Marchan para que Los Ángeles se convierta en ciudad santuario

La resolución ejecutiva de Ciudad Santuario de Los Ángeles aprobada en el gobierno del exalcalde Eric Garcetti solamente quedó en papel, pero nunca fue aprobada en ley por el pleno del Consejo Municipal. 

Pero, con la reelección del presidente Donald Trump y sus amenazas de deportación de millones de personas y la experiencia de 2016 a 2020 cuando el mandatario se lanzó contra los musulmanes e inmigrantes, decenas desfilaron desde Pershing Square hasta el edificio de la alcaldía para comenzar la lucha porque Los Ángeles sea declarada realmente una “Ciudad Santuario”. 

El 7 de marzo de 2023, los concejales Eunisses Hernández, Nithya Raman y Hugo Soto-Martínez presentaron la moción de ciudad “Santuario”. 

La propuesta ordena al Fiscal de la Ciudad que redacte una ordenanza que prohíba, en la medida permitida por la ley, el uso de recursos, propiedades o personal de la ciudad para hacer cumplir la ley federal de inmigración. 

“Tenemos que seguir trabajando dentro de la burocracia de Los Ángeles, pero sabemos que la gente está empujando la ordenanza para que sea discutida en todo el Consejo Municipal”, dijo el concejal Hugo Soto-Martínez, coautor de la ordenanza de “Ciudad Santuario”. 

Soto-Martínez manifestó que es su esperanza de que en las próximas semanas se discuta el tema. 

“Creo que, ahora que [Donald] Trump va a entrar en enero hay más urgencia”, dijo el concejal a La Opinión. “Yo quiero ver el asunto inmediatamente”.  

Caminando por la calle Hill y Quinta, Soto-Martínez adelantó su confianza en tener los votos suficientes para que la ordenanza sea aprobada. 

“La ordenanza está muy clara y en el voto se sabrá quiénes no la apoyan y quienes están al lado de los migrantes en Los Ángeles”, expresó el funcionario. 

“¿Qué queremos? ¡Ciudad Santuario!¿Cuándo? ¡Ahora!”, gritaron los manifestantes, quienes marcharon detrás de un tráiler donde colocaron un cartel que decía: “Los Angeles Sanctuary Now! (“¡Santuario de Los Ángeles, Ahora!)  donde se incluían los logotipos de las organizaciones detrás de la petición: CHIRLA, CARECEN, la local 721 del SEIU, UTLA, UFCW, CLUE, AF3IRM LA y del Partido Democrático Socialista de Los Ángeles. 

“La realidad es que Los Ángeles no es una Ciudad Santuario en la actualidad”, declaró Felipe Cáceres, organizador del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, Local 721). “El abogado de la ciudad no ha dicho por escrito que la ciudad no destinará fondos ni dinero para transportar o transferir a personas a centros de detención de ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Los Estados Unidos]”. 

“Es importante que todo lo que se dice sea parte de una ley que diga que no vamos a gastar dinero ni a cooperar con las diferentes policías [autoridades]  federales de inmigración”, añadió. “La palabra de los concejales de que nos van a apoyar no nos sirve; lo que nos importa ahora es acciona favor de la comunidad”. 

Los manifestantes recuerdan que, en su campaña de 2016, Trump, en su primer día de gobierno firmó una orden ejecutiva para desmantelar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado Asequibles, conocida como “Obamacare”, aunque al final perdió en los tribunales del país; pretendió eliminar también el programa de acción diferida DACA, que protege de la deportación a personas que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran niños e implementó restricciones a los viajes de países musulmanes. 

Causar daño a las familias 

“¡El que no brinque es migra! ¡El que no brinque es migra!”, repitieron los marchistas, quienes consideran que las relaciones de Estados Unidos con el mundo entero pueden cambiar, aun cuando sus promesas exceden las facultades que la Constitución del país le confieren a un presidente, y que podrían llevarlo a gobernar en los límites de la legalidad. 

De hecho, Trump dijo que no sería un dictador “salvo el primer día”, prometió cerrar la frontera con México y aumentar la perforación petrolera, ya que él no cree en el cambio climático. 

“Creo que la Administración de Trump va a querer salirse con las suyas y causar el más daño posible a todos, si es que lo dejamos actuar libremente”, apunto Pedro Trujillo, coordinador de movilizaciones de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA). “El asunto es no tener miedo y trabajar en solidaridad, porque tal vez llegaremos al punto de tener leyes inmorales que no nos representan; entonces hay que estar preparados para detener e interrumpir cualquier intento de una máquina de deportaciones”. 

De la tristeza al coraje 

“Otra vez lo mismo”, fue el comentario de Thania K. Gómez-Martínez, de 34 años, una consejera de crisis y prevención del suicidio en “The Trevor Project” donde se atiende principalmente a personas jóvenes de la comunidad LGBTQ+. 

Gómez-Martínez también se lanzó a las calles de Los Ángeles para protestar también por las presuntas políticas de Trump, quien ha amenazado con recortar financiamiento federal a las escuelas que permitan debates sobre la identidad de género y que, desde el primer día de su gobierno pondría en vigor políticas en contra de las personas transgénero. 

“La primera vez que lo hizo, fue triste, pero ahora da coraje”, manifestó la marchista. 

Como feministas, Valeria Espinoza, Jazmín López y Kandel Delgado, integrantes de la agrupación AF3IRM (Asociación de Feministas que Luchan contra el Fascismo, el Imperialismo, la Refeudalización y la Marginalización) se mostraron en contra de las amenazas de Trump cuya agenda “es separar familias”. 

