Trump promete permisos acelerados para quienes inviertan $1,000 millones de dólares

Sin dar detalles y abriendo especulaciones, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que cualquier persona o empresa que invierta al menos $1,000 millones de dólares en el país recibirá “aprobaciones y permisos totalmente acelerados, incluidos, aunque no limitados a, todos los permisos ambientales”.

El republicano dio a conocer la iniciativa en su red social Truth Social, en la que no aportó más detalles.

“Cualquier persona o empresa que invierta MIL MILLONES DE DÓLARES, O MÁS, en Estados Unidos recibirá aprobaciones y permisos totalmente acelerados, incluidos, aunque no limitados a, todos los permisos ambientales”, escribió Trump, quien añadió en mayúsculas: “¡PREPÁRENSE PARA LA ACCIÓN!”.

El mensaje del presidente electo no aclara quiénes podrán solicitar esos permisos, qué tipo de proyectos podrían resultar beneficiados ni cómo el Gobierno federal planea sortear el habitual entramado de regulaciones.

Sin embargo, la referencia específica a las aprobaciones ambientales ha puesto el foco sobre Lee Zeldin, el excongresista de Nueva York que Trump ha designado para dirigir la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés).

Zeldin, que cuenta con poca experiencia en políticas medioambientales, es conocido por su firme respaldo a la agenda de Trump para acabar con las regulaciones del Gobierno y reducir la burocracia federal.

Esta propuesta se suma a la promesa de Trump de ampliar los recortes de impuestos para las grandes empresas que introdujo en su primer mandato mediante la reducción de la tasa impositiva del 21% al 15% para las compañías que produzcan todos sus productos en Estados Unidos.

Si bien Trump no especificó quiénes serían elegibles para aprobaciones aceleradas, docenas de proyectos energéticos propuestos en todo el país, desde gasoductos y terminales de exportación hasta parques solares y turbinas eólicas marinas, cumplen con los criterios de $1,000 millones de dólares.

Los grupos ambientalistas criticaron la propuesta, calificándola de ilegal en su propia forma y de clara violación de la Ley Nacional de Política Ambiental, una ley de 54 años de antigüedad que requiere que las agencias federales estudien el potencial impacto ambiental de las acciones propuestas y consideren alternativas.

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