La protección del sueño americano: Por qué debemos preservar DACA y Parole-in-Place

Día tras día, escuchamos sobre lo que no funciona en nuestro país. Ya sea la atención médica, el acceso a la vivienda u otros problemas sociales, a menudo la perspectiva en Washington es la del vaso medio vacío. El tema más reciente que ha cobrado protagonismo en este ciclo electoral es la inmigración, un sistema necesitado de una reforma urgente. A falta de esto, hay programas migratorios como DACA y Parole-in-Place que sí funcionan y deben ser protegidas de la xenofobia y la demagogia que prevalecen actualmente en nuestra sociedad. Mientras celebramos el Mes de la Herencia Hispana, celebremos también a los muchos beneficiarios de estos programas, quienes contribuyen inmensamente a nuestra economía y quieren ayudar a forjar el futuro de los Estados Unidos—a pesar de enfrentarse la posibilidad de tener que abandonar el país que consideran ser su hogar.

El 10 de octubre, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito decidirá el futuro de dos programas de inmigración sumamente exitosos de la última década. La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el programa Manteniendo a las Familias Unidas, también conocido como el Permiso de Permanencia Temporal en el País (Parole-in-Place) han favorecido a millones de familias estadounidenses en los Estados Unidos. Gracias a estos programas se ha podido prevenir la separación de cientos de miles de familias estadounidenses de estatus mixto. Ponerles fin tendría consecuencias graves más allá de la separación familiar, que es devastador en sí.

Comencemos con DACA. Hay cerca de 550 mil personas en el país que son beneficiarias de DACA. Estas personas llegaron al país sin voz ni voto siendo niños, incluso bebés. Crecieron y se criaron en este país, y, para la mayoría, es la única a la que consideran su hogar. Hace doce años, te habría dicho que eran jóvenes adultos en busca de oportunidades para estudiar y contribuir a la economía. Sin embargo, gracias a DACA, desde entonces estas personas han asistido a la universidad, conseguido empleos, pagado impuestos y formado sus propias familias. Eliminar DACA provocaría que más de 120 mil niños —que sí son ciudadanos estadounidenses— cayeran por debajo del nivel de pobreza y perdieran el acceso a la atención médica. Esta decisión también eliminaría a casi medio millón de personas de la fuerza laboral. Si esto se convirtiera en realidad, un informe reciente de FWD.us proyectó que resultaría en $648 mil millones en pérdidas económicas futuras. Además, los gobiernos estatales y locales perderían ingresos, emprendedores con DACA tendrían que cerrar sus negocios provocando la pérdida de miles de empleos ocupados por ciudadanos estadounidenses.

Del mismo modo, terminar el programa de Permiso de Permanencia Temporal en el País (Parole-in-Place) supondría grandes pérdidas económicas. De ser revocado este programa, que tiene el potencial de ofrecer alivio a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, se podrían perder 400 mil empleos, muchos de los cuales son en sectores considerados esenciales durante y después de la pandemia. La mayoría de los participantes elegibles del programa son contribuyentes y pagan casi $13,5 mil millones al año en impuestos. De tener una vía para obtener la ciudadanía, podrían contribuir $6,6 mil millones adicionales. Estas personas mantienen a sus familias, muchas de las cuales son ciudadanos estadounidenses, y enfrentarían grandes dificultades si sus seres queridos fueran deportados.

No podemos permitir que las propuestas extremistas y la retórica divisiva separen a cientos de miles de familias estadounidenses. No hay justificación legal para eliminar DACA o el Parole-in-Place. Los beneficiarios de estos programas son personas que han construido sus vidas en este país y presidentes de ambos partidos han ejercido su poder ejecutivo para ofrecerles una solución mientras se presione al Congreso tomar acción legislativa definitiva. Entre las personas beneficiadas por estos programas hay chefs galardonados, paramédicos, abogados, trabajadores agrícolas, directores ejecutivos, periodistas y muchos otros que desempeñan roles esenciales que mantienen nuestras comunidades estables y seguras.

Por eso tenemos que luchar por una solución lógica y permanente que nos permita mantener unidas a las familias estadounidenses a la vez que se fortalece nuestra economía. El Congreso tiene la autoridad para debatir y aprobar una ley permanente que proteja a los Dreamers y a las familias estadounidenses, pero no se logrará sin dejar a un lado las excusas y la politiquería.

Lamentablemente hay una tendencia creciente en la esfera política en la que se busca difamar a los inmigrantes indocumentados, pero los exhorto a que no se dejen influenciar por quienes nos quieran utilizar como marionetas políticas. La historia nos dice que repetir falsedades e inventar los hechos solo resulta en consecuencias nefastas para todos los involucrados. Este Mes de la Herencia Hispana, honremos las valiosas contribuciones y la enorme influencia de la comunidad latina en los Estados Unidos. Levantemos la voz unidos a favor de estos dos programas que encarnan el espíritu de inclusión y oportunidad que define a nuestra nación. Nunca podremos progresar como país si lo que nos motiva es el odio en vez de la unión.

(*) Andrea Flores, vicepresidenta de Políticas y Campañas de Inmigración de FWD.us.

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