Autoridades de LA y la comunidad LGBTQ+ abren puente de comunicación

El jefe del alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna y el fiscal George Gascón participaron de una “Cumbre de Construcción de Confianza” con miembros y representantes de la comunidad LGBTQ+ que brindan servicios directos a la comunidad trans y de género inclusivo (TGI).

“Sabemos que uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra sociedad son los crímenes de odio y la comunidad [LGBTQ+] es una que siempre es afectada por el odio y la falta tolerancia”, dijo Gascón a La Opinión.

El fiscal del condado expresó que, “desafortunadamente” muchos de los problemas que aquejan a dicha comunidad no son reportados, porque no hay confianza en los cuerpos de oficiales de seguridad, incluyendo no solo a la policía, a los alguaciles, sino también al procurador de justicia.

Desde 2022, la oficina de George Gascón creó la primera Junta Asesora LGBTQ+, con el objetivo de construir un condado más seguro y saludable para todos.

“Las contribuciones que las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero y queer han hecho a la sociedad constituyen una parte rica de la historia de Estados Unidos. Lamentablemente, las personas LGBTQ+ han sido sometidas durante mucho tiempo a la hostilidad pública, la discriminación y la violencia”.

La Junta Asesora incluye a Bamby Salcedo, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición TransLatina.
Patrocinado por el Departamento de Justicia, la cumbre celebrada en el Colegio del Este de Los Ángeles atrajo la atención de numerosos miembros de la comunidad LGBTQ+, quienes hablaron de las experiencias vividas en sus encuentros con autoridades de la ley y los retos a vencer, particularmente los crímenes de odio.

De hecho, la Comisión de Relaciones Humanas del condado de Los Ángeles (LACCHR), en su más reciente reporte anual muestra que, en 2022 los delitos de orientación sexual constituyeron la segunda motivación más importante (18%) y crecieron un 20%. El 81% de estos delitos tuvieron como objetivo a hombres homosexuales.

Además, hubo 44 delitos contra las personas transgénero, el mayor número jamás documentado. El 91 por ciento de estos crímenes fueron violentos, una tasa mucho más alta que los ataques raciales, de orientación sexual y religiosos.

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, datos preliminares del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles (LASD) muestran que, de 32 casos de delitos de odio, seis han sido contra hombres homosexuales y uno contra una mujer lesbiana.

Específicamente contra mujeres transgénero o del género no conforme, se registraron dos casos en 2023 y uno en 2024, según el detective Emmanuel Cortez de la Oficina de Delitos Mayores del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

El crimen de odio más reciente fue un acto de vandalismo contra el vehículo de una persona transgénero en West Hollywood.

“Es ahí donde nos encontramos ahora”, dijo Cortez, quien trabaja directamente con un fiscal adjunto del condado, especializado en el procesamiento de delitos de odio. “Cuando procesamos un delito de odio, tenemos mucho éxito, no sólo con la investigación y el departamento, sino también a través de los tribunales y la fiscalía”.

En su posición para la revisión de cada crimen e incidente de odio que ocurre en el condado de Los Ángeles, Cortez tiene la facultad de impulsar el caso para que sea sancionado penalmente a nivel estatal o federal, de acuerdo con las circunstancias.

Sin embargo, durante la “Cumbre de Construcción de Confianza” fue abierta y evidente la desconfianza de la comunidad LGBTQ+ ante la presumible protección que deberían tener de parte de quienes representan la ley.

“Soy una mujer trans latina, tengo 53 años y tengo la suerte de desempeñar múltiples roles dentro de la comunidad trans hoy en día”, dijo María Román, vicepresidenta de la Coalición TransLatina de Los Ángeles. “Soy una extrabajadora sexual, una persona que experimentó la falta de vivienda y alguien que ha tenido una larga trayectoria en sus tratos con la policía, la vigilancia y el crimen”.

“Espero que podamos tener un diálogo real y honesto, e incluso si estoy cometiendo un delito, debo ser tratada con respeto, así que espero que tengamos una conversación sincera [con las autoridades]”, añadió.

Frente a la desconfianza manifestada sobre las autoridades, el detective Cortez señaló: “En mi posición, es difícil responder específicamente a esa pregunta”, dijo. “Yo hago lo mejor que puedo, según mis deberes me lo permiten. Para mí, es muy importante la participación comunitaria”.

Y, a modo de generar confianza en la comunidad LGBTQ+, dijo que lo mejor sería trabajar juntos, y hacer que suceda la certidumbre entre ambas partes.

