Trump alista demanda por $115 millones al Departamento de Justicia por “persecución política maliciosa”

Donald Trump acusa que la redada y registro realizados en 2022 en su residencia de Mar-a-Lago fueron inconstitucionales y buscaron dañar su reputación

Trump planea demandar por $115 millones al Departamento de Justicia por "persecución política maliciosa"

El ex presidente está reclamando daños monetarios al gobierno, por lo que llamó un "enjuiciamiento político malicioso". Crédito: Rick Bowmer | AP

Un abogado del expresidente Donald Trump presentó un aviso legal anunciando que su cliente planea demandar al Departamento de Justicia y al FBI por 115 millones de dólares por presunto “persecución política maliciosa” y “abuso de proceso”.

Según el documento, la redada y registro realizados en 2022 en su residencia de Mar-a-Lago para confiscar documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca son inconstitucionales y buscaron dañar su reputación.

La demanda del también candidato republicano a la presidencia, que fue presentada bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA), alega que la redada muestra “la clara intencionalidad de persecución política” contra el expresidente, al que se investigó y acusó de retención ilegal de documentos confidenciales de la Casa Blanca.

En su demanda, acusa a los líderes del Departamento de Justicia y al fiscal especial Jack Smith de haber perpetrado un “persecución política maliciosa destinada a afectar un resultado electoral para evitar que el presidente Trump sea reelegido”.

Según NBC News, en el expediente se denuncia que la búsqueda de documentos clasificados en la propiedad de Trump en Florida, aprobada por el tribunal, por parte del FBI en agosto de 2022, fue inapropiada, al igual que la posterior acusación de Trump por las decenas de documentos clasificados sensibles que los agentes encontraron durante la búsqueda.

La presentación, que fue reportada primero por Fox News, dice que la búsqueda violó un “protocolo bien establecido” que involucra a expresidentes y cita una publicación de Trump en las redes sociales después de la búsqueda que decía que el gobierno podría haber tenido los registros “en cualquier momento que quisiera”.

“Todo lo que tenían que hacer era preguntar”, decía la publicación de Truth Social. El expediente no menciona las múltiples solicitudes de los Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia para que Trump devolviera los registros.

El documento asegura que el Departamento de Justicia también había emitido una citación para la devolución de dichos documentos en mayo de 2022, y un abogado de Trump firmó una declaración en la que afirmaba que todos habían sido devueltos ese junio. La orden de registro se ejecutó después de que los investigadores obtuvieran información de que los habían engañado.

El aviso de reclamación sostiene que el “proceso” del Departamento de Justicia fue “inconstitucional”.

El informe dice que Smith “presentó una acusación penal ilegal” que surgió del allanamiento en julio del año pasado, y señaló que el caso fue desestimado por la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon el mes pasado.

La jueza argumentó que el fiscal especial a cargo de la investigación, Jack Smith, no fue designado legalmente, por lo que “viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos”.

La demanda de Trump contra el Departamento de Justicia, que según medios fue presentada la semana pasada, califica este registro de “conducta tortuosa de Estados Unidos contra el presidente Trump”.

La querella se centra en el registro del FBI en Mar-a-Lago en agosto de 2022, en medio de la investigación federal sobre la retención indebida de documentos confidenciales por el expresidente.

Tras el registro se designó a Smith como fiscal especial, quien presentó posteriormente 37 cargos criminales contra el exmandatario relacionados con su manejo de materiales clasificados después de dejar la Casa Blanca.

Entre los delitos figuran los de retención deliberada de información de defensa nacional y conspiración para obstruir la Justicia y declaraciones falsas, cargos de los que Trump se declaró “no culpable”.

El Departamento de Justicia tiene 180 días a partir de la fecha de recepción para responder a la notificación y llegar a una resolución.

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