Trump ataca a ciudades santuario que ayudan a inmigrantes

La nueva fiscal general Pam Bondi ordenó al Departamento de Justicia que suspendiera todos los fondos federales para las ciudades santuario, pero además demandó a los gobiernos de Chicago e Illinois, en una primera escalada contra las ciudades y estados santuario que protegen a inmigrantes.

Bondi encargó al Departamento de Justicia que identificara y evaluara los acuerdos de financiación con organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo a inmigrantes indocumentados, según un reporte de Fox News.

Sin embargo, las sanciones con el recorte de fondos serán más intensas si los funcionarios del Departamento de Justicia consideran que las ciudades y estados santuario “obstruyen la aplicación de la ley”, por lo que se “procesará”, como ya inició con Chicago e Illinois.

Organizaciones civiles que defienden a inmigrantes advirtieron sobre las consecuencias negativas de la decisión de la Administración Trump y sus aliados en el Congreso, donde presentaron el proyecto de “Ley de No Rescate para las Ciudades Santuario”.

“Como parte de la amplia agenda de deportaciones masivas de Trump (que ya se ha dirigido a veteranos militares, ciudadanos estadounidenses y niños), el Congreso está dispuesto a considerar un proyecto de ley que despojaría a los estados y localidades de miles de millones de dólares en fondos federales, cortando los servicios esenciales de los que dependen las familias”, indican varias organizaciones en un comunicado.

Johana Bencomo, alcaldesa pro témpore de Las Cruces, Nuevo México, advirtió que los esfuerzos de los republicanos contra jurisdicciones santuario erosionan la confianza de quienes viven en esas ciudades o estados.

“Como líder comunitaria, sé que no soy la única que se pregunta: ¿Los niños pasarán hambre? ¿Se quedarán sin atención médica aún más personas enfermas? ¿Las familias trabajadoras podrán seguir ganándose la vida? Yo misma soy inmigrante y haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a todos mis vecinos, independientemente de su estatus migratorio”, dijo. “Pero necesitamos que el Congreso actúe. Los legisladores deben rechazar esta legislación peligrosa y apoyar a las comunidades a las que fueron elegidos para servir”.

El recorte de fondos no afectaría exclusivamente a programas que ayudan específicamente a inmigrantes, sino a almuerzos escolares, Medicaid de emergencia, ayuda en caso de desastre, transporte público y refugios para víctimas de violencia doméstica.

“Trump y sus aliados están impulsando un proyecto de ley diseñado para sembrar miedo y desestabilizar a las comunidades, no solo para los inmigrantes, sino para todas las familias estadounidenses”, dijo Kerri Talbot, codirectora ejecutiva del Immigration Hub. “Combinado con memorandos del Departamento de Justicia dirigidos contra las ciudades santuario y demandas contra estados como Illinois, no se trata de seguridad pública; se trata de separar a las familias y obligar a las ciudades a elegir entre proteger a sus residentes o perder recursos críticos”.

Naureen Shah, subdirectora de Asuntos Gubernamentales de la División de Igualdad de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU), advirtió sobre la afectación de servicios importantes, como el programa Meals on Wheels.

“Seamos claros: este proyecto de ley es otro intento de obligar a todos los funcionarios electos a seguir la agenda antiinmigrante de Trump, sin importar los costos”, consideró.

En la misma línea se pronunció Juan Gómez, analista principal de políticas del Centro de Derecho y Política Social, quien criticó a los republicanos, al considerar que es una forma de que puedan “decir que son duros con la inmigración”.

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