Aborto y Dobbs: latinas quieren libertad para tomar sus decisiones, defiende la Administración Biden

Sin una ley federal para la defensa de derechos reproductivos, incluido la libertad para decidir sobre el aborto, el gobierno del presidente Joe Biden ha implementado órdenes ejecutivas para garantizar algunos derechos, luego de la decisión de la Corte Suprema en 2022.

“En primer lugar [se ha buscado] garantizar que las mujeres reciban la atención que necesitan en caso de emergencia“, destacó en entrevista Jen Klein, directora del Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca. “La segunda protección actúa en cuanto al aborto con un medicamento seguro y eficaz aprobado por la FDA, defendiendo ante los tribunales el derecho a viajar para recibir atención médica, apoyando el acceso a la atención de salud reproductiva para los miembros del servicio militar y los veteranos, ampliando el acceso a anticonceptivos asequibles y, finalmente, fortaleciendo las protecciones de la privacidad de los pacientes y doctores”.

La población latina, reconoce la Administración Biden, es uno de los grupos que ha defendido el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. No se trata de un discurso político, ya que el 54% de los latinos apoya que existe una ley federal para proteger el derecho al aborto, según un reciente sondeo del Intelligence Center de My Code para La Opinión.

“La gran mayoría de los votantes, incluidos los votantes latinos, están de acuerdo en que el aborto debería seguir siendo legal, independientemente de sus creencias personales sobre el tema”, expuso Klein.

Cuestionada sobre lo que ocurre en algunos estados que han tomado decisiones para restringir el aborto, como Arizona y Texas, Klein destaca que las poblaciones latinas han dejado clara su postura para defender los derechos civiles.

“Las personas están preocupadas, ya sabes, por lo que lo hemos visto en Arizona, por ejemplo, ya sabes, una ley de 1864 volvió a entrar en vigor. Y esa ley sigue vigente, al final será reemplazada por una prohibición del aborto de 15 semanas, pero todavía habrá una prohibición del aborto de 15 semanas”, destacó la experta. “Hay una iniciativa electoral en juego en noviembre que consagraría el derecho al aborto en la constitución estatal. Y, ya sabes, los votantes latinos han hablado alto y claro. Eso es lo que quieren. Quieren la libertad de tomar sus propias decisiones”.

Los derechos reproductivos y el aborto destacan entre los cinco temas que más preocupan a votantes latinos, además de la economía, trabajos e inmigración.

La Corte Suprema cambió el rumbo

Hace dos años, la Corte Suprema decidió sobre el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, lo que llevó a la anulación de Roe v. Wade (1973), que garantizaba el derecho constitucional al aborto.

Sin embargo, los estados pueden tener legislaciones para proteger el derecho al aborto, aunque varios gobiernos republicanos han impulsado leyes en contra.

“Lo que sucedió hace casi dos años, cuando se adoptó la decisión sobre Dobbs y se revocó la decisión Roe versus Wade, es que, por primera vez en la historia de Estados Unidos, la gente perdió un derecho constitucional y perdió los derechos constitucionales fundamentales”, consideró Klein. “Y lo que eso ha significado para las mujeres y para la gente de todo este país es que estamos viendo un impacto devastador. Entonces, lo que sucedió después de que se adoptó la decisión de Bobbs es que los estados continuaron aprobando prohibiciones extremas del aborto en todo el país”.

Agregó que a dos años años de la decisión de la Corte Suprema 27 millones de mujeres en edad reproductiva en Estados Unidos viven en uno de los 21 estados que actualmente prohíben el aborto.

“Eso se reduce a más de una de cada tres mujeres en edad reproductiva en este país”, expuso la funcionaria. “En esos estados, los médicos pueden ser acusados de un delito grave simplemente por hacer su trabajo y simplemente brindar la atención que creen que sus pacientes necesitan. En Texas, por ejemplo, un médico podría ser condenado a cadena perpetua por realizar un aborto, y a las mujeres se les niega atención médica esencial para preservar su salud y salvar sus vidas”.

Klein destacó que la decisión del 2022 ha obligado a mujeres que quieren apegarse a su derecho al aborto a viajar a otras entidades.

De hecho, un reciente reporte del Center for American Progress (CAP) hace un mapeo de esos viajes y destaca, por ejemplo, que a nivel nacional, el tiempo promedio de manejo en los distritos electorales para que una mujer con al menos seis semanas de embarazo llegue a una clínica de abortos aumentó en un 300 por ciento.

“Desde que entró en vigor la prohibición del aborto de seis semanas en Florida, el tiempo promedio de conducción hasta una clínica pasó de 22 minutos a nueve horas y ocho minutos en una dirección”, señala el CAP en su reporte. “Los cinco estados principales con el mayor cambio porcentual en los tiempos de conducción desde la caída de Roe v. Wade son Florida, Louisiana, Texas, Alabama y Georgia”.

Todos esos estados son gobernados por republicanos.

Nuevos desafíos en derechos reproductivos

Klein destaca que la decisión de la Corte Suprema ha establecido nuevos desafíos en derechos reproductivos, sobre todo por las diferencias establecidas por cada entidad.

“La Corte Suprema determinó que la decisión y el derecho a tomar o la capacidad de tomar decisiones corresponde legítimamente a los estados”, dijo Klein. “Y pensamos exactamente lo contrario, es decir, si nos fijamos en lo que ha sucedido en los estados de todo el país, no creemos que dejarlo en manos de los estados, entre comillas, sea una buena idea”.

Agregó que hasta ahora al menos 21 estados han complicado que las mujeres reciban atención médica de emergencia o se ha criminalizado el uso de pastillas contra el aborto.

“El presidente dijo esto el día en que se tomó la decisión, no hace casi dos años, que la única manera de reemplazar la carrera constitucional fundamental que se perdió cuando se anuló Roe, es aprobar una legislación federal que restauraría las protecciones de Roe versus Wade”, expuso la funcionaria. “Es por eso que él y la administración han estado pidiendo al Congreso que haga eso. Y ha prometido que firmará esa ley en cuanto llegue a su escritorio”.

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