“Nuestro departamento del alguacil está tomando medidas proactivas para que haya confianza mutua. Ese es el mensaje que queremos impulsar y esa es nuestra misión”, afirmó.

“La criminal eres tú”
A sus 53 años, María Román, una mujer transgénero nacida en Fajardo, Puerto Rico, habla con la verdad de haber sido maltratada por la policía, tan solo por el hecho de ser quien es.

Para Román, resulta relevante el diálogo abierto y sincero que tuvo la comunidad LGBTQ+ con autoridades del orden de la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles y del departamento del alguacil.

“Hay conflicto entre la comunidad no solo trans, sino con muchas comunidades de color y la manera en que ellos interactúan con nosotros”, afirma María.

A título personal, subraya que hay una constante discriminación con ciertos grupos, incluyendo a latinos, mujeres, trans y “hay cientos de estereotipos que influyen la interacción entre agentes” del departamento de policía (LAPD) y del sheriff (LASD).

Ejemplifica que, cuando una mujer trans se ha involucrado en un delito, en ciertas áreas de Los Ángeles, los policías llegan sin preguntar “y asumen que la criminal eres tú”.

“En ocasiones estamos involucradas en prostitución o, sin saberlo, en casos de compraventa de drogas, pero, aun así, debe de haber un nivel de respeto en la manera que somos tratadas”, dice María.

“Nos tratan de una manera ignorante” añade. “Por ejemplo, si les digo a los policías que mi nombre es María Román, nos preguntan, ¿Es ese es su verdadero nombre? ¿En verdad eres mujer? Son cosas de falta de educación. Una falta de respeto a la presentación de la persona”.

Esa interacción con la policía, María la cataloga como un acto de violencia.

“Si yo estoy diciendo mi nombre y tales son mis pronombres, un oficial debería estar para protegerme, pero ignora lo que estoy diciéndole”, expresa. “A mi se me hace un acto de violencia, y, de ahí proviene la discriminación por el hecho de que creen saber lo que somos y nos consideran criminales, y no solo por el hecho de ser latino o afroamericano…hay un nivel de discriminación que es obvio…se ve con la gente que vende fruta en la calle y en muchos escenarios donde la interacción no es apropiada”.

Herida en su persona y en su humanidad, María Román narra que, también fue una persona que estuvo lidiando con la falta de un techo, que vivía en las calles de Skid Row, el epicentro de los desamparados de Los Ángeles.

“Tuve muchas interacciones con la policía y fui tratada con fuerza, incluso en el caso donde fui víctima de un taxista y fui yo la persona en quien que se enfocaron”, cuenta María. “El taxista me trató a mí de una mal manera y la criminal fui yo, y fui arrestada”.

La violencia contra mujeres o personas trans se manifiesta también por la violencia doméstica y las agresiones verbales.

“Cuando alguien nos grita tonterías, llega la policía y ellos asumen de manera ignorante que nosotras somos el problema; es ahí donde se ve la discriminación”, sostiene la mujer puertorriqueña.
“Si estamos en una tienda y nos faltan al respeto y nos quieren sacar agresivamente, al final somos nosotras las que nos metemos en problemas”, dice.

En una ocasión, María fue golpeada de una forma brutal en Miami.

“A mí, los policías no me preguntaron nada”, recuerda. “Pero, a la persona que me golpeó hasta le preguntaron qué le pasó. Ellos siempre asumen que la criminal eres tú”.

En el dialogo con las autoridades policiacas para construir un puente de confianza, María Román dice que “es importante seguir hablando con ellos, porque hay esperanza de que cambien.

Un cambio que anhela ella misma es que, cuando una persona trans es encarcelada, los agentes dejen de preguntar en qué cárcel quieren estar: a la de los hombres, o a la de las mujeres.

“Sabemos que esa política está escrita en papel, pero en la realidad no la respetan y hay mucha hipocresía en los departamentos de policía, así que hay mucho trabajo por delante para alcanzar nuestros derechos plenos como mujeres trans”.

María Román es la actual vicepresidenta de la Coalición TransLatina.

Esta publicación cuenta con el apoyo de fondos proporcionados por el estado de California, administrados por la Biblioteca del estado de California en asociación con el Departamento de Servicios Sociales de California y la Comisión de Asuntos Americanos de Asia y las Islas del Pacífico de California como parte del programa Stop Hate. Para denunciar un incidente de odio o un crimen de odio y obtener apoyo, visite https://www.cavshate.org/.