California no debe postergar la implementación de las leyes de protección de pozos de petróleo

El sistema democrático es, en última instancia, simple. Existe en California – como en cada otro estado de la nación y en el gobierno federal – una división de poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Existe un proceso de legislación que es prolongado y que da oportunidades a todas las partes involucradas a proponer su punto de vista. Las propuestas de ley se generan a partir de inquietudes de individuos u organizaciones de todo tipo, se redactan, se comienzan a debatir en comités. Tenemos dos cámaras; en cada una hay comités especializados de legisladores sobre todo tipo de asuntos. Una vez pasado el escollo parlamentario y aprobado por la mayoría (en algunos casos, las dos terceras partes) de los miembros de estas cámaras, el texto pasa a disposición del poder ejecutivo, en nuestro caso el gobernador. El actual es Gavin Newsom, un demócrata. Si pone su rúbrica, el proyecto se llama ley. Lo mismo si lo ignora al cabo de un tiempo predefinido. Si se opone – emite un veto – y todo empieza de nuevo. 

Usamos esta larga introducción para ilustrar que es un proceso prolongado, exhaustivo, pero que es lo más completo posible; asegura seriedad, responsabilidad, participación de profesionales, expertos y en especial representantes de todas las partes. 

Indica que la ley representa en mayor o menor medida la voluntad del electorado. 

El caso que presentamos es cuando hay intereses creados que son poderosos, acaudalados y sofisticados, como la industria petrolera nacional. 

Existen en California miles de pozos de petróleo pequeños, que todavía operan en vecindad de zonas habitadas, generalmente por personas de bajos recursos, de minorías como los afroamericanos o latinos, de gente con poco poder político.  O que se han agotado y dejado de operar. En cualquier caso, causan contaminación a su alrededor al arrojar benceno y otras sustancias peligrosas que causan cáncer del pulmón a quienes viven cerca y una larga lista de problemas de salud, especialmente para los niños. Deberían cerrarse de inmediato.

Ha llevado años, pero finalmente la opinión pública, las organizaciones al servicio de la gente y los legisladores comprometidos con la comunidad lograron avanzar una serie de leyes de protección que entre otras cosas disponen un cierre organizado de estos pozos y su limpieza, y especialmente, que responsabilizan de ello a las empresas petroleras que originalmente los abrieron. 

Pero no podemos cantar victoria, porque aunque estas leyes ya existen, resulta que hay un esfuerzo por desvirtuarlas, por postergar su implementación, lo que resulta en más sufrimiento para nuestra gente. 

La ley en cuestión, la SB 1137 aprobada en 2022, establece requisitos para monitorear y reparar fugas de pozos existentes. Prohíbe nuevas perforaciones a menos de 3200 pies de distancia de escuelas, hospitales, centros de cuidado infantil y, claro, viviendas, lo que se describe como una “zona sanitaria”.

La lucha por su aprobación comenzó hace 10 años.

Adicionalmente, mediante el truco de simular solicitar un plebiscito para noviembre sobre esta ley, las petroleras ganaron una postergación de año y medio para su implementación.  En junio, se desligaron del plebiscito luego de haber invertido decenas de millones de dólares. 

Con razón, el gobernador cantó victoria y señaló que el camino estaba abierto para la implementación de esta importante protección para la población. 

Pero la oficina del gobernador ha propuesto, ya sobre el cierre de la temporada legislativa, ampliar varios plazos de cumplimiento de la ley por parte de la industria petrolera. Les permite ganar tiempo, para implementar la ley no ahora, cuando la gente se sigue enfermando día a día, sino en uno hasta cuatro años, es decir, cuando Newsom ya no sea gobernador. Aclaremos que si bien la propuesta de la administración deja vigente la prohibición de nuevos pozos, retrasaría implementar requisitos adicionales, incluyendo que las compañías petroleras presenten planes para detectar fugas, presenten mapas públicos de los pozos y cumplan completamente con las normas sobre el ruido, el olor y la luz en los sitios de los mismos.

En nuestra opinión, no hay justificación para una postergación adicional y esta debe rescindirse. 

Al mismo tiempo, arrecia la lucha por la aprobación de nuevas leyes que fortalecerían la protección ambiental a la población. La AB 1866 de Gregg Hart, la AB 2716  de Isaac Bryan,  la AB 3233 de Dawn Addis y otras. El gobernador, que ha múltiples leyes contra la contaminación ambiental, debe seguir siendo consecuente.

El proceso democrático sufre de una distorsión, una anomalía, cuando los poderes fácticos no se resignan y siguen presionando, desvirtuando el espíritu y el texto de la ley. En nuestro estado como en otros tienen una oportunidad a la hora de influir sobre la implementación de las leyes. Es el deber de los gobiernos y sí, de los medios, estar alerta ante estos intentos.