Juez bloquea ley de Luisiana que obliga a escuelas a exhibir los Diez Mandamientos

Un juez federal ha bloqueado temporalmente una ley de Luisiana que habría obligado a las escuelas públicas de todo el estado a exhibir los Diez Mandamientos en sus aulas antes del 1 de enero de 2025.

El juez de distrito de de Baton Rouge, John W. deGravelles, que fue designado por el expresidente Barack Obama, dictaminó el martes que la ley viola las cláusulas de libre ejercicio y establecimiento de la Primera Enmienda.

La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno.

El fallo determinó que la ley de Luisiana era “inconstitucional en su forma y en cada aplicación”, prohibió a la fiscal general del estado, Liz Murrill, y a los acusados ​​en este caso que obliguen a cumplir el mandato de la ley bloqueada y les exigió que notificaran el cambio a las escuelas públicas.

La decisión del martes ocurrió junto con una orden preliminar emitida en una demanda presentada por los padres de los estudiantes de las escuelas públicas de Luisiana, que están representados por un equipo legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Americans United for Separation of Church and State y la Freedom From Religion Foundation.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, un republicano cuyo esfuerzo por integrar elementos de su propia fe cristiana en la vida secular ha sido central para su plataforma política, firmó la legislación de los Diez Mandamientos en junio.

Conocida como HB 71 en la demanda en curso, ordenaba que todas las aulas públicas de K-12 y las universidades financiadas por el estado en Luisiana exhibieran una impresión del tamaño de un póster de los mandamientos, un conjunto de directivas morales destinadas esencialmente a sentar las bases de ciertas sectas religiosas, incluida la iglesia cristiana, en “fuente grande y de fácil lectura” a partir del próximo año.

La ACLU afirmó que la ley HB 71 constituía una violación de los derechos de la Iglesia y el Estado y que, en la práctica, discriminaría a los estudiantes, en particular a los que no son cristianos.

Su demanda pretendía obtener una orden judicial que declarara que la ley HB 71 violaba los derechos religiosos constitucionales establecidos en la Primera Enmienda, que prohíbe al gobierno “establecer” una religión o favorecer a una religión por sobre otras y protege las libertades religiosas de los ciudadanos.

“Esta sentencia debería servir como un baño de realidad para los legisladores de Luisiana que quieren utilizar las escuelas públicas para convertir a los niños a su forma preferida de cristianismo”, dijo Heather L. Weaver, abogada principal del Programa de Libertad de Religión y Creencias de la ACLU, en un comunicado de prensa. “Las escuelas públicas no son escuelas dominicales, y la decisión de hoy garantiza que las aulas de nuestros clientes seguirán siendo espacios donde todos los estudiantes, independientemente de su fe, se sientan bienvenidos”.

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