“Como feministas, madres y cuidadoras, marchamos para decir que lucharemos para mantener a las familias unidas y combatir a un régimen racista”, dijo Valeria. 

“Debemos detener cualquier disparate de las políticas de la Administración Trump”, agregó “Nosotros tenemos el poder de la gente”. 

Por su parte, Jazmín López expuso: “Para ser honesta, me preocupo todos los días. Hay miembros de mi familia que son indocumentados, así que incluso pasar conduciendo por el Centro Metropolitano de Detención [en la calle Alameda] es algo con lo que vivo todos los días. Tengo miedo. Pero es mi decisión convertir ese miedo en acción política y levantarme y decir no. No voy a tolerar esto”. 

¿Qué quiere la gente con la ordenanza de Ley de Ciudad Santuario? 

El 7 de marzo de 2023, los concejales de la ciudad de Los Ángeles, Hernández, Raman y Soto-Martínez, presentaron una moción de Ciudad “Santuario”. 

La moción ordena al Fiscal de la Ciudad que redacte una ordenanza que prohíba, en la medida permitida por la ley, el uso de recursos, propiedades o personal de la Ciudad para hacer cumplir la ley federal de inmigración.  

“Los inmigrantes son una parte integral de nuestras comunidades de Los Ángeles”, indica la moción. 

“Los trabajadores inmigrantes subsidian todas las industrias importantes de nuestro estado, y las contribuciones de los inmigrantes son una parte esencial del rico tapiz cultural de nuestra ciudad”, indica el texto. 

Añade que las políticas santuario cumplen con la responsabilidad colectiva hacia las comunidades de inmigrantes al crear una ciudad más inclusiva y multirracial que está arraigada en valores de compasión, igualdad y humanidad común. 

La proposición recuerda que la ciudad de Los Ángeles ha afirmado su apoyo a las comunidades de inmigrantes durante los últimos años, y ejemplifica la Orden Ejecutiva 20 del exalcalde Eric Garcetti, quien limitó la colusión de la ciudad con las autoridades federales de inmigración.  

La Ciudad también aprobó una resolución de “Ciudad Santuario” (C.F. 17-1040), invirtió en el Fondo de Justicia de Los Ángeles para brindar representación a los angelinos que enfrentaran la deportación y brindó asistencia de emergencia a familias necesitadas durante la pandemia, independientemente de su estatus migratorio. 

Las políticas existentes de la Ciudad que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, incluida la Orden Ejecutiva 20 y la Orden Especial 40 del LAPD, nunca han sido promulgadas como leyes municipales locales.  

Además, incluso con las políticas existentes, los agentes de ICE todavía pueden acceder a las cárceles de la ciudad para interrogar a personas bajo custodia del LAPD.  

Las transferencias a ICE del nuevo jefe del LAPD 

“Además, en determinadas situaciones, a los agentes de LAPD se les permite transferir personas a la custodia de ICE incluso sin una orden judicial”, señala la ordenanza, la cual añade: “Como resultado, incluso violaciones menores han llevado a que personas con condenas previas sean transferidas a la custodia de ICE. Además, la Ciudad carece de políticas sólidas para limitar el intercambio de datos y recursos con las autoridades federales”. 

Indica que, el condado de Los Ángeles ya ha tomado la iniciativa al poner fin a las transferencias de ICE sin una determinación judicial de causa probable.  

En comparación con las 1,500 personas transferidas a ICE por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles en 2019 -bajo el mandato del nuevo jefe del LAPD, Jim McDonnell, ex alguacil del condado-, el LASD -bajo la administración del exalguacil Alex Villanueva- ya no transfirió a ningún angelino entre 2021 y 2022.  

“La ciudad de Los Ángeles debería actuar de manera similar para salvar vidas y mantener unidas a las familias”, precisó Shiu Ming, directora adjunta de programas y campañas del Centro de Políticas de Inmigrantes de California. 

“Hace mucho tiempo que Los Ángeles debería promulgar una ley local que prohíba el uso de recursos de la Ciudad para ayudar en la deportación de miembros de nuestra vital comunidad de inmigrantes”, externó Ming. 

¿Cuál debería ser la solución? 

Según la moción, la ordenanza redactada por el Fiscal de la Ciudad debe prohibir el uso de recursos, propiedades o personal de la Ciudad, en la medida permitida por la ley, para las siguientes actividades:  

• Consultas sobre el estado migratorio o el lugar de nacimiento de una persona, a menos que hacerlo sea parte de un servicio de la ciudad relacionado con ayudarlos con su estado migratorio, o según sea necesario para fines laborales. 

• Investigar, interrogar, detener, arrestar, transferir o negarse a liberar a personas con fines de control de inmigración. 

• Responder a una orden civil de inmigración o solicitud de detener, transferir o notificar a las autoridades federales sobre la liberación de cualquier individuo con fines de inmigración. 

• Proporcionar a las autoridades de inmigración acceso a áreas no públicas, incluidas las cárceles, sin una orden de registro o arresto válida emitida por un juez o magistrado de distrito federal. 

• Poner a las personas bajo custodia de la Ciudad a disposición de las autoridades federales de inmigración para entrevistas con fines de control de inmigración. 

• Participar en cualquier operación de control de inmigración. 

• Proporcionar acceso a las bases de datos de la Ciudad o a la información personal de cualquier individuo a las autoridades de inmigración.