De los inmigrantes en Los Ángeles a Joe Biden: ‘si no nos da nada, no tendrá nada’
Activistas y residentes piden al presidente de los Estados Unidos que cumpla con su promesa de legalización para todas las familias
En la antesala de una política radical que eliminaría la amenaza de deportación para 1.1 millones de personas casadas con ciudadanos estadounidenses, inmigrantes del sur de California le recordaron al presidente Joe Biden que cumpla su promesa de legalización y permisos de trabajo para todas las familias.
Reunidos frente al Edificio Federal de Inmigración en la calle Los Ángeles, decenas de manifestantes instaron a la Casa Blanca “para que ya no retrase la orden ejecutiva” y dé a conocer las reglas para que se pueda legalizar a la mayor cantidad de personas.
“Hemos sido claros y le hemos venido diciendo al presidente Biden que, si quiere entusiasmarnos para que vayamos a las urnas y nos activemos [en las elecciones del 5 de noviembre], votemos por los demócratas y por su reelección, si no nos da nada, no tendrá nada”, declaró Juan José Gutiérrez, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Derechos Plenos de los Inmigrantes (CDPI).
Ante los informes del presunto anuncio por parte de la Casa Blanca y la supuesta orden ejecutiva de Biden, Gutiérrez indico que el llamado “Parole In Place” (libertad condicional) sería un primer paso con el cual se puede transitar y obtener la residencia permanente, si todo el proceso se hace correctamente.
“Nuestra lucha ha sido heroica por más de 40 años”, sostuvo el activista. “Nos han transformado en los esclavos modernos de esta sociedad. ¡Ya basta! Necesitamos una legalización permanente”.
Gutiérrez rechazó la idea de que el gobierno este dividido para que se logre la reforma migratoria, porque, cuando la Administración Biden trabajó para que se aprobara el presupuesto, republicanos y demócratas acordaron, además, $60,840 millones para financiar la guerra en Ucrania, incluidos $23,000 millones para reponer armas; $26,000 millones para la guerra de Israel contra Palestina, incluidos $9,100 millones para necesidades humanitarias, y $8,120 millones para Indo-Pacifico, incluido Taiwán.
“Tuvieron la voluntad política desde la Casa Blanca para que se aprobara -aunque tarde- el presupuesto, y nosotros llevamos 40 años esperando paraque se nos otorgue una solución al problema migratorio”, agregó.
En efecto, la batalla por la esquiva reforma migratoria integral lleva más de cuatro décadas, desde la última reforma a la ley de inmigración conocida como la amnistía”, del fallecido presidente republicano Ronald Reagan, en 1986.
Durante la llamada “amnistía” concedida a tres millones de inmigrantes, entre los que se encontraban 1.3 millones de trabajadores del campo, se logró con la promulgación de la Ley de Control y Reforma de la Inmigración (IRCA).
Desde entonces, todos los esfuerzos por sacar de las sombras a 11 millones de indocumentados han fracasado.
Según el perfil de las personas no autorizadas en Estados Unidos, 5.3 millones de origen mexicano, 741,000 salvadoreños, 724,000 guatemaltecos, 553,000 hindúes y 490,000 hondureños, según el Instituto de Política Migratoria (MPI)
Cecilia Rodríguez, directora ejecutiva de la Alianza Hondureña Los Ángeles (AHLA), recordó a la Administración Biden y a los miembros del Congreso que fue Ronald Reagan quien otorgó la amnistía y después el Estatus de Protección Temporal (TPS) a cientos de miles de sus compatriotas, salvadoreños y nicaragüenses afectados por el devastador huracán Mitch, un año antes.
“Hemos escrito a nuestros congresistas de California y no han respondido”, expresó la lideresa. “Nosotros somos quienes aportamos la gran mano de obra en los campos agrícolas y en numerosas industrias que enriquecen a Estados Unidos, y los campesinos se merecen al menos un permiso de trabajo”.
“Ellos son los que están piscando los alimentos y las frutas que van a las mesas de los ricos que no pagan impuestos”, añadió. “Así es que nosotros no queremos migajas, queremos una residencia permanente para todos, porque lo merecemos. Nuestros hijos crecieron y ahora ellos votan”.
Y advirtió: “Mi mensaje se lo mandamos a los políticos hasta Washington. Viene el 5 de noviembre y esperamos, así como ellos están esperando por nuestro voto, nosotros esperamos respuestas de ellos”.
El diputado federal migrante nacido en Copala, Guerrero, Aniceto “Cheto” Polanco, calificó que el “Parole In Place” del presiente Biden es fruto de la lucha de todos los inmigrantes.
“En conjunto, vamos a seguir luchando hasta que logremos que los 11 millones de migrantes que no tienen documentos en este país, los obtengan”, afirmó. “Ahora más que nunca la lucha debe seguir, y tenemos que echar toda la carne al asador para obtener la reforma migratoria para los que menos tienen”.
Por su parte, Octavia Hernández, senadora suplente del partido MORENA, el mismo de la recién elegida presidenta de México, Claudia Sheinbaum, considero que, independientemente del país que alguna persona provenga, “en Estados Unidos somos una comunidad latina que, con dignidad, pide al presidente Biden que los legalice y que no solo otorgue permisos de trabajo”.
“Tenemos que solicitar una legalización completa, para poder visitar a nuestras familias y regresar a casa sin miedo”, expresó la activista indígena y promotora de los derechos de la comunidad migrante.
Alicia Flores, directora ejecutiva del Centro Juvenil y Familiar Hank Lacayo, de la ciudad de Oxnard, dijo que ya es tiempo que las familias salgan de las sombras.
Agregó que se espera que en la orden ejecutiva del presidente Biden, miles de familias dejarán de estar separadas.
La comunidad latina que siempre vota “está muy desilusionada con los demócratas. Ya es tiempo de que nos vuelvan a enamorar con una reforma migratoria”, expresó Flores. “Por eso alzamos la voz haciéndole saber al presidente que hemos esperado más de 40 años”.