Esposa de un reo en California recibirá millones por humillante registro ilegal en prisión

La esposa de un recluso de California recibirá 5.6 millones de dólares tras ser abusada durante un registro corporal cuando intentó visitar a su pareja en prisión en 2019.

Después de viajar cuatro horas para ver a su esposo en un centro penitenciario en Tehachapi, California, Christina Cárdenas fue sometida a una revisión corporal por parte de funcionarios de la prisión, pruebas de drogas y embarazo, radiografías y tomografías computarizadas en un hospital.

Además, se sometió a otro registro corporal por parte de un médico que la violó, según detalla una demanda consultada por medios como Los Angeles Times.

“No hay compensación que pueda curar por completo el dolor causado por la violación sexual”, dijo Cardenas en una conferencia de prensa. “Mi motivación para presentar esta demanda fue asegurar que otros no tengan que soportar los mismos delitos atroces que yo experimenté”, agrego.

Del acuerdo de 5.6 millones de dólares, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California pagará 3.6 millones y el resto lo pagarán los otros acusados, que incluyen dos funcionarios penitenciarios, un médico y el hospital Adventist Health Tehachapi Valley.

Nunca encontraron contrabando

Los funcionarios de la prisión llevaron a cabo sus registros sobre la base de una orden judicial, que decía que un registro corporal desnudo solo podía realizarse si una radiografía encontraba algún objeto extraño que pudiera ser contrabando en el cuerpo de Cárdenas, dijeron sus abogados. Sin embargo, ni la radiografía ni la tomografía computarizada encontraron evidencia alguna de ello.

La conducta de los funcionarios que la registraron en busca de contrabando equivalió a una “tortura sancionada por el estado”, según una declaración de la famosa abogada Gloria Allred, cuya firma representó a Cárdenas.

Los oficiales informaron a Cárdenas que tenían una orden de registro y que realizarían un registro corporal, según la demanda que Allred presentó contra el Instituto Correccional de California, el Centro Médico Adventista de Tehachapi y otros 10 acusados.

Cuando los oficiales le informaron de la intención de registrarla a ella y sus pertenencias, Cárdenas comenzó a llorar, según la demanda.

“Límpiate las lágrimas! ¡Sabes lo que tú y tu marido han estado haciendo!”, le dijo un oficial, según la demanda.

“No me digas que me seque las lágrimas, soy inocente y lo que me estás diciendo es inapropiado”, respondió la mujer.

La desnudaron para revisarla

Los oficiales supuestamente obligaron a Cárdenas a quitarse la ropa y “ponerse en cuclillas sobre un espejo colocado en el suelo y toser”. Luego le pidieron “ponerse en cuclillas más separadas y abrir sus genitales”, pero no encontraron contrabando.

Posteriormente, esposaron a Cárdenas y la transportaron al Centro Médico Adventista de Tehachapi. Ahí un médico la obligó ilegalmente a completar una prueba de embarazo y le preguntó sobre su historial médico, “incluido su historial personal de salud femenina y su salud mental”.

Se le negó agua y comida, y tuvo que orinar en una palangana en lugar de permitirle usar el baño, según la demanda. Se le tomaron imágenes de rayos X, las cuales tampoco mostraron contrabando.

Una vez que concluyó el registro le dijeron que tenía que pagar por los servicios del hospital y recibió facturas por un total combinado de más de 5,000 dólares. A pesar de que no se encontró contrabando en ninguna de sus pertenencias ni en su cuerpo, a Cárdenas se le negó la visita con su esposo.

Uno de los funcionarios de la prisión le preguntó: “¿Por qué vienes de visita, Christina? No tienes que venir de visita”.

“Creemos que la declaración del oficial desconocido fue una forma de intimidación utilizada para desestimar el derecho de Christina de visitar a su legítimo esposo durante el curso de su encarcelamiento”, dijo la abogada Gloria Allred.

De acuerdo con Los Angeles Times, las prisiones de California han enfrentado un problema constante de abuso sexual y mala conducta, y el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que abrió una investigación sobre las acusaciones de que los funcionarios penitenciarios abusaron sexualmente sistemáticamente de mujeres encarceladas en dos prisiones estatales de California.

A principios de este año, la Oficina Federal de Prisiones anunció que cerrará una prisión de mujeres en el norte de California conocida como el “club de la violación”, después de que una investigación de Associated Press expusiera el abuso sexual desenfrenado por parte de los funcionarios penitenciarios.

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