ONG’s acusan a tabacaleras de interferir en políticas de salud de AL
El consumo de tabaco es el principal factor de riesgo para seis de las ocho causas más frecuentes de muerte en el mundo
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo provoca 500,000 muertes en los países de América Latina y el Caribe, además, genera un costo superior a los $33,000 millones de dólares, equivalente al 7 por ciento de todo lo que la región gasta en salud anualmente.
Pese a ello, frenar el creciente problema del tabaquismo ha enfrentado un reto mayúsculo, pues representantes de organizaciones de América Latina y el Caribe denuncian la interferencia de la industria tabacalera en las políticas públicas de la región.
Según la información difundida, la industria tabacalera utiliza las mismas estrategias de marketing en toda la región con el objetivo de vender un producto como el cigarrillo que mata a más de la mitad de sus consumidores, este análisis puede consultarse en el Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera.
Ante al gravedad de la situación, representantes de organizaciones de América Latina y el Caribe lanzaron un video en donde denuncian la interferencia de la industria tabacalera en sus países y piden a sus gobiernos proteger a las infancias y la adolescencia de esta industria.
Se estima que durante los últimos 15 años, varios países han implementado medidas con el fin de desincentivar el consumo del tabaco, como el aumento de impuestos, la prohibición de publicidad o los espacios libres de humo, sin embargo, el impacto aún no es el esperado.
En el video los representantes de organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela evidencian cómo la industria ha interferido para detener políticas públicas en materia de control del tabaco en estos países y de sus estrategias para atraer a las infancias y la adolescencia al tabaquismo.
Daniel Dorado, Director de la Campaña Control de Tabaco de Corporate Accountability, dijo: “Esta contundente declaración, de un número tan grande de comunidades latinoamericanas y del caribe destaca la importancia de que las personas se unan para resistir las siniestras estrategias de marketing, políticas y de salud pública que las grandes tabacaleras tratan de emplear para aumentar sus beneficios mientras ponen en riesgo, a sabiendas, la salud y la vida de muchos, y especialmente de las generaciones futuras”.
“No nos callaremos ni permitiremos que las corporaciones interfieran en nuestro derecho a la elaboración de políticas de salud pública libres de la interferencia de la industria tabacalera para la salud de nuestros países, ni permitiremos que sigan atrayendo a las generaciones futuras a productos que matan”, sentenció.
Lo anterior al destacar que la industria tabacalera utiliza las mismas estrategias de marketing en toda la región con el objetivo de vender sus productos, principalmente el cigarrillo que mata a más de la mitad de sus consumidores.
Para conocer más sobre esta situación, puede consultarse el análisis que reposa en el Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera (2023), un documento elaborado por Corporate Accountability y el Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco (GGTC por sus siglas en inglés), que recaba información proporcionada por la sociedad civil sin conflicto de interés de 19 países de América Latina y el Caribe sobre la interferencia de la industria tabacalera.
Este reporte, muestra una tendencia al empeoramiento de la situación regional, denotando un aumento en la influencia de estas poderosas corporaciones en los gobiernos de la región, lo que obstaculiza los esfuerzos que se han destinado a reducir el consumo de tabaco y responsabilizar jurídicamente a la industria tabacalera de los daños causados. Todos los países analizados muestran algún grado de interferencia, sobresaliendo las acciones de cabildeo o lobby, financiación de estudios científicos, aportaciones a campañas políticas, reclutamiento de altos funcionarios gubernamentales e impulso de iniciativas de “responsabilidad social corporativa o empresarial” como las campañas de limpieza de colillas.
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