que no tienen la infraestructura para atenderlos: en campamentos improvisados, con trabajos mal pagados y la incertidumbre sobre su futuro.
En Tapachula, por ejemplo, el municipio no tiene la capacidad suficiente para asistir a esta población, no se cuenta con espacios ni servicios básicos. Hay albergues de o organizaciones, pero no para tantas personas y existe una falta de acceso a la salud en general.
La organización Médicos sin Fronteras documentó que LAS personas migrantes que han sido víctimas de violencia y/o tortura no tienen cómo atenderse a pesar de que la población que sufre violencia extrema presenta síntomas muy críticos como estrés postraumático, depresión aguda y ansiedad.
“Algunos de nuestros pacientes no tienen deseos de seguir viviendo. Tenemos pacientes que han sido víctimas de violación, otros han sido heridos con armas de fuego, fueron mutilados o presenciaron el asesinato de algún familiar”, dijo Miguel Gil, un psicólogo de la organización con 10 años de experiencia en proyectos de atención a personas migrantes.
“Para tratar de dimensionar un poco la severidad de estos síntomas podría decir que nunca había atendido a tantas personas con ideación suicida como ahí”.
A esto se añaden otros factores que agravan estos síntomas como la falta de acceso a la asistencia humanitaria, esto es algo que también les afecta emocionalmente. Los cambios en las políticas migratorias también impactan en la salud mental, así como la incertidumbre y el rechazo.
Otro llamado de atención de organizaciones de la sociedad civil, así como la Organización de las Naciones Unidas y el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) es la negativa de los registros civiles mexicanos a registrar a los hijos de migrantes nacidos aquí, aunque tengan el derecho garantizado en la Constitución Política del país.
El IFDP estima alrededor de 100 amparos promovidos en México en los últimos cinco años, presentados para defender el derecho a la identidad de estos niños en todos los estados del país, un número simbólico porque la mayoría de los indocumentados no tienen los recursos para llegar a una batalla legal.
Aún así, en Chiapas, en un solo día se registraron cerca de 50 familias que buscaron apoyo a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En Baja California, la UNICEF intervino en 30 ocasiones y en Aguascalientes 10 casos.
A la mayoría de estos menores no se les registra porque sus padres extranjeros no tienen los papeles que el gobierno considera indispensables para expedir el acta de nacimiento. El mayor obstáculo es administrativo porque las autoridades no contemplan el contexto y la situación de las poblaciones migrantes.
“Si no se le da el derecho a la identidad, que es la llave para todo lo demás, lo pones en riesgo. Si los secuestran, si se los roban, ¿cómo acreditan los padres que es su hijo?”, alerta Margarita Juárez, abogada especializada en derecho migratorio y miembro del Instituto para las Mujeres en la Migración. “Es muy grave que, por una cuestión administrativa, los registros civiles vulneren un derecho tan importante”, asegura.
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