El Departamento de Justicia demanda a Oklahoma por ley que permite arrestar y expulsar a indocumentados
La demanda del Departamento de Justicia contra Oklahoma es por una ley que convierte en un delito estatal punible con prisión vivir en en ese estado sin un estatus migratorio legal
La ley SB4 de Texas convirtió en delito estatal los cruces irregulares por la frontera. Crédito: Eric Gay | AP
El Departamento de Justicia (DOJ) demandó a Oklahoma el martes por la nueva ley de control de inmigración del estado inspirada en la SB4 de Texas que permite el arresto de inmigrantes indocumentados por las autoridades estatales, diciendo que invade ilegalmente el poder del gobierno federal para regular la inmigración.
La ley, HB 4156, firmada por el gobernador republicano Kevin Stitt este mes, faculta a los agentes del orden estatales y locales para arrestar a inmigrantes sospechosos de estar en Estados Unidos ilegalmente y está previsto que entre en vigor el 1 de julio.
Leyes semejantes que fueron aprobadas en los estados de Texas y Iowa también han sido objeto de demandas del Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia dice que la ley antiinmigrante de Oklahoma viola la Constitución de Estados Unidos y está pidiendo al tribunal que la declare inválida y prohíba al estado aplicarla.
“Oklahoma no puede ignorar la Constitución de los Estados Unidos y el precedente establecido de la Corte Suprema”, dijo en un comunicado de prensa el fiscal general adjunto principal Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “Hemos presentado esta acción para garantizar que Oklahoma se adhiera a la Constitución y al marco adoptado por el Congreso para la regulación de la inmigración”.
En la demanda presentada el martes, el Departamento de Justicia dijo que su objetivo era preservar la “autoridad exclusiva del gobierno federal según la ley federal para regular la entrada, el reingreso y la presencia de no ciudadanos”.
La ley de Oklahoma crea un nuevo delito llamado “ocupación inadmisible” por ingresar intencionalmente al estado sin autorización legal para estar en Estados Unidos.
El primer delito es un delito menor castigado con un año de cárcel del condado y una multa de hasta $500 dólares o ambas. La persona deberá abandonar el estado dentro de las 72 horas.
Una segunda infracción es un delito grave con hasta dos años de prisión, una multa de hasta $1,000 dólares o ambas.
En particular, la HB 4156 exige que los no ciudadanos condenados por violar sus disposiciones abandonen el estado, otorgando efectivamente a Oklahoma la autoridad independiente para deportar a los no ciudadanos del estado y permitiendo un mosaico de esquemas de inmigración estatales, evidentemente siguiendo el patrón del proyecto de ley SB4 de Texas, aprobado en 2023, que permite a las fuerzas del orden estatales arrestar y deportar a inmigrantes que ingresan al estado ilegalmente.
El senador estatal Michael Brooks, demócrata por Oklahoma City, se ha opuesto abiertamente a la medida durante mucho tiempo y dijo a KOSU, una estación de radio pública operada por la Universidad Estatal de Oklahoma, que el proyecto de ley está mal tanto constitucional como prácticamente porque es poco probable que sea válido en los tribunales y tendrá un impacto negativo sobre los latinos en el estado.
El trabajo diario de Brooks es como abogado de inmigración. El dijo a KOSU que es probable que se emita una orden judicial prohibiendo temporalmente que se aplique la ley antes de que entre en vigor el 1 de julio.
Pero, apuntando a una manifestación masiva ocurrida en el capitolio estatal la semana pasada, Brooks dijo que la comunidad latina del estado está prestando atención a lo que sucede y debe continuar activa.
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